Nestlé, ECOM y AMSA cabildean para frenar Ley de Cafeticultura: jornaleros

Jornaleros integrantes de la CNOC denuncian que trasnacionales como Nestlé y comercializadoras multinacionales como ECOM Agroindustrial Corp Limited y AMSA estarían operando con cabilderos en la Cámara de Diputados, para frenar la discusión de la nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura. El proyecto de decreto busca regular e impulsar toda la cadena productiva del café mexicano, desde la siembra y distribución hasta la industrialización y comercialización. Además, reconoce al café como producto básico y estratégico para la seguridad y soberanía alimentaria del país

Las empresas trasnacionales como Nestlé –que adquiere cerca del 25 por ciento del café mexicano–, junto con comercializadoras multinacionales como ECOM Agroindustrial Corp Limited –la principal compradora de café en el país– y subsidiarias como Agroindustrias Unidas de México, SA de CV (AMSA), estarían operando con cabilderos en la Cámara de Diputados para frenar la discusión de la nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, denuncian jornaleros integrantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC).

De acuerdo con los productores, la iniciativa –que busca restablecer un marco jurídico para regular y fomentar la producción, distribución, industrialización y comercialización del café mexicano– ha sido bloqueada nuevamente por intereses privados que pretenden conservar el control del mercado y los precios del grano. El objetivo, advierte Fernando Felix Calleja, asesor general de la CNOC, es mantener un esquema de prácticas que profundiza la dependencia de los cafeticultores frente a las corporaciones.

Empresas como Nestlé dependen de grandes comercializadoras internacionales –entre ellas ECOM Agroindustrial Corp. Limited y Neumann Kaffee Gruppe (NKG)– para abastecerse de café en México. Esta estructura le permiten dominar el mercado, influir en los precios y fijar condiciones de compra desfavorables para los pequeños productores, señala el informe Explotación y opacidad: La realidad oculta del café mexicano en las cadenas de suministro de Nestlé y Starbucks, elaborado por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC).

El reporte describe cómo Nestlé y Starbucks, mediante intermediarios locales y esquemas de certificación cuestionables, consolidan un modelo de control corporativo a costa de los productores. A estas prácticas se suma el coyotaje, sistema mediante el cual intermediarios o “coyotes” compran el café directamente a los campesinos para revenderlo a las grandes acopiadoras, imponiendo precios ínfimos. Estas dinámicas se aprovechan de la necesidad y el aislamiento de las comunidades rurales, reduciendo aún más las ganancias de los caficultores.

Durante el Foro Regional del Sector Cafetalero en México, celebrado en San Lázaro, los jornaleros denunciaron que las trasnacionales, los cabilderos y algunos funcionarios del gobierno federal han bloqueado la discusión de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura en la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue promovida en el Senado por los legisladores Susana Harp Iturribarría y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, ambos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y aprobada por la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.

El proyecto de decreto plantea regular e impulsar toda la cadena productiva del café mexicano, desde la siembra y distribución hasta la industrialización y comercialización. Además, reconoce al café como producto básico y estratégico para la seguridad y soberanía alimentaria del país.

“Lo importante de la iniciativa es que establece una comisión de seguimiento de precios y define que debe haber un precio de referencia. Eso implica revisar los precios internacionales y los costos de comercialización que aplican las compañías. No se fija un precio de garantía porque no existe un organismo que compre café, sino un precio de referencia. Pero la cosecha ya está empezando y las compañías grandes abren el 4 de noviembre”, explica el productor Fernando Felix Calleja a Contralínea.

Uno de los principales logros de la propuesta sería la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana, una instancia de diálogo, concertación y coordinación entre los sectores público, social y privado, destinada al fortalecimiento de la cadena productiva del café, según el documento actualmente detenido en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Sin embargo, para la diputada Victoria Gutiérrez Pérez, la creación de una comisión resulta insuficiente. Considera necesario avanzar hacia la conformación de un Instituto Nacional del Café, dada la falta de atención estructural al sector y la relevancia económica y cultural del grano.

“Difiero mucho en decir que no se puede hacer un instituto; por supuesto que es necesario. No una dirección, cuando la cuestión del café es tan importante y cuando trae un dividendo a nuestro país”, sostiene Gutiérrez durante el foro, al recordar que antes del sexenio de Carlos Salinas de Gortari existía el Instituto Mexicano del Café, que atendía de manera integral la problemática del sector.

La legisladora subraya que uno de los principales problemas del sector cafetalero es la pobreza estructural de los campesinos, obligados a enfrentar el acaparamiento del grano por parte de las trasnacionales. “Se habla mucho de la calidad y la importancia del café, de los beneficios, pero ¿estos beneficios realmente les llegan a los campesinos que, con todo respeto, están jodidos?”, cuestiona.

