¿De qué va la reforma avalada por diputados para ampliar la permanencia del Ejército hasta 2028?

El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y lo particular la reforma al artículo Quinto Transitorio del decreto constitucional de 2019 con el que creó la Guardia Nacional, que tiene como fin prolongar hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. El dictamen no tuvo cambio alguno en San Lázaro pero sí sufrió cambios en el Senado de la República. Así quedó la minuta. 

Entre algunos de los cambios se encuentran que el Ejecutivo deberá informar al Congreso cada 6 meses cómo ha ejercido la facultad de usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, así como informar qué hacer para regresar al Ejército a sus cuarteles.

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También se contempla ​​la creación de una comisión bicameral, que será integrada por diputados y senadores, que tendrá entre sus facultades citar a los titulares de las secretarías de Gobernación, Seguridad, Defensa y Marina para evaluar el cumplimiento de las condiciones previstas. 

Dicha comisión contempla que para evitar la “militarización”, que desde la oposición se acusa, deberá señalar las entidades donde ya no se requiera la presencia permanente de las Fuerzas Armadas. Así como revisar que se cumpla el plazo de retiro de las Fuerzas Armadas en marzo de 2028.

La minuta también establece que a partir del ejercicio fiscal 2023, el Ejecutivo integrará un fondo permanente de apoyo a estados y municipios para fortalecer las instituciones locales. 

También contempla que se cumpla con cinco condiciones que la Constitución ya establece como que la participación de las Fuerzas Armadas deberá tener carácter de extraordinario, solo que se acredite “la absoluta necesidad, que sea temporal. 

Otro de los puntos a destacar es que se dotará de presupuesto el plan de fortalecimiento de policías estatales y municipales, señalando que a partir del ejercicio fiscal 2023 se creará un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.

Mientras que en materia de presupuesto, los gobernadores tendrán que establecer “ anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios”, especialmente los de menos población o con mayor grado de marginación.

Al ser una reforma de carácter constitucional esta minuta aprobada por los diputados y senadores se turnará a los 32 congresos locales, en las que deberá aprobarse al menos en la mitad más uno en los que se ratifique y pueda entrar en vigor. 

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