La gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) se inició con la promesa de una transformación profunda en la procuración de justicia en México. Tras la transición de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) a un ente autónomo, las expectativas eran elevadas: combatir la impunidad histórica, desmantelar redes de corrupción de alto nivel y restaurar la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Sin embargo, a lo largo de su mandato, la realidad se ha distanciado considerablemente de estas aspiraciones, configurando un periodo marcado por la controversia, la ineficacia percibida y una persistente ola de cuestionamientos.
Uno de los principales ejes de crítica ha sido la falta de resultados contundentes en la lucha contra la corrupción. Si bien la FGR ha emprendido investigaciones contra figuras de alto perfil, el desenlace de estos casos rara vez ha culminado en sentencias firmes y ejemplares. El caso de Rosario Robles, exsecretaria de Estado, es paradigmático: su encarcelamiento preventivo por un presunto ejercicio indebido del servicio público, sin una sentencia definitiva, generó un debate sobre el uso excesivo de esta medida cautelar y la lentitud procesal, concluyendo con su liberación sin una resolución clara sobre el fondo del asunto. Este manejo ha reforzado la percepción de que los procesos iniciados son más mediáticos que efectivos, careciendo de la solidez necesaria para sostener acusaciones en tribunales.
Similar frustración ha generado el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex. Aunque su extradición desde España y su posterior colaboración con la FGR abrieron la puerta a una investigación de gran calado que prometía exponer una extensa red de corrupción, el uso del «criterio de oportunidad» y las dilaciones en el proceso han evitado una sentencia condenatoria. La FGR no logró consolidar la información aportada por Lozoya en pruebas irrefutables que permitieran la detención y condena de otros implicados, dejando una sensación de impunidad y de una oportunidad desperdiciada para desarticular estructuras criminales.
El caso Ayotzinapa, heredado de administraciones anteriores, también ha sido un punto focal. Aunque se han realizado nuevas detenciones y se ha buscado avanzar en la verdad histórica, la complejidad del caso y los constantes cambios de narrativa han impedido una resolución definitiva que satisfaga a las víctimas y a la sociedad. Si bien la FGR ha colaborado con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, la falta de resultados concluyentes y la controversia en torno a ciertas líneas de investigación han mantenido el escepticismo sobre la capacidad de la institución para esclarecer crímenes de Estado de gran magnitud.
Más allá de los casos mediáticos, la gestión de Gertz Manero ha sido objeto de críticas por su aparente selectividad en la persecución penal y por una preocupante tendencia a la judicialización de conflictos de índole personal. El caso que involucró a su familia política, en particular la detención de Alejandra Cuevas Morán, levantó serias dudas sobre el uso de los recursos institucionales para fines ajenos a la justicia, manchando la percepción de imparcialidad y autonomía que la Fiscalía debería proyectar. Este tipo de actuaciones ha alimentado la narrativa de una FGR más enfocada en ajustar cuentas que en garantizar el acceso a la justicia para todos.
Las estadísticas internas de la FGR, a menudo opacas o difíciles de interpretar, no han mostrado una mejora significativa en los índices de impunidad. La capacidad de investigación y persecución sigue siendo un desafío, con un alto porcentaje de carpetas de investigación que no llegan a judicialización o que se archivan por falta de elementos. Esta ineficacia operativa se traduce en una barrera para el acceso a la justicia y fomenta la desconfianza ciudadana.
En retrospectiva, la gestión de Alejandro Gertz Manero ha sido un periodo de oportunidades perdidas y de profundos desafíos para la Fiscalía General de la República. A pesar de la autonomía constitucional, la institución no logró consolidarse como un pilar inquebrantable en la lucha contra la impunidad y la corrupción. La falta de condenas emblemáticas, la percepción de selectividad en la persecución penal y los cuestionamientos sobre la imparcialidad han mermado su credibilidad. El legado es el de una Fiscalía que, a pesar de las altas expectativas, aún lucha por cumplir su mandato fundamental de procurar justicia de manera eficaz, autónoma y equitativa para todos los mexicanos.
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Publicado por Expresion-Sonora.com
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