México adopta una profunda reforma a sus aduanas en medio del escándalo del huachicol fiscal

El Congreso de la Unión ha aprobado la reforma a la Ley de Aduanas, con la que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca aumentar la recaudación fiscal cerrando los espacios y oportunidades al contrabando técnico y otras formas de defraudación que suponen una fuga de capitales para la Hacienda mexicana. Todo mientras sigue el escrutinio público a las aduanas por su papel como escenario principal del enorme escándalo de corrupción de contrabando de combustible liderado por marinos de alto rango, que usaban su influencia para poner a gente de su confianza en puestos clave de estos recintos y poder operar una multimillonaria trama criminal.

En un rápido trámite legislativo de solo dos semanas y con cambios menores respecto a lo mandado por el Ejecutivo, la reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Esto dará tiempo a los actores involucrados para adecuarse a las nuevas normas que incluyen cambios notables sobre todo para el sector privado de la ecuación: los agentes aduanales y los recintos fiscalizados estratégicos. Un legislador de Morena, uno del Pan y un agente aduanal argumentan para EL PAÍS cómo ven esta legislación.

La reforma transforma tres aspectos principales. Uno es la figura del agente aduanal, la persona autorizada por el Servicio de Administración Tributaria para representar a los importadores y exportadores y se asegura del cumplimiento de la ley. Su patente pierde la vigencia permanente y será renovada cada 20 años. También desaparecen las “Causas excluyentes de responsabilidad del agente aduanal”, haciendo que estos operadores y las agencias aduanales sean responsables, junto con las empresas importadoras y exportadoras, de que los productos estén dentro de la fracción arancelaria correcta y que se paguen los impuestos correspondientes. Hasta ahora, si las mercancías son de difícil identificación (como por ejemplo, un líquido que puede ser gasolina o aceite lubricante), los agentes aduanales quedaban exentos de responsabilidad legal.

“Si me presentan un contenedor con mil cajas que contienen botellas de agua, yo no puedo saber si todas las botellas tienen agua o resulta ser un ácido o una droga líquida; por eso existían estas excluyentes”, asegura Fernando Ramos Casas, fundador de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales. Con 36 años de experiencia en el sector, vaticina que muchos agentes aduanales no van a querer trabajar con estas mercancías complicadas (“sensibles”, se les dice en el argot) por las posibles consecuencias legales.

“Esta reforma no tiene un carácter punitivo ni es una persecución del Estado hacia el comercio exterior”, contesta Juan Carlos Loera de la Rosa, senador por Morena. El también presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado dice que “los ciudadanos exigimos que los funcionarios del Estado mexicano cumplan con la ley y, si no, que se les sancione; entonces no veo porque, si en los agentes aduanales se delega la responsabilidad del Estado, estos no se tienen que asegurar de que las mercancías que estén importando o exportando cumplan con lo que ellos manifiestan”.

“El agente aduanal no es una autoridad, pero le dan estas responsabilidades fiscalizadoras”, dice el diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández. “Tener que garantizar que un producto químico o líquido es lo que dice una empresa, sin tener a mano laboratorios específicos, me parece peligroso y una criminalización de los agentes, a los que se les amenaza con suspender su patente solo por empezar una investigación”, continúa Téllez Hernández, que también es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En México hay poco más de 800 agentes aduanales. Según aseguró en el Senado el administrador central de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en lo que va de Administración se han cancelado 45 patentes y se tiene conocimiento de que, aparte, otros 30 eran los que gestionaban todo el contrabando de combustible en las aduanas. “Los agentes aduanales ya ni se toman la molestia de ir a revisar sus despachos”, dijo el funcionario para justificar la reforma.

Para evaluar las acciones de los agentes aduanales se va a crear un Consejo Aduanero, presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y compuesto por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la ANAM y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que se encargará de decidir sobre las patentes aduanales y su gestión.

Este consejo también analizará recintos fiscalizados estratégicos, el segundo gran cambio de la ley. Estos son inmuebles privados habilitados que bajo la autorización de la ANAM para la introducción temporal de mercancías con menores impuestos para que sean usadas principalmente en la fabricación de otros bienes. “Aquí ha habido un abuso, ya que al permitir que las mercancías permanezcan un tiempo ilimitado, se han internado en el país y se vende sin pagar impuestos”, asegura el morenista Loera de la Rosa, “lo que cambia es que ahora tienen que definir una fecha y el pago de un dinero que regresa cuando las mercancías salen del país”.

El tercer aspecto a destacar son las mayores facultades de inspección a las autoridades. Mientras es la ANAM quien se encarga de las aduanas en sí, el SAT se ocupa de lo que se denomina el post despacho, que es básicamente fiscalizar las mercancías una vez que ya están dentro del país. “Es muy negativo ya que no van a tener límites en su actuación al haber una mayor discrecionalidad en sus acciones”, lamenta el agente Ramos Casas.

“Realmente, esta ley aduanera parte de una narrativa engañosa, ya que aunque dice que atacará la corrupción y que se modernizará el sistema de despacho aduanal, en la realidad lo que vemos es una carga adicional fiscal y de obligaciones hacia el sector privado, sin tocar la parte pública”, resumen el panista Téllez Hernández. Lo contrario opina el morenista Loera de la Rosa. “La primera lectura es combatir el fraude fiscal, el contrabando y la subvaluación de mercancías; pero en el fondo, lo que yo interpreto, es que cumplir con esta nueva ley nos va a llevar a un mejor comercio con menos competencia desleal”, promete.

“El comercio exterior está sobre regulado y esto solo lleva a corrupción”, finaliza el agente Ramos Casas, “si usted tiene una mercancía que paga el 35% de arancel, con cuotas compensatorias del 50%, y luego tiene que cumplir con dobles permisos, la importación es tan compleja que la motivación para hacer contrabando es mayor”. Diversos analistas y trabajadores del sector consultados apuntan en la misma dirección. Con la dependencia de México del comercio exterior, el éxito (o fracaso) de esta nueva ley de aduanas puede determinar el futuro del país.

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