Sortea México pruebas sobre su política de asilo en América Latina

Blanche Petrich

Periódico La Jornada
Martes 11 de noviembre de 2025, p. 12

En 2019, la diplomacia mexicana se aplicó a fondo para rescatar al entonces presidente de Bolivia Evo Morales y a más de 40 personas de su entorno político (ministros, activistas del MAS y gobernadores) en un contexto complicado, en el que no faltaron intentos de impedir el vuelo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el derrotado mandatario a bordo, ni el cerco y los intentos de amedrentamiento y agresión a la sede y la residencia de la embajada mexicana en La Paz.

En 2022, en medio de la convulsión política en Perú que llevó a la caída del gobierno de Pedro Castillo, destituido por una decisión del Congreso de mayoría adversa al gobierno popular, México otorgó asilo a la esposa del ex mandatario que a la fecha sigue preso, Lilia Paredes y a sus hijos Arnold y Alondra. Castillo, que acompañaba a su familia para dejarla en la sede diplomática mexicana, fue interceptado en el camino, sacado a la fuerza del vehículo en el que viajaba y arrestado en ese momento, acusado de rebelión, que a decir de los juristas de su defensa no se sustenta.

Su ex primera ministra Betssy Chávez fue acusada del mismo delito, recluida en prisión preventiva y retenida en la cárcel ilegalmente después del plazo de los 18 meses reglamentario. Libre gracias a un amparo concedido por un tribunal y aún bajo proceso, se acogió la última semana de octubre a la protección de la embajada mexicana en Lima.

En el momento en el que el gobierno mexicano concedió asilo luego de revisar su caso, el gobierno provisional de Perú decidió de manera unilateral romper relaciones con México.

En 2024, ante la decisión mexicana de otorgar asilo al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, por la persecución judicial de la que era objeto, el presidente Daniel Noboa ordenó la incursión policiaca violenta a la embajada mexicana en Quito, la agresión a personal de la sede y el secuestro del ex funcionario. El grave incidente ocasionó la denuncia de México ante la Corte Internacional de Justicia, alegando la violación de las convenciones internacionales sobre el derecho de asilo. Anteriormente, en 2020, siete políticos cercanos al ex presidente Rafael Correa, entre ellos cuatro diputados, pidieron asilo en la misma embajada, en el momento en el que el sucesor de Correa, Lenin Moreno, abandonó la línea progresista del partidoque lo llevó al poder y se alineó con los intereses de la derecha y la Casa Blanca, iniciando casos de lawfare en contra de los correístas y el mismo ex presidente Rafael Correa.

El caso de la invasión a la embajada mexicana sigue siendo el antecedente más grave de ataque a las convenciones internacionales sobre relaciones diplomáticas y de asilo territorial.

Persona non grata

Actualmente, los tres diplomáticos ocupan cargos relevantes en la Secretaría de Relaciones Exteriores. María Teresa Mercado es subsecretaria para el área África, Asia-Pacífico y Europa; Raquel Serur es subsecretaria para América Latina y el Caribe, mientras Pablo Monroy es director general para América del Sur.

En estos tres países andinos, que en los años recientes sufrieron cambios abruptos de régimen que pusieron fin a sus experiencias progresistas, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador por la gravedad del asalto a su sede. La embajada de Suiza en Quito representa los intereses de nuestro país en esa nación.

En Bolivia, las relaciones volvieron a la normalidad a raíz del triunfo electoral del ahora ex presidente Luis Arce Catacora. Y en Perú, como la decisión de romper relaciones con México fue unilateral por parte del gobierno, se mantiene abierta la misión diplomática aunque el domingo pasado se retiró la encargada de negocios Carla Ornelas. Además, permanece abierto el consulado.

Caso de ex primera ministra

Cuando lo hizo, renunció la totalidad de su gabinete, sus opositores calificaron la medida de “autogolpe”, fue arrestado y acusado de rebelión e incitación a la rebelión, que son los mismos cargos que pesan sobre su primera ministra Betssy Chávez.

Según los argumentos de la defensa de Castillo, la disolución del Congreso pudo haber sido clasificada de infracción, que lo habría hecho acreedor a un juicio político y su destitución. En lugar de ello, se le formuló una acusación grave.

A Betssy le quitaron el fuero y la sometieron al mismo proceso plagado de irregularidades que al ex mandatario.

Se le dictó prisión preventiva por 18 meses. Pasado ese periodo no fue liberada, ilegalmente quedó encarcelada en un limbo jurídico que la orilló a declarase en huelga de hambre. En septiembre, ganó un amparo y obtuvo libertad provisional. Ante el temor de que las irregularidades del proceso la regresaran a la cárcel, Chávez ingresó a la embajada mexicana en Lima y pidió asilo.

Fuentes diplomáticas explicaron que el asilo, que le fue concedido el 3 de noviembre, procede en virtud de la presunción de inocencia conforme a la Convención de Caracas sobre Asilo Territorial (1954).

Refirieron que la decisión unilateral de romper relaciones por parte del gobierno peruano dificulta el proceso para la obtención de salvoconducto, pero no lo hace imposible, pues la legislación internacional prevé que la persona asilada puede ser acompañada por un agente diplomático (en este caso la encargada de negocios), por personal consular o incluso por un encargado de un tercer país.