El profundo calado del crimen en Michoacán reta el ambicioso plan de paz

Michoacán toma el relevo de Sinaloa al frente de la lista de preocupaciones del Gobierno federal en materia de seguridad. La estrategia para el Estado que el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum presentó este domingo marca un cambio en sus planes, una imposición de la coyuntura violenta que sufre la región, situación cíclica que ninguna de las últimas cuatro administraciones nacionales ha sabido solucionar. El plan de Sheinbaum anuncia la inversión de 57.000 millones de pesos, algo más de 3.000 millones de dólares, para atajar el problema de raíz. La duda ahora es si el plan, que plantea además enviar hasta 10.000 militares, a la par que generar desarrollo económico, surtirá efecto, si el salto del papel a las calles responderá a las intenciones de la mandataria.

No ha habido pausa para Michoacán en las últimas semanas, marcadas por los asesinatos del popular alcalde de Uruapan, el independiente Carlos Manzo, y del líder de los productores de limón del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo. Los ataques apuntan una degradación de la seguridad pública en el Estado, azotado por la actividad de grupos criminales muy violentos, caso de Los Viagra y el Cartel Jalisco Nueva Generación. La extorsión es habitual en la zona, sede de un fuerte sector agroindustrial. El problema trasciende a la imagen clásica de los criminales que llegan a pedir cuota a los agricultores. Los esquemas delictivos son sofisticados y se enraízan en la economía legal.

El plan de Sheinbaum propone 12 ejes de acción, que giran en torno a la idea gubernamental de que la violencia se combate con fuerza, pero también generando oportunidades para la población. Las acciones previstas van desde el reforzamiento de la seguridad, a la construcción de carreteras, pasando por el desarrollo de polos económicos, y la ampliación de los programas de bienestar del Gobierno. Pero más allá del despliegue de más militares en la zona y el aparente desembarco de nuevos equipos de investigación de la Secretaría de Seguridad federal, el futuro parece incierto. El diputado estatal del PRI, Guillermo Valencia, que ha sido dirigente del partido en la región, y alcalde de Tepalcatepec, uno de los pueblos más complicados de la zona, vecino de Apatzingán, dice que el plan es solo un lavado de cara. “No me gusta absolutamente nada”, dice.

Amigo de Manzo, Valencia ha sido muy crítico con las últimas administraciones federales y sus acercamientos a Michoacán. Lo fue incluso durante los años del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando nació el movimiento de las autodefensas en Apatzingán y alrededores, la población harta de los extorsionadores del momento, particularmente del grupo criminal los Caballeros Templarios. El plan entonces fue institucionalizar a las autodefensas, con el apoyo del Gobierno, idea que acabó con cientos de armas en sus manos, y buena parte de sus integrantes integrados a las filas de nuevos grupos criminales, con el paso del tiempo. “Con este nuevo plan falta todo”, protesta el político. “Todo lo que nos presumen como apoyos o beneficios, por ejemplo escuelas y hospitales, ya estaban en el presupuesto de egresos”, añade.

Salvador Maldonado, experto en inseguridad y violencia del Colegio de Michoacán, se muestra crítico también. Coincide con Valencia en que los cambios presupuestaros son mínimos. “Lo que se plantea es reorientar y concentrar lo que ya está presupuestado”, argumenta. Se muestra “impresionado” por el despliegue militar en la región, que alcanzará los 10.506 elementos. Y apunta una cuestión: “La duda que queda es si realmente esta planeación de asentar la militarización de la sociedad michoacana es una vía para desarticular las labores criminales. Porque en el pasado ha habido las mismas iniciativas”. Los resultados, a la vista están, no han sido los mejores.

El abogado Ignacio Mendoza se muestra más cauto. Mendoza fue parte del Gobierno estatal que dirige el morenista Alfredo Ramírez Bedolla. Estuvo a cargo de los penales de la región hasta que renunció, el año pasado, obligado por unas acusaciones de tortura que, según explica, quedaron en nada. Veterano de la política local, subprocurador hace más de 15 años, funcionario local en la capital, Morelia, Mendoza argumenta que el plan actual maneja “ingredientes diferentes” a los planes anteriores y que, si bien desde el Estado “se puede mirar con recelo”, los “cocineros” que ha puesto Sheinbaum al frente de la seguridad pública a nivel federal son una garantía, en referencia a Omar García Harfuch y su equipo.

El abogado recuerda que, desde el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), todos los gobiernos han armado algún tipo de plan para Michoacán. “En aquellos años, allá por 2005, andaban peleándose aquí los [grupos criminales] del Pacífico con los del Golfo. Entonces, Fox mandó mucha Policía Federal, pero fue muy cuestionado porque llegaron a lo loco, sin estrategia, lo que aumentó la violencia. En ese contexto, fue cuando mataron a Rogelio Zarazúa”, explica. Director de la policía estatal, criminales mataron a Zarazúa en Morelia en septiembre de 2005. “Llegaron a dar palos de ciego, y claro, le dieron al avispero”.

El plan siguiente fue el de Felipe Calderón (2006-2012), michoacano como Mendoza, que apenas se había instalado en la residencia de Los Pinos, cuando lanzó la “Operación Limpieza”, un programa contra la connivencia del crimen con autoridades estatales y locales, que tuvo su réplica en el Estado, con el famoso michoacanazo. En mayo de 2009, la Procuraduría General de la República detuvo a 31 personas, entre alcaldes y funcionarios locales y estatales, por delincuencia organizada, entre otros delitos. Entonces subprocurador en Morelia, Mendoza estaba entre ellos. Pese a lo espectacular de la operación, la PGR no pudo probar ni una sola acusación. Todos quedaron libres con el tiempo.

Mendoza recuerda el michoacanazo porque, según él, ese y otros operativos por el estilo, en Hidalgo o Zacatecas, “lograron que las autoridades locales sacaran la mano del combate al crimen en el fuero local”. Mendoza sigue y añade que “ese fue el parteaguas en la violencia en este país. Y no hemos logrado que las autoridades estatales y locales retomen el papel de perseguir los delitos del ámbito local, que son más del 90% que se cometen”. Varios expertos han señalado estos días la necesidad de reforzar a policías locales y estatales, así como las autoridades de que dependen. Es la garantía, señalan, de que la intervención federal tenga éxito a largo plazo.

Salvador Maldonado, del Colegio de Michoacán, verbaliza las dudas respecto a este asunto. “Este plan puede derivar en la misma experiencia anterior: hay un fuego, vienen a apagarlo y se van, que es lo que ha pasado cíclicamente”, dice. “No hay evidencia que nos permita ver cómo se van a implementar estas estrategias y si van a tener éxito en el mediano o largo o plazo. O si, por el contrario, es un apagafuegos momentáneo. El plan tiene los objetivos, pero no los cómos, que son siempre los grandes vacíos de estos planes. Es difícil saber cómo lo van a plantear, más teniendo en cuenta esta lógica de contención que emana”, zanja.

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