Destapan megafraude de magistrados: pagan licores, regalos y lujos con tarjetas del TEPJF

Licores, tiendas departamentales, recibos telefónicos, entradas de cine, boletos para espectáculos, regalos lujosos, son algunos de los gastos irregulares que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cargaron a tarjetas de crédito proporcionadas por el Estado.

Con esto, el periodista de Animal Político Zedryk Raziel destapó un nuevo megafraude de corrupción al interior de los tribunales de justicia del país, que implica el derroche de miles de pesos en plena emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, la cual afectó económicamente a toda la sociedad mexicana.

Se detalló que las tarjetas bancarias del TEPJF permiten a los magistrados facturar gastos asociados con su labor como boletos de avión, hoteles y viáticos cuando se encuentren en comisiones de trabajo; sin embargo, durante el periodo (2017-2020) estos las usaron para todo lo que se les ocurrió, desde el pago de despensa hasta servicios de blindaje de autos.

Durante la gestión del magistrado Felipe Fuentes como presidente de la Sala Superior, hubo cargos por 10 mil 877 pesos en La Europea; cargos por 158 mil 818 pesos en Office Depot; más de 30 mil pesos en Ticketmaster;  48 mil 598 pesos en El Palacio de Hierro, por enunciar algunos.

“Por ejemplo, con las tarjetas se hizo un pago de 48 mil 598 pesos en El Palacio de Hierro el 23 de abril de 2020, menos de un mes después de que se declaró la emergencia sanitaria en México por la pandemia de COVID-19”.

Los cargos, que suman cientos de miles de pesos, van en contra del reglamento para el uso de las tarjetas bancarias institucionales del TEPJF, que establece diversas restricciones para evitar el despilfarro de recursos.

Debido a los abusos y excesos cometidos, el Comité de Transparencia del tribunal intentó reservar por cinco años los estados de cuenta, pero el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) revocó esa resolución y le ordenó entregar los documentos íntegros, al determinar que son instrumentos de rendición de cuentas, pues contienen gastos pagados con recursos públicos.

“Animal Político comparó las versiones censuradas de los estados de cuenta con las versiones íntegras, sistematizó los nombres y RFC de los establecimientos, y agrupó los gastos efectuados por cada servidor público que era titular de una tarjeta. La comparación entre las dos versiones de los estados de cuenta pone de relieve qué gastos eran los que el TEPJF intentó mantener ocultos”.

Cabe subrayar que los implicados en este fraude son servidores públicos con salarios que sobrepasan los 3 millones de pesos, lo que pone en tela de juicio su integridad como despachadores de justicia.

UIF va por magistrado presidente del TEPJF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó la resolución de la fiscalía anticorrupción federal, con la que se exoneró al magistrado José Luis Vargas, presidente del TEPJF, del delito de enriquecimiento ilícito. Además, se presentaron nuevas denuncias contra él y otros actores por su vinculación con una red de empresas fantasma con las que se habrían triangulado recursos.

De acuerdo con la UIF, encabezada por Santiago Nieto, los sujetos vinculados a este esquema de triangulación y lavado de dinero en el extranjero son el magistrado, un familiar y otras cuatro personas morales.

“En el análisis realizado, la UIF encontró que José Luis ‘N’, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria”.

El comunicado surge luego de que el periódico Reforma dijera que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR había cerrado la carpeta de investigación contra José Luis Vargas el pasado 15 de junio.

Dicha carpeta fue abierta tras una denuncia contra el presidente del TEPJF en febrero de 2020, cuando la UIF encontró que el magistrado habría cuadriplicado sus ingresos en un periodo de cuatro años (2013-2017) y recibido depósitos en efectivo, aportaciones de gobiernos estatales e hizo manejos millonarios en tarjetas de crédito.

En esta nueva denuncia se lee:

“Se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad”.

Esta nueva acción de la UIF contra el magistrado cobra relevancia de cara a la consulta popular para juzgar a los últimos cinco expresidentes del periodo neoliberal, que incluye al priista Enrique Peña Nieto, quien nominó a Vargas en 2016 para el cargo que ocupa actualmente.

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