**El legado de la dictadura argentina: búsqueda de identidad y justicia**
El 24 de marzo de 1976, un golpe militar en Argentina marcó el inicio de un periodo oscuro que se extendió hasta 1983. Durante estos años, el gobierno militar implementó una brutal política de represión que resultó en miles de muertes y desapariciones. Las secuelas de estas acciones aún resuenan en la sociedad actual, y la búsqueda de verdad y justicia se vuelve cada vez más compleja, como nos relata Natalio Cosoy, nuestro corresponsal en Buenos Aires, en este Gran Reportaje de RFI.
Uno de los lugares emblemáticos de esta historia es la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), ubicada en el norte de Buenos Aires. Este extenso complejo de 17 hectáreas, que originalmente funcionaba como centro de formación militar, se convirtió en uno de los más de 800 centros clandestinos de detención donde se secuestró, torturó y asesinó a personas durante la dictadura. Desde 2004, la ESMA alberga un espacio de memoria y diversas instituciones de derechos humanos.
María Paula Inama Macedo, durante una visita a la Casa por la Identidad, un espacio de la ex ESMA gestionado por la ONG Abuelas de Plaza de Mayo, comparte su historia: «No sé dónde ni cuándo nací». Su madre, que fue secuestrada mientras estaba embarazada, está desaparecida, al igual que su padre. Aunque su partida de nacimiento indica el 18 de abril como su fecha de nacimiento, ella cree que realmente nació entre enero y febrero de 1978, ya que su madre fue secuestrada en noviembre de 1976.
En octubre de 2024, María Paula fue contactada por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que le informó que podría haber sido apropiada durante la dictadura. Tras realizarse pruebas genéticas, descubrió que la familia con la que creció no era su familia biológica, algo que nunca había sospechado.
La Casa por la Identidad está llena de fotografías que cuentan historias de vidas interrumpidas. Una de ellas muestra a Manuel Golçalves Granada, quien fue apropiado por una familia y recuperó su identidad en 1997 gracias a la búsqueda de su abuela. «Gracias a la lucha de las abuelas, pude conocer mi verdadera identidad», afirma Manuel, quien ahora forma parte de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo. A medida que las abuelas envejecen y muchas han fallecido, sus nietos han asumido la responsabilidad de continuar la búsqueda de justicia y verdad.
Hasta la fecha, se han resuelto 140 casos de bebés apropiados durante la dictadura, pero aún quedan alrededor de 300 por resolver. La persistencia de la búsqueda refleja el impacto duradero de los eventos que siguieron al golpe de 1976, que no solo destruyó vidas y familias, sino que también paralizó las instituciones democráticas del país.
El golpe militar disolvió el Congreso y removió a miembros de la Corte Suprema, dejando a la nación en un estado de represión. Julio Bárbaro, un diputado peronista que estuvo presente en la última sesión del Congreso antes del golpe, recuerda cómo los legisladores comenzaron a retirar sus pertenencias, intuyendo la gravedad de lo que estaba por venir. «Nadie imaginó la crueldad del golpe», dice Bárbaro, quien ahora tiene 84 años.
Junto a la Casa por la Identidad se encuentra el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que se dedica a la identificación de los cuerpos de desaparecidos. Mariella Fumagalli, directora del EAAF en Argentina, explica que la organización trabaja con muestras de sangre de familiares de desaparecidos para ayudar en la identificación de restos. Sin embargo, el tiempo es un enemigo constante, ya que muchos familiares han fallecido, lo que complica la obtención de muestras necesarias para la identificación.
El EAAF ha logrado avances significativos, como la identificación de 12 cuerpos encontrados en La Perla, un sitio donde las mellizas Adriana y Cecilia Carranza fueron detenidas en 1976. Aunque se ha identificado a una de las hermanas, la familia aún no sabe cuál de las dos ha sido identificada, dejando un vacío en su búsqueda de closure.
El juez federal Daniel Rafecas, quien ha estado involucrado en casos de delitos de lesa humanidad, señala que más de 1,200 personas han sido condenadas por crímenes de este tipo en Argentina. Sin embargo, el tiempo y las estrategias utilizadas por la dictadura complican la obtención de pruebas necesarias para llevar a cabo juicios justos.
La crueldad de la dictadura se manifiesta en los testimonios de quienes vivieronTomado de https://www.rfi.fr/
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