Injerencia de EU en la democracia sindical

México se enfrenta a la renegociación del T-MEC y a la inclusión de la democracia sindical. Frente a ese proceso, la golpista National Endowment for Democracy y el Departamento del Trabajo de Estados Unidos han financiado con millones de dólares el proceso de “democratización” y el “mejoramiento de la conciliación laboral” con empresas. Entre las áreas más activas se encuentra la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), que ha participado en golpes de Estado en América Latina

Parte 9 y última. Esta larga historia de la injerencia de Estados Unidos en México termina ni más ni menos que con un tema fundamental en la lucha de clases: la democracia sindical. Desde hace varios años, el gobierno estadunidense financia proyectos de preparación de líderes sindicales, así como el nuevo modelo de disputas laborales y empresariales.

Desde antes del sexenio de López Obrador, Estados Unidos incentivó proyectos para que la democratización sindical en México fuese una realidad y aggiornó ese objetivo con el T-MEC. Para ello al menos dos instituciones gubernamentales de Estados Unidos han operado: la golpista National Endowment for Democracy (NED) y el Departamento del Trabajo del vecino país del norte.

El Departamento del Trabajo ha financiado varios proyectos que tienen que ver con el sector laboral en México. Por ejemplo, en 2020 uno de esos proyectos, tenía por objetivo “mejorar las condiciones de trabajo en el sector mexicano de piezas automotrices y apoyar el desarrollo de un modelo exitoso para implementar la reforma del derecho laboral”. Dicho proyecto contó con un financiamiento de 4 millones 903 mil 209 dólares constantes de 2023 (sin inflación).

Otro proyecto se denominó “Campos de Esperanza”, y su objetivo era involucrar a múltiples partes interesadas en el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para reducir el trabajo infantil en las comunidades agrícolas migrantes en sectores de café y caña de azúcar en Veracruz y Oaxaca. El proyecto se propuso vincular a los niños y jóvenes con los programas educativos existentes. También, orientar a las familias vulnerables hacia los programas gubernamentales existentes para mejorar los ingresos y reducir la necesidad de trabajo infantil. Dicho proyecto contó con recursos por 1 millón 795 mil 947 dólares constantes de 2023.

Otro proyecto fue el de “Senderos” que involucra también al gobierno, el sector privado y la sociedad civil, para “mejorar la adhesión a las normas internacionales sobre trabajo infantil, trabajo forzado, seguridad laboral y salud” (SST). Este pretendió aumentar la capacidad del gobierno para hacer cumplir las leyes laborales en las cadenas de suministro agrícolas, mejorar la conciencia del sector privado y el cumplimiento de las leyes laborales, y aumentar la conciencia de los trabajadores agrícolas sobre los derechos laborales y los mecanismos de quejas. Su financiamiento fue por 7 millones 845 mil 134 dólares constantes de 2020.

Sin embargo, desde 2002 se sabe de la existencia de financiamiento a programas que tienen que ver con el sector laboral mexicano. Por ejemplo, el programa “Apoyo a la prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de los niños (CSEC) y la protección de las víctimas del CSEC en México”, que contó con 2 millones 899 mil 902 dólares.

Después de 2016, Estados Unidos financió otro tipo de proyectos; por ejemplo: “Combatiendo la discriminación laboral”, “Fortalecimiento de la capacidad de los trabajadores para ejercer sus derechos laborales en México”, “Mexico Auto Employers”, y Mejoramiento de la conciliación laboral en México (ENLACE), por mencionar algunos.

Programas del Departamento del Trabajo de EU financiados en México 2016-2022

Un dato relevante es que el programa denominado ENLACE fue aplicado en México por American Institutes for Research, que tuvo como “socio” al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) para distintas actividades como aumentar la efectividad de los nuevos centros de conciliación laboral a nivel federal y en 16 estados. Destacan también actividades de “capacitación a los conciliadores estatales y federales en habilidades legales, técnicas, tecnológicas y de conciliación blanda y, Desarrollar herramientas y capacitación para fortalecer el diálogo en el lugar de trabajo e incentivar la conciliación para trabajadores, sindicatos y empleadores”.

Este mismo instituto tiene otro proyecto denominado “Cumplimiento en el sector de Autopartes a través de la Aplicación de la Ley Laboral (CALLE)” financiado por el Departamento del Trabajo de EU por 5 millones 659 mil 872 de dólares. El objetivo es “fortalecer la protección gubernamental de los derechos de los trabajadores en autopartes en los estados de México, Puebla y San Luis Potosí para combatir la “subcontratación ilegal, intimidación y represalias antisindicales y la discriminación de género”.

