Cambio climático y política energética de la 4T

Por Alfredo Acedo

Entre las críticas más falaces contra el gobierno de la Cuarta Transformación, destaca su presunta adicción por las energías fósiles y un supuesto desdén por la crisis del clima. La derecha acusa a la política energética de Andrés Manuel López Obrador de ir contra la corriente global por la descarbonización de la economía, demanda auténtica de movimientos sociales ambientalistas, pero triste simulación de los gobiernos del mundo. Recientes acciones de la 4T dejan claro que las imputaciones de rechazo a las energías renovables lanzadas por la oposición son un argumento maniqueo de política ficción instigado por los intereses de las corporaciones de la energía. La realidad suele ser más compleja.

Es verdad que en varios ámbitos el planeta enfrenta ahora mismo consecuencias irreversibles a escala humana, provocadas por la catástrofe del clima. Es cierto que la civilización industrial capitalista y su explotación irracional de personas y bienes naturales está rebasando los límites en que es posible adaptarse, mitigar e intentar tener bajo control los impactos ambientales más terribles. Tan cierto, por supuesto, como que las corporaciones del petróleo y de las energías renovables están viendo la crisis sólo como otra oportunidad de negocios. Pero entonces la necesaria transición a una nueva matriz energética no debe quedar en manos de empresas que solamente buscan el lucro. No están concebidas para atender preceptos como la justicia climática, que incluye moderar el alto consumo energético de las élites y presupone que los países más industrializados —beneficiarios y principales responsables de la contaminación ambiental— deben contribuir al financiamiento de la transición en los países menos favorecidos. Estas son demandas de los movimientos sociales y es una lucha de los pueblos. ¿Alguien entre el club de los privilegiados levantaría la mano dispuesto a empezar por reducir el consumo suntuario, como una de las acciones necesarias para abatir las emisiones de gases de efecto invernadero?

México, país petrolero (y el pueblo sin dinero, coreaban las marchas antineoliberales), está entre los responsables de la crisis climática, aunque no en medida comparable con su vecino del norte. De hecho, se ubica en el último sitio de la docena de naciones que emiten el 70 por ciento de GEI, muy lejos respecto a China y Estados Unidos que encabezan la lista, pero por encima de otros 180 países. La nacionalización del petróleo y la creación de PEMEX como empresa del estado hicieron posible un crecimiento de la economía mexicana a tasas mayores al seis por ciento anual durante varios lustros del siglo pasado. El desarrollo llegó a amplias capas de la población en forma de servicios públicos e infraestructura productiva: uno de cada tres hospitales, caminos, almacenes, plantas petroquímicas, hidroeléctricas, escuelas, etc., y un tercio del sueldo del personal médico, educativo, burocrático, etc. fueron cubiertos por los ingresos petroleros. Pero el entramado de corrupción e intereses oligárquicos decidió privilegiar la exportación de crudo sobre la producción de derivados. La imposición de las políticas de libre mercado a partir del fraude electoral de 1988, inició el desmantelamiento del sector —incluidas las empresas estatales generadoras de energía eléctrica—, en preparación de su entrega a intereses privados nacionales y extranjeros. El atraco, calificado merecidamente como traición a la patria, se consumó con la reforma energética del “Pacto por México” de Enrique Peña Nieto, preludio de la alianza PRIANRD, azuzada por intereses de grupos empresariales en la elección más reciente.

