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Portada: El Fisgón
(04 DE DICIEMBRE, 2025).-La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, el dictamen que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de regular el derecho humano al agua, garantizar su acceso equitativo y fortalecer la rectoría del Estado en la administración del recurso.
La iniciativa deriva de una propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de proyectos presentados por legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT y MC.
La nueva ley reglamenta el artículo 4.º constitucional, define responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en el acceso, disposición y saneamiento del agua para uso personal y doméstico, y establece las bases para un uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. También reconoce los sistemas comunitarios de agua en comunidades indígenas y rurales.
El dictamen delimita competencias entre Federación, estados y municipios; impulsa la cultura del agua mediante educación y participación ciudadana, y fija políticas públicas con perspectiva de género, interculturalidad, discapacidad e intergeneracionalidad.
Entre sus elementos centrales destacan:
- Seguridad hídrica: el Estado deberá garantizar acceso sostenible al agua de calidad para la población y los ecosistemas, y reducir riesgos derivados de fenómenos climáticos.
- Reasignación de volúmenes: se crea un fondo de reserva de aguas nacionales para redistribuir el recurso cuando se extingan concesiones o se cedan volúmenes.
- Combate a la sobreexplotación: se establecen mecanismos para regular acuíferos y cuerpos de agua cuya extracción supera la capacidad de recarga.
- Fomento al reúso: se impulsa el tratamiento y reutilización de aguas residuales bajo estándares ambientales y mejores prácticas internacionales.
- Planificación hídrica obligatoria: se implementarán programas de largo plazo considerando crecimiento poblacional y efectos del cambio climático.
- Nuevas facultades para la Conagua: podrá emitir medidas para enfrentar emergencias, escasez y sobreexplotación, así como regular la reasignación de volúmenes.
La ley también endurece el marco sancionatorio: se castigará la extracción ilegal, desvío u obstrucción de cauces y la corrupción vinculada al otorgamiento de concesiones. Las penas van de tres meses hasta ocho años de prisión, según la gravedad, y serán perseguidas de oficio por el Ministerio Público Federal.
Con esta aprobación, la Cámara de Diputados avanza en un nuevo marco jurídico nacional para garantizar el acceso universal, sustentable y transparente al agua, en concordancia con estándares constitucionales y de derechos humanos.
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Tomado de https://elchamuco.com.mx/
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