De la marginación a la justicia; trabajadoras sexuales exigen derechos laborales

En México, las personas trabajadoras sexuales están expuestas a múltiples formas de violencia: física, sexual, económica y emocional. Víctimas de un Estado apático, talonean en completa orfandad; vulnerables a extorsiones, discriminación y, sobre todo, a la muerte. A pesar de haber representado el 0.74 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país en 2018, los derechos laborales de las personas que ejercen este oficio son prácticamente inexistentes. Y, aunque el Poder Legislativo ha planteado algunas iniciativas para avanzar en la seguridad social y en los derechos laborales, el debate continúa pendiente, al igual que su acceso a la justicia

En la madrugada del 16 de enero de 2022, Natalia Lane sufrió un intento de transfeminicidio. Un cliente le dejó las marcas que aún carga en su memoria: una apuñalada en su cara y otra en su nuca. En un hotel ubicado en la famosa calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México, Natalia sobrevivió a un ataque, de los muchos que suelen padecer la mayoría de las personas que se dedican al trabajo sexual en el país.

Las heridas de esa violencia se entrelazan con la sangre de los asesinatos de Alessandra Flores y Paola Buenrostro, ambas trabajadoras sexuales, mujeres trans y amigas de Natalia.

“Con el dolor palpable de lo que implica ser una sobreviviente, me he dado cuenta de lo difícil que me resulta hablar de muerte y lo fácil que se ha vuelto para mis hermanas trans hablar de ella, como si habláramos de lo que vamos a desayunar esta mañana. El odio de este mundo nos ha obligado a vivir a través de las muertes. No conozco a una sola compañera travesti que no traiga cicatrices en el cuerpo o en la nuca. No conozco a una sola trans callejera cargando en su historia sus propias muertes de amigas, madres de transición, hermanas de calle, conocidas o compañeras de la taloneada. Todas llevamos a cuestas las heridas y dolores de nuestras muertas”, expresa en su carta.

Tras más de una década en esta actividad, Natalia relata a este semanario que, a pesar de las violencias, el principal motivo de quienes deciden explotar su cuerpo es el hambre. Sin embargo, también señala que otras tantas ejercen esta profesión por gusto, porque les permite criar a sus hijo o por el resultado de la falta de oportunidades derivadas de la desigualdad y la pobreza.

En este contexto, “las putas” –término que Natalia utiliza para reivindicar un insulto cargado de machismo, violencia y discriminación– laboran con la amenaza constante de sufrir algún tipo de ataque o discriminación.

Según la Segunda Encuesta de Trabajo Sexual, Derechos y no Discriminación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), el 78.7 por ciento de las personas que ejercen el trabajo sexual han vivido violencia o discriminación por parte de policías; el 69.2 por ciento por los clientes; 51.9 por ciento por transeúntes; 30.7 por ciento por los jueces cívicos, y el 28.3 por ciento por el personal de hospitales.

Adicionalmente, la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS 2021) señala que las personas trabajadoras sexuales ocupan el vigésimo quinto lugar en la lista de grupos más discrimnados en la capital.

A partir de estos datos, organizaciones de la sociedad civil han denunciado el evidente estigma y los estereotipos relacionados a las trabajadores sexuales. Incluso, el feminismo abolicionista argumenta que “la prostitución” –término que se utiliza de forma peyorativa– representa siempre una forma de violencia hacia las mujeres. Sin embargo, tanto para Natalia como para otras mujeres, esta visión es clasista, ya que ignora las razones económicas, sociales e individuales, por las cuales se ven orilladas a realizar esta actividad.

De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), el trabajo sexual debe distinguirse de la trata de personas en su modalidad de explotación sexual, debido a que esta última constituye un delito grave y una violación a los derechos humanos de niños, niñas, mujeres y hombres. Es así como el organismo señala que el trabajo sexual “contempla diversas variantes y tipos de actividades, que se pueden ejercer en la vía pública, en algún establecimiento mercantil o inclusive vía internet. La diferencia radica, por lo tanto, en la autonomía con la cual las personas deciden ejercer y ofrecer servicios sexuales y/o eróticos para obtener algún tipo de ingreso”.