En México, el 70 por ciento de la producción de café proviene de comunidades indígenas. La producción se concentra principalmente en Chiapas (37 por ciento), Veracruz (24 por ciento) y Puebla (21 por ciento). Existen alrededor de 550 mil productores, de los cuales el 95 por ciento son de pequeña escala, y siete de cada 10 pertenecen a pueblos indígenas que viven en condiciones de pobreza y con acceso limitado a la educación, de acuerdo con ProDESC.

“El hecho de que el cultivo de café esté en manos de familias indígenas que viven en condiciones de pobreza y tienen bajos niveles educativos es indicador de que se trata de un trabajo altamente precarizado, que no ha demostrado tener la capacidad de brindar condiciones de vida dignas a quienes se dedican a él. Por el contrario, lo que se observa es un sistema de abuso sistemático por parte de corporaciones internacionales que lucran con el trabajo y los recursos naturales de poblaciones altamente marginalizadas”, denuncia la asociación civil.

Para el maestro Miguel Poot Grajales, además de las desigualdades estructurales del mercado, el sector cafetalero enfrenta una vulnerabilidad creciente ante el cambio climático. La deforestación, la sequía y las enfermedades que afectan las plantas –como la roya– representan riesgos permanentes para las economías familiares que dependen del cultivo del café.

Otros riesgos provienen del mercado. Cuando el grano no está despulpado, los acopiadores pagan precios ínfimos; y aun despulpado, difícilmente alcanza un valor justo, pues la producción mexicana está marcada por una fuerte estratificación. Más del 95 por ciento de los agricultores cultiva en parcelas menores a tres hectáreas, lo que limita su capacidad de negociación y los deja en desventaja frente a intermediarios y corporaciones.

“Ante esta circunstancia, el mercado impone condiciones muy ventajosas para quienes tienen la capacidad de adquirir, almacenar, tratar y transportar grandes volúmenes de café, el cual se ofrece a las corporaciones trasnacionales a precios muy por encima del valor pagado de manera directa a los productores”, señala el maestro Poot Grajales durante una ponencia organizada por la legisladora Susana Harp Iturribarría, presidenta de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Senado de la República.

Actualmente, la precarización del cultivo del café obedece en gran medida a los bajos precios impuestos por las compañías internacionales encargadas de su comercialización, tueste y venta. Los precios de referencia se determinan en las bolsas de valores de Nueva York y Londres, y a partir de ellos las grandes empresas fijan los precios de compra considerando la región productora, la calidad del grano y las certificaciones de cada productor.

Este esquema globalizado de precios impide que los caficultores mexicanos –en especial los de pequeña escala y origen indígena– tengan control sobre el valor de su producto. En la práctica, los mercados financieros internacionales y las corporaciones definen las ganancias, consolidando un sistema de profunda desigualdad económica, donde quienes producen el café reciben la menor parte del beneficio de una de las bebidas más consumidas del mundo.

“Mira, el tema es que el café, como los derivados, como el maíz o el frijol, se cotiza en las bolsas internacionales. […] Ahí se fijan los precios de manera internacional. Entonces, aunque nosotros podamos poner un precio de salida con subsidio, generalmente el mercado te gana; es el que reina en los precios internacionales”, explica el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del grupo parlamentario de Morena.

En entrevista con Contralínea, el diputado Carvajal señala que uno de los principales retos del sector es incrementar la productividad nacional para reducir la dependencia de las importaciones y fortalecer el mercado interno. Aunque el café mexicano goza de prestigio internacional por su calidad, la falta de financiamiento, capacitación y esquemas de comercialización eficientes frena el crecimiento de los pequeños productores, quienes resultan los más vulnerables ante las fluctuaciones del mercado global.

De acuerdo con el legislador, la madurez que ha alcanzado la industria en los últimos años representa una oportunidad para consolidar un modelo productivo más equitativo, donde los beneficios se distribuyan de manera justa a lo largo de la cadena del café, desde la siembra hasta la venta final.

Por ello, urgió a la Jucopo –encabezada por el diputado Ricardo Monreal– a retomar y aprobar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, la cual, dijo, fortalecería la organización de los productores y establecería mecanismos de financiamiento y comercialización más justos.

“Creo que la iniciativa constituye una gran oportunidad para fortalecer al sector cafetalero en México. Aunque somos uno de los países más productores del mundo, no estamos en el top, pero sí figuramos entre los primeros 15. Y si bien nuestra producción ha decrecido por factores climatológicos y por la transformación del uso de la tierra, vemos una gran oportunidad en el sector porque en México siguen creciendo los comercios de café, siguen creciendo las oportunidades para generar riqueza para la gente en la gran industria del café y sus derivados. Por eso vemos una gran oportunidad en esta ley y también en seguir difundiendo a la industria y a los productores”, expone en entrevista.

Para el legislador Carvajal, la aprobación de la ley permitiría fortalecer la organización regional del sector y mejorar la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Además, impulsaría la integración de las cadenas productivas y la creación de un fondo nacional o fideicomiso destinado a apoyar directamente a los pequeños productores, que representan la mayoría del sector con parcelas de menos de tres hectáreas.