En el marco del gobierno de López Obrador y de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se aprobó un nuevo mecanismo de respuesta rápida en instalaciones específicas. Como indica el reporte entregado por la Secretaría de Economía en 2021, es un mecanismo “inédito de resolución de controversias en tratados comerciales. Tiene por objeto reforzar el cumplimiento de los compromisos laborales asumidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en su capítulo 23 –Laboral–”.

Además, los derechos que se generaron bajo el capítulo 23 del nuevo T-MEC son consustanciales al Anexo 23-A del T-MEC, en el que México se comprometió a “garantizar que sus trabajadores puedan acceder a una negociación colectiva auténtica, para lo cual es indispensable la existencia de una efectiva democracia sindical y el ejercicio pleno de la libertad de asociación por parte de los trabajadores”.

FUENTE: Secretaría de Economía, 2021.

Dicha democracia sindical establecida desde el T-MEC implica la reestructuración de los sindicatos en México y con ello, el poder que tienen ciertos gremios, algunos afiliado a la Central de Trabajadores de México (CTM) y otras que fueron parte del corporativismo del PRI. Pero también implicará la posibilidad de otro tipo de sindicatos de distinto tipo.

AFL-CIO y su incidencia golpista en América Latina

Uno de los beneficiarios del financiamiento del Departamento del Trabajo es el “Solidarity Center”. Este centro fue creado en 1977 por la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), la cual se fusionó años después con el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO). Según la propia página del Solidarity Center, el financiamiento que reciben es de “amplia gama y de fuentes públicas y privadas”.

La historia de la AFL-CIO en América Latina tiene un periodo golpista pues fue parte de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para combatir el comunismo en el marco de la guerra fría y también después. Destaca un par de ejemplos al respecto.

En la década de 1960, la AFL-CIO participó de forma indirecta en el golpe de estado contra Juan Bosch en República Dominicana y en Guyana en 1964 contra el presidente socialista Cheddi Jagan, según documentos desclasificados del Departamento de Estado y publicados por el National Security Archive.

Es además conocido que la AFL-CIO fue fundamental para la creación de la NED en la administración de Reagan y que es también una de las principales beneficiadas con recursos. Como señala Jeff Schuhrke en su texto “How the AFL-CIA undermined labor movements abroad”, uno de los casos de éxito fuera de Latinoamérica es Polonia y el sindicato anticomunista Solidaridad que contribuyó al fin del comunismo en dicho país.

Durante la guerra fría fue el Instituto para el Desarrollo del Trabajo Libre (AIFLD), la organización sin fines de lucro –financiada por el gobierno de Estados Unidos– la que capacitó a trabajadores latinoamericanos para que fueran pro empresariales, anticomunistas y pro estadunidenses. Dicho instituto estuvo implicado en los golpes de Estado de Brasil (1964), Chile (1973) y en la guerra contrainsurgente en El Salvador en la década de 1970.

Y también en México hay un antecedente claro de la importancia que tuvo para la CIA y el gobierno estadunidense los conflictos laborales. Rob McKenzie en su libro “El Golpe: Trabajo estadounidense, la CIA y el golpe de Estado en Ford en México” detalla ampliamente con documentos desclasificados de la CIA y del Departamento de Estado cómo desde este departamento, prestaron atención a los conflictos laborales en la planta de la Ford en Cuautitlán, Estado de México en 1987. McKinzie detalla que los conflictos laborales fueron considerados por el gobierno de Estados Unidos una potencial amenaza sobre todo en el marco del Tratado de Libre Comercio yn sectores clave como el automotriz.

Pero lo más relevante de su investigación es que deja clara la estrecha relación que hubo entre los principales líderes sindicales estadunidenses afiliados en la AFL-CIO y los mexicanos, que básicamente eran integrantes de la CTM en aquél entonces. Estaban en colaboración tan estrecha que las oficinas del Instituto para el Desarrollo del Trabajo Libre (AIFLD) estaban dentro de la sede de la CTM y además el AIFLD canalizaba fondos de la NED para proyectos calificados como “educativos”.

