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Portada: SCJN
(27 DE NOVIEMBRE, 2025).-El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió este miércoles un debate inédito: ¿puede reabrirse un juicio ya concluido —cosa juzgada— cuando existen evidencias de fraude procesal? Cinco ministros se pronunciaron por revisar el criterio tradicional, mientras que otros alertaron sobre los riesgos de vulnerar la certeza jurídica.
La discusión surgió a partir de un amparo que buscaba anular un caso mercantil ya concluido, al denunciarse que la sentencia se obtuvo mediante engaños. Ante el desacuerdo, el pleno encargó a la ministra Loretta Ortiz Ahlf elaborar un proyecto que analice la posible flexibilización del principio de cosa juzgada.
Ministras alertan sobre el riesgo de romper la certeza jurídica
Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos advirtieron que permitir reabrir asuntos ya resueltos generaría un precedente peligroso.
Esquivel fue tajante: abrir una nueva instancia que ni la Constitución ni la ley prevén sería extralimitarse.
“Debemos ser respetuosos de la Constitución, de nuestra ley, de nuestra jurisprudencia”, dijo, recordando que una puerta así podría generar incertidumbre permanente sobre la validez de las sentencias.
En el mismo sentido, Ríos sostuvo que la certeza de que un asunto está concluido es fundamental para el Estado de derecho:
“Lo otro es vivir siempre en la indeterminación, la inseguridad y la incertidumbre… y esto lo haría interminable”.
Cinco ministros apoyan crear una vía excepcional para combatir sentencias obtenidas con fraude
En el otro bloque, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, junto con Lenia Batres Guadarrama, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz e Irving Espinosa Betanzo, defendieron la necesidad de revisar sentencias firmes cuando haya indicios de fraude procesal.
Batres argumentó que aplicar la cosa juzgada de manera rígida solo perpetuaría actos ilegales:
“No debe privilegiarse una aplicación rígida del principio de cosa juzgada que convalida actos fraudulentos”, afirmó, subrayando que la Corte debe contar con un mecanismo excepcional, pero disponible, para anular sentencias obtenidas mediante engaño.
Aguilar incluso cuestionó si una resolución dictada bajo fraude puede considerarse realmente cosa juzgada:
“¿Hay cosa juzgada cuando se llega a ella mediante fraude, contubernio o acciones ilícitas?”, lanzó al pleno.
El proyecto que elabore Loretta Ortiz definirá si la Corte abre —aunque sea de manera extraordinaria— un camino para revisar sentencias firmes cuando existan pruebas de manipulación o estafa procesal.
El debate promete tensiones: por un lado, la certeza jurídica y la estabilidad de las sentencias; por el otro, la necesidad de impedir que el fraude procesal quede impune. El pleno deberá decidir qué principio pesa más en el sistema judicial mexicano.
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Tomado de https://elchamuco.com.mx/
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