Con estas medidas, agrega, podría lograrse un crecimiento de hasta 20 por ciento en el primer año de aplicación de la ley, siempre que se acompañe de políticas públicas claras y sostenidas.

“Aquí, en el país, lo que se tiene que hacer, aparte de la creación de un instituto, es un mecanismo de financiamiento eficiente, económico, de no más de seis dígitos o de seis puntos al año, para que los medianos productores puedan acceder a crédito para sembrar y comercializar. Y también que el instituto capacite en la comercialización y en la producción en sus diferentes etapas del sector cafetalero”, explica el diputado Carvajal.

El legislador añade que es indispensable municipalizar las políticas públicas. Afirma que “por mucho que la federación quiera ayudar, si nosotros no entendemos que el municipio tiene que organizar, porque es la primera instancia, y tiene que trabajar sobre todo en la capacitación, el sector no va a crecer lo suficiente”.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura

El 11 de abril de 2025, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, aprobado un día antes por el Senado de la República y firmado por el entonces presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, y la secretaria Verónica Noemí Camino Farjat.

En el artículo 4 de su Capítulo Único, la ley establece que su aplicación se realizará bajo principios de sustentabilidad ambiental, económica y social; de innovación y desarrollo tecnológico en el cultivo del café; y de articulación de políticas públicas conforme a la diversidad de las regiones productoras.

También promueve la colaboración entre los sectores público, social y privado, el acceso a precios justos para los consumidores y la sostenibilidad de los productores. Asimismo, busca fomentar la apreciación del café mexicano como un producto de calidad, básico y estratégico, con potencial para acceder a mercados de mayor valor y competitividad.

El artículo 5 dispone que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía u otras instancias competentes, podrá establecer medidas de apoyo para el fomento de la cafeticultura. Entre ellas se incluyen:

1. El impulso de prácticas de desarrollo sustentable en la producción, acopio, procesamiento, comercialización y consumo del café; así como la sistematización y difusión de información sobre la cadena productiva en México y en el extranjero.
2. El diseño y ejecución de mecanismos que fortalezcan las actividades que integran la cadena productiva.

III. La planificación de esquemas de comercialización que generen precios competitivos para el café mexicano.

1. La difusión de los precios del café en los mercados nacional e internacional.
2. La implementación de esquemas de verificación de calidad, con apego a las Normas Oficiales Mexicanas, que identifiquen cafés dañados o no aptos para consumo humano, y que regulen el uso de endulzantes o saborizantes artificiales.
3. El fomento a la investigación científica, la innovación y la adopción de mejores prácticas.

VII. La vinculación con instituciones académicas, centros de investigación y organismos de transferencia tecnológica, para fortalecer la cadena productiva y comercial.

VIII. La promoción de la educación, la capacitación y la transferencia de conocimiento sobre el café en todos los eslabones de la cadena, incluidos los consumidores.

El documento también plantea la creación de una Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana, concebida como una instancia de diálogo, concertación y coordinación entre los sectores público, social y privado, con el fin de impulsar de manera integral la cadena productiva del café.

Asimismo, la ley busca transparentar el Sistema Nacional de Información de la Cafeticultura en México, al exigir que proporcione datos actualizados sobre clima, precios, comercio interno y externo. Con ello, los productores podrían tomar decisiones informadas basadas en información confiable, sin vulnerar derechos de propiedad intelectual o la protección de datos personales.

Frente a los beneficios potenciales que traería la nueva legislación, el diputado Adrián González Naveda, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), exhortó a sus colegas a retomar la discusión y llevar la iniciativa al Pleno para su pronta aprobación.

“Estamos muy preocupados, sumamente molestos, porque no se ha aprobado la Ley para el Desarrollo Sustentable y Fomento a la Cafeicultura que el sector ha trabajado desde hace más de dos años, que ya salió del Senado como minuta, y que debería haber sido aprobada por esta soberanía pero que de último momento llegaron unas observaciones muy extrañas de la Secretaría de Economía para obstaculizar el proceso. Desde aquí, hacemos un exhorto y exigimos que esas observaciones de último momento de la Secretaría de Economía se resuelvan y el sector cafetalero tenga el uso jurídico”, señala González Naveda.

Durante la misma conferencia de prensa, productores y jornaleros cafetaleros denunciaron que el sistema actual desincentiva la maquila nacional, pues los costos de comercialización impuestos por las grandes empresas obligan a los pequeños productores a encarecer sus productos sin obtener ganancias justas. “Si no se aprueba esta ley, que es la parte central, podría decirse que van a robarnos nuevamente”, puntualizan.

La aprobación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura no solo representaría un avance legislativo, sino también un acto de justicia para miles de familias campesinas e indígenas que sostienen con su trabajo una de las cadenas productivas más importantes del país.

La regulación permitiría al Estado recuperar una rectoría perdida desde la desaparición del antiguo Instituto Mexicano del Café, desmantelado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y abriría la puerta a un modelo más equitativo que coloque al productor en el centro de la política cafetalera nacional.

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