Transición soberana

A sabiendas de que el petróleo produce más riqueza donde se procesa y refina que donde se extrae (insistía Heberto Castillo), el viejo régimen dilapidó los “veneros del Diablo” exportando materia prima e importando gasolinas, gas y otros derivados. Esto colocó al país en una situación muy injusta frente a la emergencia climática, por la eventualidad de tener que abandonar la extracción sin haber consolidado su economía ni preparado la transición. La Cuarta Transformación ha tomado la opción menos mala: recuperar la soberanía energética de México y simultáneamente avanzar de manera acelerada en una transición soberana a la nueva matriz energética basada en fuentes renovables y limpias. Es una decisión discutible, pero surge frente a hechos incontestables: no es posible sentar las bases de un cambio pacífico y democrático de régimen ni lograr una transición energética que beneficie al clima del planeta tanto como a la población, sin recuperar la soberanía nacional. El escenario de carreteras colmadas de autos eléctricos podría no estar a la vuelta de la esquina y siempre será necesario tener en cuenta la fuente de la electricidad. No existen, hasta ahora, energías “limpias” cuyos elementos tecnológicos no dependan del extractivismo. Tampoco hay una corriente global dominante hacia la transición pues ni el Protocolo de Kioto ni su sucesor, el Acuerdo de París, ni las veintitantas cumbres anuales de la ONU sobre cambio climático han logrado reducir o siquiera detener el crecimiento de las emisiones de gases invernadero. Sólo el confinamiento por la pandemia del SARS-CoV2 pudo hacer el milagro. Por una vez.

La soberanía nacional no es cosa del pasado sino una garantía presente y futura de solidaridad internacional entre pueblos libres y gobiernos democráticos, como valladar contra el poder fáctico de las corporaciones trasnacionales. Por otra parte, la soberanía energética de México no contradice al T-MEC, gracias a que durante las negociaciones el entonces presidente electo, López Obrador, fijó una posición firme al respecto. Tanto Canadá como Estados Unidos reconocen que México mantiene la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de sus hidrocarburos así como sus facultades para reformar su constitución y sus leyes generales. Entre los márgenes del tratado comercial, el país reafirmó expresamente su derecho de adoptar las medidas que considere pertinentes en sectores y actividades no reservadas.

Cuando el Acuerdo de París entró en vigor, en 2020, el gobierno de la 4T se propuso aumentar su meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mediante una serie de programas específicos. En la Mañanera del 27 de abril de 2021, el presidente López Obrador puso en claro los términos de su política energética:

Primero: dejar de vender petróleo crudo¹ y acabar con las importaciones de gasolinas, es decir, echar abajo la política de saqueo y negocios corruptos, impuesta en el ramo durante el periodo neoliberal. La idea de procesar toda la materia prima y ampliar la refinación en el país, para dedicar la producción petrolera exclusivamente a satisfacer el mercado interno, implica extraer menos petróleo, cuidar el recurso para reducir las emisiones de bióxido de carbono, manteniendo la extracción en niveles razonables, nunca superior a dos millones de barriles diarios. Recientemente, la extracción rondaba los tres millones 400 mil barriles. Esta sola medida implica reducir 40 por ciento las emisiones de GEI, lo cual supera el compromiso internacional hacia 2030 adquirido por México (demagógicamente) el sexenio anterior.

Segundo: con una inversión de mil millones de dólares, ha iniciado la rehabilitación de 14 de 65 plantas hidroeléctricas, la mayoría de las cuales funciona con turbinas antiguas sin mantenimiento, de hace 40 o 50 años, ahora en sustitución por turbinas nuevas, modernas. La generación hidroeléctrica es de las fuentes más limpias y baratas y se traduce en usar menos combustóleo y carbón. Por cierto, México es uno de los países que usa menos carbón para generar electricidad en el mundo: en 2019 representó el siete por ciento de su generación total, mientras Canadá usó el ocho por ciento y Estados Unidos² ¡el 24 por ciento! En lo que va del sexenio de la 4T, la generación de electricidad en carboeléctricas³ se ha reducido en 59 por ciento. A la fecha, México produce el 10 por ciento de la electricidad con fuentes eólicas y solares, superior al promedio mundial.⁴

Tercero: el programa Sembrando Vida, consistente en la reforestación de más de un millón de hectáreas de sistemas agroforestales, permitirá capturar unos seis millones de toneladas métricas de bióxido de carbono al año. El programa, además, proporciona ingresos a más de 416 mil productores radicados en 23 mil 507 localidades de 884 municipios en 20 estados. Por cierto, Sonora está ausente a pesar de tener la mayor tasa de deforestación del país. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal, cada año la entidad norteña pierde casi 25 mil hectáreas de sus diversos ecosistemas.