Tras la caída del viejo régimen priista, y después de la crisis política, de representación del PRIAN –y el extinto PRD– y ya con Morena en el gobierno, la apuesta de Estados Unidos fue por la denominada democratización sindical. Ello implica un proceso de reconfiguración de fuerzas en el sindicalismo mexicano, con una CTM cuestionada por distintos gremios laborales, pero también por la emergencia de una nueva central sindical que haga frente a la vieja y corporativa CTM. En síntesis, es un campo más de disputa política en el que está la mano que mece la cuna del imperialismo estadunidense, pero también expresiones de izquierda sindical y con una lucha histórica por una verdadera democracia participativa.

La presencia de la NED en la democratización sindical

Como se detalló en anteriores investigaciones la NED ha ejercido recursos públicos del gobierno estadunidense para deponer gobiernos. La mayoría de las veces, su poder se expresa en financiamiento de organizaciones no gubernamentales, institutos e incluso organizaciones multilaterales.

Joe Biden –expresidente de Estados Unidos entre enero de 2021 y enero de 2025– degradó a la National Endowment for Democracy de agencia a subagencia, y la incorporó al Departamento de Estado. Dicho movimiento volvió a la NED más opaca, pues no se puede consultar como antes, el destino de su financiamiento. Además, se perdieron archivos históricos que dan cuenta del financiamiento desde por lo menos 2001.

Respecto al financiamiento del Solidarity Center, la NED le donó en 2024 con 855 mil 466 dólares. El objetivo del proyecto fue para “promover una mayor democracia y una mejor gobernabilidad en las relaciones laborales, el Centro capacitará a los trabajadores para construir organizaciones y coaliciones fuertes, abogar por mejores protecciones laborales y económicas bajo el nuevo marco legal, y apoyar a los socios y grupos emergentes para ampliar la membresía y promover estrategias de organización en todo el sector”.

Y en 2024 no sólo hubo financiamiento hacia las organizaciones de trabajadores y sindicatos, también fue para la “defensa de la democracia”, la “independencia judicial” y la “lucha contra la corrupción”. Destaca el proyecto que financió la NED al Centro para la Empresa Privada internacional (CIPE) y que canalizó Core Institute para “fomentar la democracia y el espíritu empresarial y la participación cívica de los jóvenes y mujeres” por 357 mil 205 dólares.

El proyecto del Instituto Republicano Internacional –financiado por la NED–denominado “Lucha contra la corrupción mediante el empoderamiento de los jóvenes” financiado por 600 mil dólares para “aumentar la conciencia de los jóvenes en materia de lucha contra la corrupción, el Instituto capacitará a líderes juveniles en acceso a información pública, sistema nacional anticorrupción, prácticas anticorrupción y habilidades de liderazgo, fomentar redes juveniles que colaboren con las partes interesadas en la lucha contra la corrupción, y asociarse con las universidades para crear oportunidades de participación estudiantil en los esfuerzos anticorrupción”.

Por último el proyecto de la NED para el Instituto Nacional Democrático para Asuntos Internacionales denominado “Fortalecimiento de la participación ciudadana en procesos políticos transparentes” financiado por 500 mil dólares para “generar procesos políticos transparentes y participativos, el Instituto desarrollará la capacidad de la sociedad civil para supervisar las políticas participativas, fortalecer los gobiernos locales y los partidos políticos mediante consultas inclusivas, y apoyar el diseño de políticas colaborativas y las reformas internas para mejorar la participación ciudadana y la transparencia”.

En el marco de la democratización del poder judicial, la NED financió con 70 mil dólares un proyecto para “Fomento de la independencia judicial”, que tenía por objetivo “fomentar los controles y equilibrios mediante la supervisión, documentación y sensibilización sobre las amenazas a la independencia judicial, la organización creará una coalición de grupos de la sociedad civil, actores del sector de la justicia y organizaciones internacionales para realizar actividades de promoción con el fin de fortalecer la independencia judicial, publicar informes anuales, hacer recomendaciones de alto nivel y producir productos mediáticos”.

Por último, está la organización “Partners of the Americas” que según su propia descripción “fortalece los derechos laborales en el extranjero, ayudando a garantizar una competencia justa para los trabajadores y las empresas estadounidenses. Al promover el trabajo decente y las condiciones aceptables de trabajo, nuestros proyectos abordan prácticas laborales explotadoras que pueden contribuir a ventajas injustas en el mercado global”.

