Del sindicalismo charro a uno extorsionador

En el ajedrez político y laboral mexicano, las piezas se mueven con una familiaridad preocupante, aunque con nombre diferente. Lo que antes se combatía como “charrismo sindical”, ahora se ha reconfigurado, con un nuevo rostro y una nueva estrategia, en lo que podríamos llamar sindicalismo extorsionador. La transición no es sutil, y el silencio de quienes antes portaban la bandera de la lucha contra la corrupción sindical es ensordecedor.

La expresión “charro sindical” tiene sus orígenes en la década de 1940. Surgió como referencia al líder del sindicato ferrocarrilero Jesús Díaz de León, aficionado a la charrería, quien, en 1948, llegó a la dirigencia del gremio. Pocos meses después de tomar posesión presentó una denuncia espuria contra los dirigentes históricos del sindicato, Valentín Campa y Luis Gómez Zepeda, que los llevó a la cárcel. Dicho acto pasó a ser conocido como “charrazo sindical”.

Díaz de León, alineado con el régimen priista, se convirtió en el arquetipo del líder corrupto, autoritario y al servicio del poder político, no de los trabajadores. El charrismo sindical se caracterizó por la simulación de la vida democrática, la firma de contratos de protección patronal y la represión a las bases disidentes.

Paradójicamente, la vieja izquierda mexicana, hoy en el poder bajo la bandera de Morena, tuvo en la lucha contra estos caciques sindicales como una de sus causas más férreas. Figuras como Pablo Gómez, líder del PSUM —y, más recientemente, Andrés Manuel López Obrador— denunciaron en innumerables ocasiones el contubernio entre el poder político y los sindicatos corporativos.

Sin embargo, hoy, las denuncias de extorsión presentadas por diversos organismos empresariales de estados como Durango, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Querétaro contra la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), liderada por el diputado morenista Pedro Haces Barba, son desdeñadas por el oficialismo.

Los señalamientos son graves y van más allá del simple conflicto intersindical. Se habla de un esquema en el que la CATEM, bajo la amenaza de huelgas ilegales y bloqueo de obras, exige a las empresas la firma de contratos colectivos y el pago de cuotas sindicales exorbitantes, además de viles actos de extorsión, como el cobro por cada cabeza de ganado comercializada. Es un modelo que no busca la mejora de las condiciones laborales, sino el beneficio económico de unos pocos a costa del patrimonio y la estabilidad de las compañías.

Este nuevo sindicalismo, más que charro, es abiertamente extorsionador. El charro vendía la paz laboral al régimen; el extorsionador la vende, por la fuerza, directamente a las empresas. Este fenómeno no es nuevo, pero la impunidad con la que se opera y la complicidad del partido en el poder es lo que alarma. El sindicalismo ha mutado.

El caso de la CATEM pone en evidencia la contradicción del discurso oficial. Mientras se predica el fin de la corrupción y el combate a las viejas prácticas, se tolera la acción de un sindicato afín que opera con la misma lógica que en el pasado era tan criticada. La respuesta oficial a estas denuncias ha sido esquiva. El gobierno ha señalado que las denuncias deben ser aclaradas y que, al hacerlo, no importará que Haces sea diputado de Morena, pero, como en muchos otros temas de la administración actual, no queda claro quién será el encargado de investigarlas ni qué consecuencias tendrán para los involucrados.

El sindicalismo extorsionador no es sólo un problema de ética o de legalidad; es un cáncer para la economía y para la legitimidad del sistema político. Si los empresarios tienen que lidiar con la amenaza de bloqueos y la imposición de contratos por parte de un sindicato que opera bajo el cobijo del partido en el poder, ¿cómo hablar de un Estado de derecho?

México ha cambiado de régimen político, pero algunas de sus peores prácticas parecen haber encontrado un nuevo hogar. El charrismo sindical no murió; se transformó. Y hoy, con la indiferencia de quienes antes lo combatieron, el sindicalismo extorsionador ha florecido, poniendo en riesgo la estabilidad del país y el futuro de los trabajadores y las empresas por igual.

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