Otros proyectos en marcha, no mencionados por el presidente en su conferencia pero muy importantes para la estrategia de mitigación del calentamiento global, son: impulso a la agroecología, inversiones en energía fotovoltaica, restauración y mantenimiento de ecosistemas boscosos, recuperación de ríos y canales, cuidado y manejo sustentable del agua, movilidad integrada y fortalecimiento del transporte público limpio. Al respecto, la Ciudad de México realiza una inversión muy importante en cablebuses, trolebuses y ciclovías para el mejoramiento de la calidad del aire. Destaca la promoción de energías renovables en todo el país, con el programa Generación Distribuida que instala paneles solares en beneficio directo de los hogares que son parte del 1 por ciento de la población a donde no llega la red de distribución de la CFE. También, Ciudad Solar que arranca con la instalación de una planta de fotoceldas en los techos de la Central de Abastos de la CDMX, de cerca de 20 megavatios de capacidad instalada, operada por la CFE. Y la madre de todas las plantas de energía solar de la Cuarta Transformación: dos mil hectáreas de paneles solares en el desierto de Sonora mediante una inversión pública de mil 685 millones de dólares del gobierno federal y el próximo gobierno del estado para distribuir energía en el noroeste del país. Tales son, por ahora, los principales proyectos de reducción de emisiones de CO² y otros gases de efecto invernadero para la presente década.

Sembrando Vida

Los árboles dan mucho más que madera y sombra. Sorprende enumerar la cantidad de beneficios comunitarios, ambientales y económicos que brindan esas fascinantes máquinas biológicas que aprovechan la energía solar para liberar oxígeno, capturar carbono del aire y transformarlo en tejidos. Por ello se cuentan entre nuestros aliados principales en la lucha contra el cambio climático. Además de refrescar la atmósfera, los árboles previenen la erosión del suelo, son fuente de alimentos y medicinas, inducen sensación de bienestar, generan oportunidades económicas, etc. En países como Suecia o Finlandia, la explotación sustentable de recursos forestales forma parte de las principales actividades productivas.

Programa insignia dirigido a pequeños productores que en 2020 invirtió más de 27 mil millones de pesos, Sembrando Vida es un parteaguas en la instrumentación de políticas públicas en el campo ya que coloca al ejido y la comunidad en el centro de la estrategia. Empezó lidiando con acusaciones de haber fomentado por descuido la deforestación, pero una evaluación independiente llevada a cabo por el Instituto de Recursos Mundiales admitió que la “posible pérdida de coberturas” habría estado concentrada en sólo 22 municipios de los 447 en los que se instrumentó el programa en 2019. En tanto, un estudio de la universidad suiza ETH-Zurich reafirmó que la reforestación es la forma más efectiva y barata que la humanidad dispone para combatir el cambio climático. Ahora sí, con este programa, México podría estar en condiciones de cumplir el compromiso de tasa cero en deforestación hacia 2030.

Transición agroecológica

Por primera vez en el país, la agroecología es uno de los ejes estratégicos de la política pública para el campo. Más allá de lograr la autosuficiencia alimentaria, subraya la importancia de la organización campesina en la producción local de alimentos sanos, suficientes, culturalmente adecuados y ambientalmente sostenibles —definición de soberanía alimentaria—, mediante una producción libre de agrotóxicos. La Revolución Verde y su reedición en los cultivos transgénicos, con su paquete tecnológico de fertilizantes nitrogenados y plaguicidas de síntesis química, ha tenido efectos contaminantes devastadores, incluida la emisión de gases que exacerban el calentamiento global. Un estudio de Grain⁵ encontró que el sistema industrial de producción de alimentos es responsable de cerca del 50 por ciento de las emisiones globales de GEI.