En complemento a esta definición, Natalia Lane comenta la importancia del reconocimiento y la dignificación del trabajo sexual. “Nosotras, las trabajadoras sexuales, no pensamos que nuestra lucha sea sólo de la diversidad sexual o del feminismo; es una lucha de la clase trabajadora. Es una lucha de la gente que todas estas décadas hemos vivido en la desigualdad y la pobreza, o sea, no pensamos que esto sólo tenga que ver con el feminismo, y mucho menos con el feminismo blanco, sino más bien pensar más allá y decir esto se trata de derechos de la clase pobre. De que sí este gobierno se jacta de decir que primero los pobres y primero las pobres ¿quiénes son las más pobres? Las trabajadoras sexuales en la calle. Entonces, pensamos también eso como una deuda histórica de parte del Estado”.

Dentro de estas múltiples deudas están “Las Razzias”. Al mencionarlas, la voz de Lane se desvaence en el aire, al igual que el grito de aquellas mujeres trabajadoras sexuales –cis y trans– o personas de la comunidad LGBTIQ+, quienes fueron encarceladas, torturadas, humilladas, discriminadas y violadas por los cuerpos policiacos durante el siglo XX.

“La violencia hacia las trabajadoras sexuales históricamente ha sido por parte del Estado. El gobierno a través de operativos, que en su momento se llamaron ‘Las Razzias’, iban a las zonas de trabajo sexual a detener a las compañeras que en realidad era hacia las mujeres cis o trans trabajadoras sexuales. Y justo en 2004, se detienen estos operativos, incluso un poquito después. Es importante pensar en esta deuda histórica que el gobierno tiene con las trabajadoras sexuales de la tercera edad, pero también decir que la violencia del Estado no ha dejado de ejercerse. El Estado sigue teniendo un control, un policiamiento de las zonas de trabajo sexual. Y entonces para nosotras, particularmente, ha sido un proceso complicado; una lucha; una batalla legal y cultural muy muy grande. Particularmente, la batalla cultural tiene que ver con el estigma, la vergüenza y la violencia específica hacia las trabajadoras del sexo”.

A dos décadas de estos sucesos, la represión policial se diluyó. Si bien las trabajadoras sexuales ya no son reprendidas con tal magnitud, siguen padeciendo varias violaciones a sus derechos humanos, según la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS 2021), los estigmas, prejuicios y creencias continúan vigentes.

De igual manera, el estudio reveló que enfrentan diversas formas de discriminación y violencia, como detenciones arbitrarias; arresto u encarcelamiento no justificado; amenazas y extorsión; negación del acceso a servicios de salud; humillación y agresiones públicas; violencia en su lugar de trabajo; violencia intrafamiliar; violencia estatal por cuerpos policiacos u otras autoridades e instituciones; violencia no estatal por personas del crimen organizado u otros; entre otras.

Aunado a ello, quienes se dedican a esta actividad no sólo deben enfrentar el menosprecio social, sino también están obligadas a sobrevivir en un mercado laboral que las hostiga debido a su carencia educativa.

En entrevista con Contralínea, la subdirectora de planeación del Copred, Berenice Vargas Ibáñez, señala las labores “titánicas” que se han llevado a cabo, con el objetivo de saldar la deuda con las trabajadoras sexuales. Sin embargo, reconoce que la brecha de la desigualdad sigue presente.

“El Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México lleva ya dos años en colaboración con la Unipol [Universidad de Policías], donde tenemos durante el año, por lo menos, dos intervenciones en su formación académica que tienen sobre tema de derechos humanos. Y, entonces, en estas sesiones se trata de abarcar no solamente el tema de las disidencias y la diversidad sexual en general, sino puntualizar en aquellos grupos que son más vulnerables; en este caso, quienes ejercen el trabajo sexual por estar en el espacio público, poblaciones callejeras; el tema también de migración, y sobre todo éste también, hacemos ahí intersecciones con temas de perfilamiento racial”.

