Colombia y México, entre los países más mortales para defensores ambientales en 2024

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Portada: Chelo

(19 DE SEPTIEMBRE, 2025).-Este 17 de septiembre de 2025 la ONG Global Witness publicó un informe sobre la situación de los defensores del medio ambiente y el territorio en 2024. Censaron el asesinato y la desaparición de 146 defensores del medio ambiente (142 muertos y 4 desapariciones). En promedio, esta cifra corresponde a tres asesinatos por cada semana del año 2024.

Mientras la situación se está mejorando a nivel global, la organización hace hincapié en la grave situación en América Latina, donde ocurrieron cuatro quintos de los casos (119/146): “Un total del 82 % de todos los casos que documentamos en 2024 tuvieron lugar en América Latina, donde hemos registrado la mayor proporción de casos cada año durante más de una década”.

Colombia sigue siendo el país más peligroso para los defensores de la naturaleza. En 2024 murieron 48 personas, una cifra en descenso en comparación con 2023, cuando murieron 79 personas, a pesar de que “muchos ataques no se denuncian, por lo que es probable que esta cifra esté por debajo de la realidad”. Las víctimas suelen ser miembros de pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes que temen enfrentarse a las industrias extractivas.

En México se reportaron la desaparición de 1 persona y 18 asesinatos en vínculo con la defensa del medio ambiente, entre los cuales 9 ocurrieron en Chiapas. Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), 2024 fue el segundo año más letal de la última década, junto con un notable aumento de la “intimidación, acoso, estigmatización, difamación y el creciente problema de la criminalización”.

En Brasil fueron reportados 12 asesinatos en 2024 según la ONG, contra 25 en 2023. Sin embargo, y mientras se prepara la cumbre de la COP30 del 10 al 21 de noviembre en Belém, “la organización brasileña Comissão Pastoral da Terra (CPT) también reportó un menor número de asesinatos, pero un aumento de amenazas de muerte, intimidación e intentos de homicidio”.

La ONU denuncia así la impunidad de esos asesinos y la disfunción del poder judicial en muchos casos. Al respecto, notan que en Colombia “solo el 5,2 % de los asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos desde 2002 se han resuelto en los tribunales”. Asimismo, subraya las relaciones de la industria minera y la agroindustria con el crimen organizado en esos asesinatos.

“Todas estas personas fueron atacadas tras alzar la voz o tomar medidas para defender su derecho a la tierra y a un ambiente limpio, sano y sostenible. Muchas veces se oponían a proyectos extractivos dañinos, como la minería, la tala o la agroindustria. Otras desafiaban problemas sistémicos, como la desigualdad en el acceso a la tierra, la destrucción ambiental y el crimen organizado.” Dice el informe.

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