La comida es el negocio más grande del mundo. Implica más interacciones y emplea mayor número de personas que cualquier otra actividad productiva. Usualmente, la cuenta de las emisiones de la agricultura considera sólo la parte más obvia de los impactos del sistema agroalimentario en la crisis climática. Pero el mercado de alimentos implica procesamiento, empacado, transporte, promoción y desperdicios, y todas esas áreas también generan emisiones de CO². Lo que ocurre desde el momento en que la producción abandona el campo hasta que llega a nuestra mesa es tan importante como lo que sucede durante su cultivo. La transición agroecológica propone una transformación radical, desde la producción agroalimentaria hasta el comportamiento de los consumidores y las cadenas de suministro. Desde el campo hasta la mesa del comedor, la agroecología va por un sistema alimentario y nutricional justo, saludable y sostenible, que en teoría es capaz de reducir casi a la mitad las emisiones de GEI. En este marco debe aquilatarse la importancia de la nueva política para el campo impulsada por el régimen de la 4T, como contribución para resolver la crisis del clima.

Su instrumentación no será fácil. Como en toda transformación que pisa callos, en este caso juanetes descomunales, la resistencia no se ha hecho esperar. El decreto presidencial del 31 de diciembre de 2020 que ordena la prohibición del maíz transgénico y el retiro gradual del glifosato hasta su erradicación total del mercado en 2024, enfrenta una catarata de amparos de los grandes productores (CNA) y las trasnacionales (Bayer-Monsanto, principalmente), acompañada de una tormenta mediática de falsedades. El gobierno ha ganado la primera batalla legal pero la guerra continúa en juzgados y medios. Está en juego el lucrativo negocio del veneno y sus beneficiarios no escatiman en mentiras, como afirmar que la agroecología es sólo aplicable a la producción de autoconsumo, en pequeños predios, con bueyes en las laderas de los cerros. Hace poco, en el partido contra la Revolución Verde, la 4T bateó jonrón por todo el jardín central y con las bases llenas, cuando en junio de 2021, en Culiacán⁶, la SADER presentó una cosecha de maíz blanco cultivado con prácticas agroecológicas y sin glifosato, en un predio de 600 hectáreas en pleno valle. En el cultivo utilizaron microorganismos para reconstituir el suelo y aplicaron control biológico de plagas. Tomaron decisiones con base en mediciones de pH, conductividad eléctrica, potencial redox y otros parámetros. El resultado fue un rendimiento de 14.28 toneladas por hectárea, con costo de producción de 2, 800 pesos por tonelada, 584 pesos menos que en un predio testigo cultivado con agrotóxicos, donde el rendimiento fue de 14.7 ton/ha. En el acto quedó demostrada públicamente la viabilidad de la producción de alimentos sanos, suficientes y sin afectación ambiental, a escala comercial, con rendimientos y costos competitivos. Fue como cantar a Norman Borlaug Las golondrinas.

Reforma de la industria eléctrica

Componente de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, la Ley de la Industria Eléctrica, construyó un sistema de saqueo pensado para desaparecer la Comisión Federal de Electricidad con el fin de que intereses extranjeros se apoderaran del mercado eléctrico nacional. El colmo del descaro fue el sistema de subsidios instrumentado por la ley, es decir la disposición de recursos de la hacienda pública nacional, dineros del pueblo, para engordar las ganancias de corporaciones trasnacionales. Es un crimen que el monto de los subsidios, por el orden de 471 mil 200 millones de pesos, sea desviado de su justo destino que es la población más necesitada del país.

La reforma eléctrica de la Cuarta Transformación busca poner orden para no permitir más daños a la hacienda pública. Desde el gobierno de Carlos Salinas se promovieron reformas para que empresas privadas nacionales y extranjeras hicieran negocios a través de contratos leoninos. Entonces como ahora se disfrazó el hecho, queriendo tapar el ojo al macho, con el cuento de que las empresas producen energía limpia y que la CFE genera energía contaminante, que ellas representan la modernidad y el cuidado del ambiente y la CFE la obsolescencia. Simulación pura. Todavía hoy la CFE produce más del 50 por ciento de las energías limpias por medio de generación hidroeléctrica y geotérmica. En tanto, el resultado de las modificaciones legales neoliberales es que, además de los subsidios, las corporaciones empresariales tienen prioridad en el suministro, no pagan por uso de la red de distribución y, junto con las cadenas comerciales con las que han fingido asociarse, pagan tarifas más bajas que los usuarios en sus hogares. Esa es la esencia del conflicto. Predican libre mercado pero se les va la vida sin subsidios.

