Ya son cuatro veces consecutivas, en las que el ex diputado y ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, no se presenta a la audiencia en la que sería —si los medios de prueba lo permiten— imputado por asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) proceder conforme a derecho para hacerlo comparecer; incluye la posibilidad de solicitar una orden de aprehensión.
Luego entonces, los propios abogados del panista dijeron desconocer por qué su cliente no se presentó y rápido y furioso solicitaron una prórroga para “buscarlo y conocer de primera mano el motivo de su ausencia”… aquí el contexto; los cargos contra Anaya Cortés derivan de las acusaciones hechas por Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien declaró haber entregado 6.8 millones de pesos a Anaya como parte de la trama Odebrecht, por la cual el dinero pagado por la transnacional brasileña a cambio de contratos se habría usado para sobornar a legisladores en la aprobación de la reforma energética del sexenio pasado.
Pero les presento la versión del abogado de Anaya, en un acto de rigurosidad periodística. Él insiste que la denuncia de Lozoya Austin no tiene pies ni cabeza y recordó que éste se encuentra recluido, mientras que el ex diputado panista publicó un video en redes sociales en el que desacredita el testimonio del ex funcionario y se dice atacado por el actual Gobierno.
Con todo, ¿Es previsible que en los próximos días la FGR solicite y obtenga la orden de aprehensión contra Anaya, con lo que éste se convertirá en prófugo de la justicia? Sí. Lo anterior no implica ni permite presumir su culpabilidad, pero lo que complicó todo, es el hecho de que saliera del país… que recurriera a todo tipo de argucias para posponer su audiencia y que no acudiera a ella tras haber agotado todos los recursos para eludirla. Además de empañar su propia imagen y reforzar la impresión de que busca evadir su responsabilidad penal, la decisión de Anaya Cortés de no presentarse a la audiencia el pasado lunes, es lamentable por cuanto muestra el desprecio por el Estado de Derecho.
¿Por qué es importante que Anaya cumpla con la justicia mexicana? Dos cosas, Primero, por el esclarecimiento puntual de su presunta participación en el caso Odebrecht y segundo, para enviar una señal contundente e irrestricta, en la lucha sin cuartel contra la impunidad. Anaya Cortés tiene que ser presentado ante la autoridad competente y ser juzgado con total apego al debido proceso. Ni más, ni menos.
“No hemos podido establecer contacto con él (Anaya) esta mañana. No sabemos por qué no vino”, dijo el abogado de Anaya, Eduardo Aguilar. Luego entonces, de manera excepcional se podría autorizar un aplazamiento si hubiera una razón material para ello, pero los abogados del panista ni siquiera podían establecer contacto con su cliente.
Es evidente que no quiere comparecer. En todo momento ha mostrado una actitud desafiante ante la autoridad. ¿Qué sigue? sin la presencia de la persona que será imputada —Anaya— no es posible realizar la audiencia inicial por lo que la misma queda derogada y a la espera de lo que la Fiscalía determine procedente, muy probablemente una orden de aprehensión.
La UIF congelará cuentas bancarias, sin previa resolución judicial
Así fue la jornada parlamentaria donde diputados aprobaron reforma que otorga nuevas atribuciones a la UIF. Con el voto de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados votó una reforma a la Ley de Instituciones Financieras para confirmar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias, sin previa resolución judicial.
Las nuevas atribuciones a la UIF fueron promovidas por Santiago Nieto Castillo y se empezaron a discutir en noviembre de 2019, cuando el Senado aprobó que la UIF ordenase el congelamiento de cuentas, cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.
Tras una votación de 266 diputados en favor de las nuevas disposiciones y 219 en contra (de PAN y PRI), se envió al Ejecutivo para que la publique y entre en vigor. Durante la discusión, PAN y PRI alertaron el riesgo de que se utilice la medida con fines políticos. No se sabe si esa preocupación es genuina o sólo una simple proyección, en un momento de nostalgia. Se vale. Nos vemos la próxima.
Hasta entonces.
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