Desapariciones forzadas en el país no son generalizadas, revira México a la ONU

Jared Laureles y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada
Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 14

México expresó su inconformidad con el proceso que inició el Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los indicios de que en el país esa práctica es generalizada o sistemática; además, subrayó que la aplicación de este mecanismo, conforme al artículo 34 de la Convención en la materia, “debe reservarse a situaciones excepcionales”.

Así lo señaló el representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, quien reafirmó el compromiso del país con el diálogo y la cooperación durante la 20 sesión plenaria de la tercera comisión de la Asamblea General realizada ayer en Nueva York.

Aseveró que México es uno de los Estados “más abiertos al escrutinio internacional”; ejemplo de ello es que ha ratificado todas las convenciones de derechos humanos e invitado al país de forma permanente a expertos internacionales.

Por ello, expresó que México “no comparte la decisión del comité consistente en activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la convención” en un caso como el nacional.

“La aplicación de dicho artículo debe reservarse a situaciones excepcionales y sustentarse en criterios objetivos a fin de no desvirtuar su naturaleza, ni sentar precedentes que puedan afectar la confianza y el espíritu de cooperación entre los estados parte y el comité”, enfatizó el diplomático.

En representación del Estado mexicano, Vasconcelos señaló que “cualquier modificación o interpretación sustantiva” de la convención debe surgir de un proceso “amplio, transparente y consensuado” entre los Estados parte.

Aseguró que sólo de esa manera se “garantizará la legitimidad y la eficacia del sistema en beneficio de las víctimas y del propósito común que compartimos: erradicar la de-saparición forzada”.

Ruta del procedimiento

La gravedad de este problema en México, con más de 133 mil casos, según cifras oficiales, llevó al comité a invocar en abril pasado el artículo 34 de la Convención Internacional en la materia, que establece que si el CED recibe información que a su juicio contiene “indicios bien fundados” de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, podrá llevar la cuestión a la Asamblea General de la ONU.

Ayer, ante la tercera comisión de la Asamblea General, el relator del CED, Juan Pablo Albán, presentó su informe anual de actividades y únicamente dio cuenta a esa instancia sobre el inicio en abril pasado del procedimiento.

Indicó que el comité solicitó en junio pasado al Estado mexicano información sobre las desapariciones y que recibió respuesta en septiembre, por lo que –enfatizó– las próximas etapas del procedimiento serán comunicadas y se harán publicas a su debido tiempo.