Al eliminar los subsidios a las corporaciones, la reforma de AMLO fortalecerá la empresa del estado y como una de las consecuencias esperadas no aumentarán las tarifas del servicio. Las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica fueron aprobadas y se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021. A las pocas horas, un juez federal empezó a otorgar amparos que benefician incluso a empresas que no solicitaron protección. Hasta ahora van 360 recursos legales que mantienen suspendida la entrada en vigor de la ley modificada hasta que los tribunales colegiados resuelvan todos los recursos.

El presidente López Obrador llamó al diálogo y a la sensatez a las empresas. Se puede coexistir en un marco de competencia no desleal, sin subsidios que no tienen razón de ser más que la corrupción del régimen que va de salida. Que entiendan que hay una nueva realidad en el país donde lo central ya no son las corporaciones sino el pueblo de México. “Lo que se tiene que entender es que ya no se permite robar”. Pero, como Gabino Barrera, las corporaciones no entienden razones. En las primeras semanas de julio de 2021, tribunales colegiados de circuito empezaron a revocar las suspensiones porque consideraran que la entrada en vigor de la enmienda no causa perjuicio a los participantes del mercado eléctrico. Hay en la ley un transitorio que prevé un plazo de 180 días para ajustar las normas de la industria. Pero el presidente tiene prisa. Le queda claro que el andamiaje legal está armado para favorecer a las empresas. Por eso ha anunciado una iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, que otorgará a la CFE la capacidad de cubrir 54 por ciento de la demanda nacional de energía, y el resto al sector privado. Ahora la CFE puede aportar 35 por ciento y tiene capacidad para mucho más, pero sus plantas están paradas o subutilizadas porque no les permiten el despacho. Los órganos que creó la reforma energética están por encima de Pemex y de la CFE. Con los dogmas neoliberales hasta el tuétano, la COFECE considera monopolio a la empresa estatal y defiende al oligopolio constituido por empresas particulares como Repsol, Iberdrola u Odebrecht. La reforma pondrá a prueba otra vez el oficio político del presidente, pues su partido carece de mayoría calificada en el senado y mayoría simple de las legislaturas locales. Aunque, a menos de tres años de su gobierno, el récord de aprobación incluye una docena de reformas constitucionales que parecían intransitables.

El litio, necesario para la transición

Tercer elemento de la tabla periódica, el litio es el metal más ligero. Es componente esencial de la nueva generación de baterías eléctricas, lo cual en la transición energética lo convierte en recurso estratégico para la nación. Su probable nacionalización figura en la agenda del Congreso de la Unión, que sumada a la creación de una industria de carros eléctricos convertiría a México en una potencia en la era post petróleo. Pero la empresa Bacanora Lithium, de capital chino canadiense, mediante concesiones otorgadas en sexenios pasados, ya prepara un megaproyecto de 100 mil hectáreas, en el municipio sonorense de Bacadéhuachi, en la Sierra Madre Occidental. Ahí se localiza el mayor yacimiento de litio del mundo, con reservas estimadas en más de 243 millones de toneladas, cuya fase de producción podría empezar en 2022.

México se pondrá a la cabeza del mundo en la explotación del valioso mineral, pero la extracción tendrá un costo ambiental con daños a la salud y pérdida de biodiversidad de dimensiones desastrosas. Se puede estimar que la extracción podría durar unos veinte años, lo difícil es calcular cuándo terminarían sus impactos nocivos. La cuenca del río Yaqui será sometida a un mayor estrés debido a la ingente cantidad de agua que consume la actividad minera. El litio aun en pequeñas cantidades es altamente tóxico, y al contaminar las aguas superficiales y los mantos acuíferos el mineral llegará a las comunidades causando graves problemas de salud, en una región donde las empresas mineras privadas han mostrado una irresponsabilidad criminal. En 2014 el Grupo México causó el desastre ambiental más grande de la historia del país al derramar 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando a cerca de 22 mil personas. La población no sale aún del problema.

