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Portada: Red Solidaria de Derechos Humanos
(23 DE OCTUBRE, 2025).-A inicio de esta semana, la Red Solidaria de Derechos Humanos en Michoacán informó que el 20 de octubre a las 18 horas, habitantes nahuas de los poblados de Coahuayula, El Ranchual y La Laguna de Calvillo han reportado ataques continuos por parte de grupos armados identificados por la población como miembros del crimen organizado.
“Hoy lunes 20 de octubre del 2025, la comunidad de Coahuayula, junto con El Ranchual, La Laguna de Calvillo y otras comunidades vecinas del municipio de Chinicuila, Michoacán, están bajo ataque directo de grupos armados que se autodenominan integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, informaron desde las redes sociales de la comunidad como un llamado de “auxilio humanitario y de seguridad”.
Con disparos de armas de fuego de alto calibre y explosivos lanzados desde drones han destruido viviendas y puntos de resguardo de las distintas comunidades.
También se reporta el cierre de caminos con el uso de minas terrestres que impiden la entrada y salida segura de los habitantes.
“La situación es sumamente crítica y de altísimo riesgo humanitario. Las comunidades permanecen bajo asedio, sin presencia de autoridades que contengan la violencia ni brinden protección o evacuación segura. Los habitantes temen una masacre inminente, pues los ataques no han cesado y se extienden hacia distintas zonas rurales cercanas”.
Los habitantes de las distintas comunidades también exigieron la “intervención inmediata de las autoridades” de los tres niveles de gobierno, así como de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales con el objetivo de “garantizar la protección de la vida” y “el restablecimiento” de la seguridad en la región.
La Red Solidaria de Derechos Humanos, desde inicio del año, ha recabado testimonios de habitantes de la localidad de Coahuayula, quienes han denunciado este hostigamiento con amenazas directas a la vida de familias enteras.
Esto ha ocasionado el desplazamiento forzado de familias enteras por las continuas agresiones, generando una grave crisis de violaciones a los derechos humanos no solo en la comunidad, sino en toda la región de la Sierra Costa de Michoacán, ya que, desde el año pasado, en julio de 2024, también se reportaron ataques armados con el mismo modus operandi en la comunidad nahua de Santa María Ostula.
Los habitantes de Santa María Ostula han denunciado que desde el 2020 ha habido un incremento en la presencia de grupos delincuenciales y, debido a la ausencia de una representación local de la fiscalía estatal, o cualquier otra dependencia de seguridad, los pobladores han creado su propia Guardia Comunal, la cual vela por la seguridad de sus habitantes, creando sus propios mecanismos de investigación y procuración de justicia a partir de sus usos y costumbres, derechos reconocidos por el acuerdo 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y recientemente en el artículo 2.° de la Constitución Política de México.
Distintos pobladores de la región, año con año, han sido víctimas del crecimiento “lento pero sostenido” de una “guerra”contra la comunidad nahua por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con distintos testimonios recabados por la Red Solidaria de Derechos Humanos.
Sin embargo, la narrativa oficial en el estado de Michoacán se refiere a este conflicto como “una pelea entre organizaciones criminales”, mientras que, en los hechos, se trata de una “guerra” contra las comunidades que tratan de preservar su territorio libre de violencia y a salvo de empresas privadas extractivistas y colonialistas.
La Red Solidaria de Derechos Humanos, a través de sus redes, realizó un comunicado en el que enlistó acciones inmediatas por parte del gobierno de Michoacán, su Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, la Secretaría de Gobernación a través del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Fiscalía General de la República y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. Entre las acciones enlistan:
- Cese inmediato del ataque, despliegue de fuerzas de seguridad con enfoque de protección de civiles y creación de corredores humanitarios.
- Desactivación y limpieza de minas por unidades especializadas
- Medidas de protección colectivas del Mecanismo Federal para autoridades comunitarias, defensoras y comunicadores locales.
- Investigación inmediata por parte de la Fiscalía General de la República y rendición pública de cuentas.
- Atención humanitaria integral que incluya requerimientos de salud, albergue y alimentación, así como atención especial a las infancias, mujeres, personas mayores y personas con problemas de salud.
El memorial de agravios en los últimos años es contundente, entre guardias comunales, abogados agrarios, comuneros, comerciantes y profesores, entre los que se encuentran Antonio Díaz, desaparecido el 15 de enero de 2023, y más recientemente José Gabriel Pelayo, maestro rural, defensor de derechos humanos y activista ambiental, desaparecido el 19 de marzo de 2024 en Coalcomán, Michoacán.
El maestro Pelayo era originario de Coahuayula, y es un referente en la defensa del territorio y el medio ambiente de la Sierra Costa de Michoacán que, a través de la educación popular, transmitía sus conocimientos de la flora y fauna de la región.
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Tomado de https://elchamuco.com.mx/
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