octubre 10, 2021

Comunidades dispersas resisten a extractivismo voraz: Carlos Lavore

En México hay alrededor de 560 conflictos socioambientales, muchos de ellos ocasionados por corporaciones internacionales dedicadas a extraer la riqueza a costa de la contaminación irreversible de ecosistemas locales, señala el autor del libro “Entre la extinción y el rescate. La...

En América Latina existe una constelación de resistencias de comunidades locales afectadas por la explotación de recursos naturales que realizan corporaciones internacionales afectando considerablemente a los ecosistemas, expuso Carlos Lavore.

Entrevistado con motivo de la presentación de su libro “Entre la extinción y el rescate. La resistencia de los pueblos contra el modelo neoliberal”, editado por Debate, explicó que se trata de comunidades que padecen las consecuencias de un extractivismo agresivo, que las coloca en una situación de alta agresividad.

Dijo que se trata de resistencias fragmentadas, las cuales serán eficaces si tienen la capacidad de articular sus esfuerzos, junto con los de organizaciones que tienen como causas la defensa de los recursos naturales, la lucha contra el cambio climático o la defensa de los derechos humanos, entre otros.

Destacó que en México, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, por lo menos hasta 2019 había alrededor de 650 conflictos socioambientales ocasionados por el agresivo extractivismo. 

El libro analiza una serie de casos en los que el aprovechamiento de recursos naturales se sustituyó por una explotación extractiva, amparada en un andamiaje legal e institucional que favorece al capital internacional, así como la forma en que comunidades locales han dado la batalla por defender sus ecosistemas, en un escenario donde los calvarios que padecen son prácticamente inadvertido.

—¿Cómo le va hoy a las comunidades locales situadas  en sitios atractivos para la inversión extranjera?

—Les va como les ha ido en los últimos 40 años, con mucha agresividad por parte del extractivismo de distinta naturaleza y con una gran constancia y persistencia de  las comunidades y los pueblos para resistir los embates de estos poderes económicos, que generalmente van asociados a los poderes políticos  locales y a veces nacionales.

Es una situación de mucha hostilidad  en los casos en que hay procesos en curso de explotación ya sea minera, de bosques o extracción de agua, pero, al mismo  tiempo con una gran capacidad organizativa para resistir por diferentes medios, incluyendo los medios jurídicos. Hay diversas comunidades que han ganado pleitos, por ejemplo San Miguel del Progreso, Guerrero, que, con el apoyo del Centro Tlachinollan, consiguieron sacar a dos mineras de su territorio.

—Usted plantea una constelación de rebeldías en donde se están dando este tipo de explotaciones. ¿Cómo ocurren?

—Efectivamente. El problema es que toda Latinoamérica está plagada de resistencias de diferente naturaleza. El problema es que son resistencias dispersas, fragmentadas,  aunque hay esfuerzos importantes como aquí en México la Red de Afectados por la Minería (Rema) que concita a muchas comunidades y pueblos y no son todos.

Esta fragmentación es una complicación en este momento  y es algo a superar.

La intención con este trabajo es dar cuenta de que hay una gran cantidad de resistencias locales, pero que esas resistencias serán más eficaces cuando más capacidad tengan de articular sus esfuerzos.

—¿Qué tan visibles son? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?

—Otro de los problemas es precisamente la invisibilización. Un conflicto toma conocimiento público  cuando la sangre llega al río o cuando aparece la violencia de por medio o cuando hay algún muerto. Si no, ese conflicto no existe.

El libro también tiene ese propósito, el de contribuir a visibilizar estas resistencias.

—¿Qué tanto hemos aprendido que las comunidades no deben ser las que paguen como si fuera el costo de oportunidad de la atracción de inversiones para el aprovechamiento de riquezas?

—Hay un ejemplo muy claro. El caso de San Luis Potosí, en el cerro San Javier. Las minas a cielo abierto tienen una vida útil de siete a 15 años, las concesiones son otorgadas por 50 años. Eso les permite, por un lado especular con la propia concesión en el mercado de valores y, por otro, elegir la oportunidad en la que intervienen.

En San Luis Potosí se  generó un conflicto que duró lo que duró la explotación minera.

El conflicto se acabó porque se acabó la explotación, pero  dejaron devastado el cerro y en esa tierra no vuelve a crecer nada, porque es tierra contaminada con diferentes químicos.

Ese es el saldo que queda y, en este caso, va más allá de una comunidad indígena. Afecta a toda la ciudad de San Luis Potosí.

Esto es parte de un proceso en que, si no interviene un gobierno con mucha fuerza, es muy difícil de contrarrestar, porque en los países del sur  son los que ponen  los recursos, bienes naturales y mano de obra barata, para que las grandes trasnacionales y capital financiero. que tiene una relevancia en este proceso, se lleven los recursos, como materia prima con una explotación salvaje.

La organización Rema estimaba que en los primeros 10 años de este siglo se llevaron de México más oro que en los 300 del dominio español.

La dimensión de esto es brutal y lo que queda a cambio es tierra devastada, mantos freáticos contaminados, agua superficial súper contaminada y pueblos muy afectados en su sistema de relaciones sociales.

Es un proceso de despojo que además va a acompañado con violencia, corrupción e impunidad.

Llevamos 40 años con este proceso, las consecuencias son terribles. 

Hemos avanzado un poco en la comprensión del tema y por la insistencia de pueblos y comunidades y por  que varias organizaciones ambientalistas que ponen constantemente  sobre la mesa el significado de todo esto, pero, a nivel institucional, los avances son muy pocos. Tenemos una ley minera del año 1992 que establece que esa actividad  está por encima de cualquier otra, incluso por encima de los regímenes de propiedad comunitaria. Es una ley de urgente modificación.

Lo  mismo ocurre con el agua. Antes de  terminar su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto emitió por decreto  la liberación de varias fuentes de agua para la explotación minera. Eso no se ha revertido.

El trabajo que queda por delante es seguir sensibilizando sobre esto ampliar  el marco de sensibilización y buscar una mayor articulación entre las fuerzas sociales comunitarias que resisten todo este proceso de despojo que además tiene consecuencias graves porque, además, es una seria aportación al cambio climático y a otros procesos que estamos padeciendo, como incendios, sequías deslaves, incendios. Toda Latinoamérica padece estos problemas y en buena medida es parte de este proceso de despojo.

—El gobierno federal actual llegó en parte con la denuncia de situaciones como estas. ¿Qué ha cambiado?

—Yo diría que muy poco, porque hay un andamiaje en todo esto que es muy difícil de desarticular. Incluye el capital financiero trasnacional, la institucionalidad construida en 40 años con instituciones y normas jurídicas que sostienen todo este proceso, incluyendo los tratados comerciales y el papel de las corporaciones mediáticas.

El neoliberalismo se asienta  en esas tres vertientes: poder financiero, poder político y poder mediático.

Tomado de https://www.eleconomista.com.mx/

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