– ¿Además de la capacitación a este cuerpo policial ustedes han implementado alguna iniciativa o algún mecanismo para capacitar a otras personas que estén implicadas en el trato con las personas trabajadoras sexuales?

– Sí. El Consejo lleva ya varios años en el tema de trabajo sexual muy cerca, sobre todo, de las compañeras trans y compañeras cis. Tenemos diferentes áreas. Entonces, la manera de abordarlo es: una, desde el área de atención dando seguimiento a posibles actos de discriminación frente a personas de servicio público de otros entes o de otras áreas; también en el ámbito privado. Tenemos el área de educación, donde también se trabaja el tema con servidores públicos en general. Y desde el área de planeación, que es el área donde yo estoy, se han llevado a cabo dos encuentros con hombres trabajadores sexuales, donde se genera agenda también de materia pública. Y se han trabajado tres diagnósticos. Contamos con tres diagnósticos en materia de trabajo sexual. Y toda esta información de los diagnósticos se da a conocer a otros entes del servicio público para incidir y empujar la política pública en la materia. Entonces, el Consejo en general lleva ya varios años con el tema de trabajo sexual en materia de igualdad y no discriminación desde diferentes este estrategias.

Asimismo, la funcionaria señala la relevancia de hablar sobre las personas trans. “Algo que ha sido fundamental es el tema de los diagnósticos, porque eso nos permite justo visibilizar las condiciones de las personas que ejercen el trabajo sexual. De datos relevantes decir que la mayoría son mujeres trans y que, además, lo hacen de manera voluntaria en algunos casos; porque también se entrevista a mujeres cis, se encuentra todavía el tema de que no es completamente voluntario, como que son forzadas. […] También encontramos que la mayoría cuentan con niveles de estudios de entre nivel secundaria y preparatoria; esto tiene que ver con la exclusión de los espacios educativos. Y también la mayoría son personas cuidadoras; es decir que tienen a su cargo a otras personas, que mantener o que cuidar, ya sea personas adultas o niñeces. Entonces, el trabajo que realizan es el trabajo que sustenta la vida de las familias”.

De acuerdo con el Informe de Resultados de la Encuesta Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación del Copred, el 39.9 por ciento de las personas trabajadoras sexuales tienen estudios de nivel secundaria; el 30.5 por ciento, en nivel medio superior; 17.9 por ciento, en primaria; 1.8 por ciento, en licenciatura; 1.3 por ciento, una carrera técnica, y el 8.5 por ciento, no tiene estudios.

“Lo anterior refleja una falta de accesibilidad al derecho a la educación y la probable repercusión que ésta trae en las posibilidades reales en el mercado laboral que las PERTS (Personas Trabajadoras Sexuales) tienen y, por ende, la elección de la mayoría del trabajo sexual como la mejor opción entre las existentes”, indica el documento.

De igual manera, indica que el 37.7 por ciento de las entrevistadas dijeron que ganaban entre 500 y 1 mil pesos semanas; el 23.8 por ciento, entre 1 mil y 3 mil; el 17.9 por ciento, entre 3 mil y 5 mil, y el 13.9 por ciento dijo que no tenía un ingreso fijo o medible. Además, sólo un 6.3 por ciento mencionó que ganaba menos de 500 pesos semanales.

Analizar el mercado laboral en el que se desenvuelven las personas trabajadoras sexuales revela que muchas de ellas exigen derechos laborales para garantizar sus derechos como el acceso a una vejez digna, ya que carecen de la capacidad económica para tener una pensión. Además, el acceso a la vivienda representa un reto. De esta manera, hablar de este oficio implica comprender los dinamismos sociales entre mujeres cis y mujeres trans, quienes enfrentan distintas luchas que convergen en una misma: el respeto a su trabajo y el reconocimiento de sus derechos laborales, sociales y humanos.

