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(16 DE OCTUBRE, 2025).-Esta mañana, el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, denunció la existencia de una campaña de desinformación en contra de la reforma a la Ley de Amparo, impulsada —dijo— por “empleados o abogados de deudores fiscales muy conocidos, comentócratas aliados al viejo sistema” e incluso por jueces y magistrados que resultaron afectados por la reforma judicial.
Zaldívar afirmó que se ha difundido la falsa idea de que la reforma tiene efectos retroactivos, lo cual, aseguró, “no es cierto”. Agregó que las críticas responden a intereses particulares y que los cambios a la ley buscan únicamente “hacer el juicio de amparo más ágil, más cercano, más claro y corregir algunos excesos”, especialmente en materia de cobro de créditos fiscales.
Explicó que las modificaciones pretenden evitar que “ciertas personas utilicen una institución tan noble para fines ilícitos o socialmente censurables” y que con ellas se impedirá “el abuso que se estaba cometiendo con suspensiones destinadas a obstaculizar el combate al lavado de dinero”.
“Creo que todas y todos podemos estar de acuerdo en que una institución tan noble como el amparo no puede servir para proteger a quienes se dedican a lavar dinero o son parte de la delincuencia organizada”, subrayó.
Zaldívar acusó que algunos de los críticos “mienten deliberadamente” y que uno de los magistrados que se ha manifestado en contra “se dedicó a otorgar suspensiones generales en favor de empresas extranjeras del sector energético, violando la ley y causando grandes daños al país”.
Durante la conferencia mañanera del pueblo, reiteró que la reforma no tiene efectos retroactivos. Precisó que “todas las etapas de los juicios de amparo en trámite que ya hayan concluido —como la admisión de la demanda, la suspensión o la resolución de algún recurso— no se pueden modificar”. En cambio, las etapas futuras se regirán por las nuevas disposiciones, sin que esto afecte los derechos de los justiciables.
El funcionario destacó que el nuevo marco legal permitirá que el amparo sea “más expedito, ágil y moderno”, en particular en los procesos de cobro de créditos fiscales que anteriormente podían prolongarse durante años, generando “un daño enorme a la colectividad y al pueblo de México”.
Precisó que, con la reforma, una vez que un crédito sea firme, “las diferentes etapas del procedimiento de cobro no podrán impugnarse; sólo podrá cuestionarse la resolución final”, lo que no vulnera la defensa de los contribuyentes. Al término del proceso, añadió, los particulares podrán hacer valer todas sus defensas y, si la autoridad incurrió en errores, se concederá el amparo; de lo contrario, deberán pagar, con un procedimiento que se acorta considerablemente.
Frente a las críticas, Zaldívar insistió en que “se busca hacer creer a la opinión pública que las reformas son regresivas y limitan la defensa de los derechos de las personas, lo cual es absolutamente falso”. Recalcó que “un gobierno que proviene de una historia de defensa de la democracia y los derechos humanos no podría proponer reformas regresivas en materia de derechos humanos”.
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Tomado de https://elchamuco.com.mx/
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