Esta organización tiene el proyecto “Empoderando a las Mujeres en el Lugar de Trabajo Mexicano”. Dicho programa buscó mejorar las condiciones laborales de las mujeres en México mediante el aumento de su liderazgo en los sindicatos, el fortalecimiento de las medidas de protección contra el acoso y el abuso en el lugar de trabajo, y la promoción de salarios justos y el cumplimiento de las normas laborales mínimas.

Bajo este programa se han capacitado a 354 trabajadoras y dirigentes sindicales sobre temas de liderazgo, resolución de conflictos y negociación colectiva. Se han establecido 10 comités en empresas y sindicatos para abordar casos de violencia. Ocho protocolos implementados en empresas y sindicatos para prevenir y erradicar la violencia de género. Y 89 trabajadores capacitados para recabar evidencia legal relacionada con la discriminación y violencia laboral y 194 trabajadores recibieron asistencia legal para abordar conflictos laborales.

Destaca el proyecto de Sensibilización sobre México (MAP) que integra y amplía las iniciativas existentes en México para difundir información obre la Reforma Laboral Mexicana de 2019. Dicho proyecto fue financiado por la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, con una duración de 4.5 años, de enero de 2021 a junio de 2025.

Partners of the Americas trabaja además en sectores económicos clave como minería, ensamblaje de automóviles, autopartes, acero/aluminio y electrónica. Casualmente, sectores en los cuales el comercio entre México y Estados Unidos muestra un alto nivel de interdependencia.

Los socios de esta organización son entre otros Coca Cola Fundación México, Comité Fronterizo de Obreros (CFO) de Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, Departamento de Defensa, Fundación Banorte, Fundación Gruma, Banco Interamericano de Desarrollo, Meta, Sempra Energy, Red de Mujeres Sindicalistas (que trabaja con varios sindicatos mexicanos así como talleres dentro de la UNAM), USAID, Departamento del Trabajo de EU, Departamento de Estado entre otras.

Un caso de cooperación para establecer las nuevas leyes mexicanas en materia de democracia sindical es Jalisco. En este caso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), firmaron un convenio para iniciar el “Fortaleciendo a las Industrias Mexicanas en el Cumplimiento de la Legislación Laboral”, el cual brinda capacitación y asesoría técnica a empresas de sectores aeroespacial, automotriz y de manufactura de componentes electrónicos.

La Fundación Panamericana para el Desarrollo tiene entre sus “socios” a la Fundación Coca Cola, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, Atlantic Council, Chevron, Boeign Company, gobiernos como el de Colombia, Jamaica, Canadá, Guatemala, Honduras y a varias instituciones del gobierno mexicano.[1]

Por último, el Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio quien ha mostrado su ideología conservadora al referirse a gobiernos como el de Venezuela, Cuba, incluso a Brasil, financia el proyecto México Unido 2026 que “busca fortalecer la capacidad de México para prevenir y abordar los riesgos laborales y de derechos humanos asociados con la Copa Mundial de la FIFA en 2026”. Con este proyecto se han preparado a 357 trabajadores y defensores de derechos humanos en temas laborales. Han realizado 10 eventos informativos y de sensibilización sobre legislación laboral, normas internacionales del trabajo y derechos laborales en relación con el Mundial de 2026.

En Brasil después del Mundial de 2014, vino un proceso político complejo que terminó con la destitución de Dilma Rouseff en 2016, año de las Olimpiadas. Su gobierno fue fuertemente criticado por sectores opositores por falta de presupuesto a salud, transporte y por diversas irregularidades fiscales. Rouseff fue señalada por supuestamente alterar presupuestos mediante tres decretos no autorizados por el parlamento brasileño y por supuestamente usar préstamos de bancos públicos para ocultar déficit presupuestal para cubrir programas sociales. Constituye un antecedente relevante pues se aprovechó un “marco de condiciones explotables” (gasto público para eventos deportivos) para llevar a un impeachment presidencial.

Como se detalló en esta serie de investigaciones, la construcción de capacidades de injerencia de Estados Unidos tiene diversas ramificaciones en varios sectores de la vida pública nacional, con una red de poder hegemónico bastante amplia entre diversos grupos sociales, económicos, políticos, ONG, empresas, fundaciones, periodistas y medios de comunicación. A eso se ha enfrentado el pueblo de México en su larga lucha por justicia social, por democracia y soberanía.

[1] https://www.padf.org/partners/partner-list/#corporations

Tomado de https://contralinea.com.mx/feed/