Las sombras que envuelven a las trabajadoras sexuales

En medio de una mueca que se diluye, Natalia explica lo difícil que fue reconocerse como trabajadora sexual. La sombra de la violencia la persigue. Los recuerdos de su precariedad también. “Me tardé más de siete años en poder decirlo abiertamente, a mi familia y amigos, y creo que tiene que ver mucho con el estigma y la vergüenza que nos hacen sentir por nuestro trabajo”.

Para Eliana, trabajadora sexual e integrante de la Coalición Laboral Puteril (CLaP), los estragos en la salud mental son otros desafíos que enfrentan. “Sabemos que como trabajadores sexuales vivimos muchas situaciones o problemáticas que deben de atenderse de manera muy puntual y específica como es la salud mental, como en cuestión de temas que tienen que ver con cuestiones de derechos, como el estigma en las familias y en las parejas”.

“Platicando con los compañeres, pasamos por diferentes tipos de violencias, desde la institucional hasta de forma más personal, a través de la familia, de nuestras personas más cercanas que también ejercen este tipo de violencia; puede ser desde ciertas amenazas. No sé, por ejemplo, personas que maternan, quitarle a sus hijos, porque se supone que no tienen la capacidad o las mejores condiciones para ejercer la maternidad, porque se dedican al trabajo sexual. O violencias económicas que se dan cuando, por ejemplo, las familias se enteran de que alguna persona ejerce el trabajo sexual y de lo que se puede generar a través de este trabajo, les quitan el dinero. O por ejemplo, en los hoteles nos condicionan bastante para poder pasar o a las compañeras que trabajan en la calle les están hostigando todo el tiempo para que no se puedan parar en sus lugares de trabajo”, añade Eliana.

Tanto para ella como para Santy, Natalia y muchas otras personas que se dedican al trabajo sexual, la violencia más común, la cual, por cierto, es la más paradójica, es la que emana de quienes deberían protegerlas: las instituciones.

“Otra violencia institucional es el hostigamiento de la policía que está ahí, como extorsionando a las compañeras para que les den dinero cuando no deberían; no hay razón para hacer ese tipo de cosas. También en lo virtual, pienso que se traspasan esas violencias; violencias muy patriarcales, como ciertas formas de castigo, a partir de lo que muestras en redes, a partir de que uno pone sus condiciones y límites como cualquier otra persona para ejercer este trabajo, y si alguien se molesta, esta amenaza de que te tiren las cuentas y al final se ve reflejado en lo económico”.

Según cifras de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) –publicadas en Aportes de las Trabajadoras Sexualex a las Economías de América Latina– el trabajo sexual aporta alrededor de 186 billones de dólares a la economía global.

En México, el trabajo sexual representó el 0.74 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2018, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce este oficio como un trabajo, a pesar de las múltiples iniciativas presentadas en la LXV Legislatura en el Congreso de la Unión, así como en el Congreso de la Ciudad de México.

La lucha por los derechos laborales en el trabajo sexual

A pesar de que las trabajadoras sexuales tienen derecho a no ser discriminadas; a acceder a servicios de salud gratuitos cuando carecen de seguridad social, y a ejercer su trabajo en buenas condiciones de salubridad, en la realidad esto suele ser mucho más complejo.

En 2019, el Congreso de la Ciudad de México aprobó modificaciones al artículo 27 de la Ley de Cultura Cívica, lo que resultó en la criminalización y represión del trabajo sexual. A raíz de este momento, inmerso en la crisis de la pandemia por la Covid-19, muchas trabajadoras sexuales se unieron para alzar la voz contra décadas de injusticias. Así fue como empezó a delinearse la idea de crear la Coalición Laboral Puteril (CLaP), de la que Natalia y Eliana son parte.

