Brasil aprueba reforma penal que podría recortar la pena de Bolsonaro a poco más de dos años

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(18 DE DICIEMBRE, 2025).-El Congreso de Brasil aprobó este miércoles una ley que permite una significativa reducción de la pena de 27 años de prisión impuesta al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien permanece encarcelado desde el mes pasado por su responsabilidad en actos de carácter golpista. La nueva legislación podría disminuir su tiempo efectivo de reclusión a apenas dos años y cuatro meses.

El proyecto, impulsado por la mayoría conservadora, fue avalado en el Senado con 48 votos a favor y 25 en contra, luego de haber sido aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados. Ahora, el texto queda en manos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien tiene la facultad constitucional de vetarlo.

La iniciativa beneficia directamente a Bolsonaro, de 70 años, condenado en septiembre por intentar impedir el acceso al poder de Lula tras las elecciones de 2022. Además, la ley podría abrir la puerta a la libertad condicional de más de un centenar de simpatizantes bolsonaristas encarcelados por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, ocurrida una semana después de la toma de posesión del actual mandatario.

El trámite legislativo se realizó de manera acelerada en ambas cámaras en el lapso de una semana, lo que representó una victoria política para el bloque conservador antes del receso navideño. Con la legislación vigente, la justicia estimaba que Bolsonaro cumpliría alrededor de ocho años de prisión; con la nueva norma, ese periodo se reduciría sustancialmente al modificarse los tiempos de reclusión para diversos delitos, incluido el de golpe de Estado.

El autor del proyecto, el diputado Paulinho da Força, defendió la reducción de penas como un “gesto de reconciliación” en un país marcado por la polarización política. En la misma línea, el senador Sergio Moro, exministro de Justicia durante el gobierno de Bolsonaro, celebró la aprobación al afirmar: “Al menos conseguimos sacar a esas personas de la cárcel, que es lo más importante en este momento”, en referencia a los detenidos por la asonada.

No obstante, la aprobación del proyecto generó una fuerte reacción social. Decenas de miles de personas se manifestaron el domingo en distintas ciudades del país para protestar contra la iniciativa, convocadas por sectores de izquierda que consideran la ley un intento de garantizar impunidad a los responsables de los hechos golpistas.

El debate ahora se centra en la decisión que tome el presidente Lula da Silva, cuyo eventual veto podría reavivar la confrontación política en el país sudamericano.

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