Recientemente, el presidente López Obrador informó que durante la visita de Luis Arce, presidente de Bolivia, acordaron su asesoría dada la experiencia boliviana en la explotación del litio, con el fin de definir lo más conveniente para México. Pronto presentará un diagnóstico y una propuesta. No se descarta la nacionalización del mineral.

Energías limpias de corrupción

Sonora se ubica en una de las cinco regiones del mundo con mayor radiación solar, y con ese enorme yacimiento de litio, reúne condiciones para desarrollar una industria eléctrica soberana, en beneficio del pueblo, gestionada por empresas públicas transparentes, de servicio social. Lejos del modelo de las corporaciones de la energía fotovoltaica que encarnan uno de los sueños dorados del neoliberalismo: la privatización del Sol. Pero en el solar sonorense el Sol sale para todos. El próximo gobierno del estado y el gobierno federal instalarán una planta solar con inversión de mil 685 millones de dólares en Puerto Peñasco que dará servicio también a Baja California, de acuerdo con información proporcionada por el gobernador electo sonorense Alfonso Durazo Montaño. La instalación de paneles solares cubrirá un área inicial de dos mil hectáreas con una capacidad de mil megavatios, en beneficio de cuatro millones de personas de ambas entidades. El gobierno del estado de Sonora tendrá una participación del 46 por ciento en la planta y la Comisión Federal de Electricidad el resto. Las utilidades se traducirán en beneficios para las familias de menores ingresos en la entidad. El proyecto ofrece la ventaja adicional de incluir la interconexión de Baja California al resto del país, pues la entidad peninsular está desconectada del sistema de transmisión de alta tensión. Aunque se trata de un proyecto autosustentable, la CFE considera como fuentes de financiamiento a Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior o el Banco de Obras y Servicios para garantizar su viabilidad. La instalación de la planta será adjudicada mediante licitación internacional.

El anuncio de la mega planta solar de Sonora, que figurará entre las 8 más grandes del mundo, desató reacciones inmediatas favorables y cuantiosas de quienes avizoran con razón el despegue definitivo de la transición energética de la 4T. No faltó el escepticismo de mal agüero del diario El País, abierto vocero de los consorcios españoles de la energía y la construcción favorecidos por el PRIAN.

Los movimientos sociales

Las políticas energéticas y ecológicas de la Cuarta Transformación retoman demandas de movimientos sociales, de luchas campesinas, de reclamos ciudadanos, de planteamientos de activistas ambientales y científicos comprometidos con la sociedad. De ahí viene la adopción oficial de la agroecología y el rechazo gubernamental al glifosato y al maíz transgénico. O la prohibición de facto del fracking. El gobierno de la 4T abierto al diálogo con los sectores organizados de la sociedad en movimiento avanza en la ruta antineoliberal y en la fundación de un nuevo régimen, a pesar de los colosales retos y la enorme cantidad de obstáculos.

México solamente contribuye con algo más del uno por ciento de los GEI, pero su población es de las más afectadas del mundo por huracanes súper destructivos, sequías agudas y golpes de calor. Es un hecho injusto confirmado en todo el planeta que los menos responsables de la crisis climática son al mismo tiempo los más afectados. Tal es el motor de la lucha de las sociedades que resisten y se defienden de los intereses de los vampiros multinacionales, principales causantes del desastre ambiental. Y mientras que organismos como Global Youth Energy Outlook se enfocan en influir en la política energética futura de la región a favor de las corporaciones, los movimientos sociales en los espacios alternativos frente a las cumbres climáticas demandan con más fuerza cambiar el sistema, no el clima. Y practican lo que dicen. Lanzan iniciativas de transición mediante la gestión de fuentes renovables desde las comunidades, cunden en Europa los parlamentos ciudadanos por el clima y se extiende la movilización global bajo el lema: ¡No hay planeta B! En tanto, la hipocresía imperial se renueva, sabedora de que sin petróleo no hay amo del mundo, y el gigante chino se propone transitar hacia una civilización ecológica en quince años.

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