“Gracias también a organizaciones civiles, te decía que estaban compañeras como la Gansa, Lola Dejavú, Brigada Callejera, se logró aprobar este juicio de amparo, que es el 112/2013, con el que se logró quitar la violencia; quitar los operativos; pero pensar que la violencia es muy importante como reconocer que en el trabajo sexual pareciera que la única violencia que vivimos es por parte de los clientes, cuando, en realidad, la violencia del Estado, y del gobierno, y de la policía está constantemente presentes”, señala Natalia Lane a Contralínea.

-¿Cuáles son los objetivos dentro de la Coalición Laboral Puteril?

-Ahorita nos estamos enfocando en los derechos laborales que son el acceso a la seguridad social, a la jubilación, a todo lo que un trabajador, una trabajadora, tiene en la formalidad. Pero también, a la par de eso, estamos tratando de generar procesos de formación política, que las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales conozcan sus derechos; conozcan cómo pueden hacer frente a la discriminación o a la violencia, desde situaciones muy específicas o muy cotidianas, como estar en una habitación, que les niega en el acceso a una a una habitación de un hotel, hasta situaciones más graves que tengan que ver con violencia sexual, con discriminación por parte de la familia, el maternaje. […] Entonces, la idea también es poder, si no ayudarlas al 100 por ciento, poder acompañarlas y vincularlas, a donde puedan ayudarles.

En entrevista por separado, Eliana destaca la importancia de crear un colectivo que hable desde “la voz de las putas”, con el fin de articular una exigencia directa hacia el Estado. “Justo de nuestros cuatro puntos de exigencia como CLaP, que estamos tratando de hacer visibles, es que podamos tener acceso a la seguridad social y que podamos tener acceso a generar ahorros para el momento en que decidamos o podamos retirarnos. Entonces, como cualquier otra persona queremos tener acceso al retiro”.

En México, el 62 por ciento de las mujeres trabajadoras sexuales encuestadas sólo tiene ingresos del trabajo sexual, y sólo una es beneficiaria de un programa social de gobierno, según cifras del libro de RedTraSex.

“Este dato es relevante dado que México es uno de los países latinoamericanos con más programas gubernamentales de transferencia directa condicionada y de apoyo al desarrollo y, al mismo tiempo, las trabajadoras sexuales participantes en el estudio están totalmente al margen de los beneficios sociales que se otorgan por parte del gobierno”.

Es por ello, que el acceso al derecho laboral generaría un parteaguas para las personas en “la taloneada”, reitera Natalia. “Los derechos laborales incluyen la vivienda, o sea, incluye pensar en proyectos de vivienda para las trabajadoras sexuales, porque nosotras pocas veces tenemos espacios, ya deja tu de compra, sino de poder alquilar un departamento, porque tú sabes que en la Ciudad de México para alquilar un departamento te piden comprobante de ingresos, aval, requisitos, muchas veces absurdos. Entonces, si para un trabajador que está en la formalidad le cuesta trabajo poder reunir todos los requisitos para alquilar un departamento, imagínate para las trabajadoras sexuales. Es una chamba casi imposible”.

En este tenor, explica que ClaP se creó a partir de cuatro ejes que buscan saldar los derechos laborales del trabajo sexual. “Uno, que se reconozca el trabajo sexual como un proyecto de vida, que no sólo es un trabajo, que es un proyecto de vida, que los seres humanos tenemos derecho a vivir, que parte del libre desarrollo de la personalidad, como dicen en el lenguaje derecho humanare, es justamente el poder elegir en el trabajo que tú quieras. Dos, que se tenga acceso a la seguridad social, a vivienda, a jubilación, a prestaciones, todo lo que implica el trabajo formal. Tres, el cese a las violencias; eliminar todo tipo de violencias hacia nosotras y nosotros, desde las violencias de los vecinos, de los clientes, hasta las violencias de la misma policía, el gobierno, los ministerios públicos, los jueces, todo tipo de violencias. Y cuatro, tiene que ver con lo que nosotras decimos ‘nada de las putas, sin las putas’. Que nosotras podamos participar en todos los procesos de toma de decisión sobre leyes, sobre política pública, sobre programas sociales, que nosotras estemos ahí presentes”.

