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(28 DE OCTUBRE, 2025).-La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, encabezada por el morenista Julio César Moreno Rivera, aprobó con 25 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones el dictamen que da origen a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, normativa que será reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional.
El proyecto también contempla reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el fin de actualizar el marco legal en materia de persecución del delito de extorsión.
Alcances de la nueva ley
La propuesta busca definir competencias y mecanismos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para la prevención, investigación, persecución y sanción de la extorsión, además de establecer acciones y políticas públicas interinstitucionales para su combate.
El dictamen fija un tipo penal único de extorsión en todo el país. De acuerdo con el artículo 15, quien obligue a otra persona, sin derecho, a dar, hacer o tolerar algo con el fin de obtener un beneficio o causar un daño, enfrentará penas de seis a quince años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El diputado Moreno Rivera explicó que la nueva legislación permitirá homologar criterios en todo el territorio nacional, fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y garantizar una persecución más efectiva de este delito, que afecta gravemente la seguridad y la economía del país.
Además, la ley protege a las víctimas y testigos, al establecer mecanismos de denuncia segura, protección integral y reparación del daño, y actualiza la normatividad penal y procesal para facilitar la investigación y sanción de los responsables.
Estructura del proyecto
La Ley General se compone de cinco títulos:
1. Disposiciones generales, que definen el objeto, ámbito de aplicación y autoridades competentes.
2. De los delitos de extorsión, donde se detallan las conductas, agravantes y sanciones.
3. De la prevención y atención a víctimas, que regula políticas públicas y medidas de protección.
4. De la coordinación institucional, para fortalecer la colaboración entre autoridades.
5. De la información, evaluación y estadísticas, que crea el Sistema Nacional de Información sobre Extorsión.
Moreno Rivera subrayó que esta iniciativa busca implementar una política nacional integral contra la extorsión, basada en prevención, persecución penal, atención a víctimas y recuperación de bienes, con el propósito de armonizar el marco jurídico y reforzar la capacidad institucional del Estado mexicano frente a uno de los delitos más extendidos y dañinos para la población
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Tomado de https://elchamuco.com.mx/
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