México necesita eliminar el estigma del trabajo sexual

México necesita eliminar el tabú asociado al trabajo sexual. Sin embargo, estas prácticas son el reflejo de la falta de conocimiento del sexo servicio como un trabajo voluntario y legítimo, señala Santy Mito, trabajador sexual de la Ciudad de México, a Contralínea.

“Yo creo que por un lado lo que menciona mi compañera es como un gran paso, como entender que lo que hacemos es un trabajo como cualquier otro trabajo; que las implicaciones morales y prejuiciosos que hay alrededor del trabajo sexual son justo eso. Si nos ponemos a pensar diríamos en realidad que toda persona que trabaja en una sociedad como en la que vivimos está trabajando con el cuerpo, igual que nosotros, nosotras y nosotres”.

–¿Cúal es el siguiente paso para avanzar en las condiciones laborales de las personas trabajadoras sexuales?

–El siguiente paso es generar condiciones y capacitaciones a las personas que están relacionadas de manera directa o indirecta con el trabajo sexual, para que tengan la sensibilidad y las herramientas suficientes y pertinentes para poder manejar de mejor manera la situación, cuando se emprenden a una problemática relacionada con trabajos. Pienso en la capacitación con policías para que no victimicen a las personas que ejercemos trabajo sexual. Pienso, por ejemplo, en capacitaciones en los hoteles o mayores medidas de seguridad de seguridad dentro de los hoteles, para que no ocurran las violencias o incluso los asesinatos que han ocurrido dentro de las instalaciones. Yo pensaría que un segundo paso más allá de pensar en otros lugares; s ver la manera de que esos espacios, que ya han sido históricamente de la banda que ejercemos el trabajo sexual, tengan las condiciones y las herramientas necesarias para que los problemas vayan disminuyendo.

En el ámbito legislativo, Natalia considera que la iniciativa presentada por el exdiputado local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Temistocles Villanueva, para reconocer los derechos laborales de las trabajadoras sexuales en la Ciudad de México representó un ligero avance para la comunidad del taloneo. No obstante, señala que, para impulsar una nueva propuesta, es fundamental que colectivos y organizaciones trabajen en unidad y generen un debate sólido.

“No podemos pedir que se retome una ley, en la que no nos pusimos de acuerdo todas las personas que trabajamos con las trabajadoras sexuales. Es decir, necesitamos primero consensuar entre nosotras y nosotros, llegar a acuerdos, sentarnos con el gobierno, ya sea con los diputados locales o senadores, y eventualmente poder sacar una una propuesta de ley, pero por eso ahorita estamos como tan enfocadas en la Coalición Puteril. Ahorita lo que más nos interesa es fortalecer nuestra coalición para poder llegar justamente con el gobierno, con una propuesta clara, pero también entendiendo que hay otras organizaciones de trabajo sexual que seguramente tienen que estar en la conversación. Aunque no nos quieran, aunque nos digan que somos muy jóvenes, porque eso pasa también, hay que decirlo, en el activismo hay mucha competencia. Ha sido muy duro. En el activismo de trabajo sexual, lo que pasa es que les incomoda que nosotras seamos nosotras las que hablemos y no ellos, ni ellas, quienes presiden las organizaciones y que no son trabajadores, ni trabajadoras sexuales”.

Finalmente, indica que “entonces, cualquier proyecto de ley que se piense para las trabajadoras y trabajadores sexuales tiene que contener las voces de nosotros y nosotras, aunque es complejo poder abarcar toda la realidad de las trabajadoras sexuales”.

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