La agricultura ecológica: arma contra los incendios forestales y el cambio climático

Este verano ha estado marcado por una ola de calor que de nuevo ha batido todos los récords. La consecuencia más catastrófica ha sido la proliferación de grandes incendios forestales que han devorado cientos de miles de hectáreas. El cambio climático está creando condiciones cada vez más favorables para que estos adquieran grandes dimensiones y sean más difíciles de extinguir. La inversión pública en tratamientos silvícolas y prevención de incendios han disminuido en un 26% desde 2009. Además, la falta de agricultores que cuiden y aprovechen el monte favorece la acumulación de grandes cantidades de biomasa que aumentan la combustibilidad de unos bosques densos y monoespecíficos.

Sin embargo, no queda claro el trasfondo de estos fenómenos. Podemos citar, al menos, dos factores que los explican. Por un lado, el crecimiento constante de los terrenos forestales: de 14,6 millones de hectáreas que había en 1973 se ha pasado a 19,6 en 2022, cinco millones de hectáreas más. Casi las mismas que se han perdido de tierras cultivadas, que se han llenado de matorrales o han sido reforestadas. Por otro lado, el 56,2 % de las explotaciones se han perdido entre 1987 y 2023, según la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrarias que publica el INE, contribuyendo tanto a la despoblación como a la desagrarización del medio rural; esto es, a la separación de los habitantes de nuestros pueblos de las actividades agrarias, entre ellas las que tienen lugar en el monte. En un porcentaje similar han disminuido las explotaciones ganaderas de pastoreo, que contribuyen de manera decisiva a controlar la biomasa que se acumula en el monte.

Estas tendencias son expresión, a su vez, de la persistencia de un modelo de funcionamiento económico del sector agrario promovido por los mercados y las políticas agrarias desde hace décadas. Estas políticas han considerado al sector agrario como un sector de escasa capacidad para producir riqueza que, sin embargo, debe proporcionar sobre todo alimentos baratos. El resultado ha sido una caída continuada del precio que los agricultores perciben por sus productos: un 60% desde los años sesenta. Los agricultores han combatido esta tendencia depresiva de los precios tratando de producir más o ahorrando trabajo. De hecho, se viene destruyendo empleo a un ritmo acumulativo del 3% anual desde inicios de esa década, una tasa sin igual en el conjunto de la economía española.

Tanto la intensificación productiva como la mecanización han traído consigo un aumento de los costes intermedios que ha acabado deprimiendo la renta. Estos suponen ya casi la mitad del valor de la producción. Por su parte, la renta agraria se ha depreciado en términos reales casi un 60% desde inicios de los años sesenta. Mientras tanto, el gasto familiar medio en España se ha multiplicado por 2,4. El resultado es que la actividad agraria hace ya tiempo que dejó de ser rentable, al menos para el segmento mayoritario del sector.

La actividad agraria hace ya tiempo que dejó de ser rentable

Las explotaciones con un tamaño inferior a las 10 hectáreas se han reducido a la mitad. Las personas que resisten en su dedicación a la agricultura no encuentran relevo generacional y es previsible que sus explotaciones acaben también desapareciendo. En la actualidad, la mayoría de los titulares de explotación tienen más de 60 años. La estructura social de la agricultura española, dominada históricamente por la explotación familiar, que mantenía nuestros montes a salvo de los incendios, está mutando rápidamente hacia un modelo de agricultura basada en grandes explotaciones gestionadas por sociedades anónimas o empresas de gestión de tierras. Empresas que utilizan de manera limitada mano de obra, en su mayoría inmigrante y mal pagada.

Cabe preguntarse si este modelo de «agricultura sin agricultores» basada en explotaciones de dimensión cada vez más grande puede hacerse cargo del mantenimiento de los agroecosistemas en buenas condiciones, garantizando la prestación óptima de los servicios ambientales. Ello implica la realización de tareas y labores, a menudo no pagados que, en un manejo empresarial tienen poca cabida. Cabe preguntarse si no sería más rentable destinar parte de los cuantiosos recursos que se destinan a evitar y extinguir los incendios forestales a mantener la agricultura familiar y evitar su desaparición.

Afortunadamente, la agricultura ecológica, que ha superado ya los tres millones de hectáreas, se ha convertido en un refugio para muchas explotaciones familiares que, de otro modo, no podrían mantenerse. Viene contribuyendo a mantener la actividad agraria, especialmente en las zonas más despobladas y con más riesgo de incendios. Su creciente importancia territorial está contrarrestando el deterioro de los servicios ecosistémicos. La agricultura ecológica proporciona más y mejores servicios agroecosistémicos que la convencional: almacena significativamente más carbono, emite menos gases de efecto invernadero, conserva tanto la diversidad cultivada como la silvestre, aumenta la eficiencia de la energía no renovable y reduce su consumo en comparación con las explotaciones convencionales, etcétera.

La agricultura ecológica proporciona más y mejores servicios agroecosistémicos que la convencional

Con un apoyo más decidido a la agricultura ecológica, muchas de las explotaciones agrarias que tienen hoy un futuro incierto se reconvertirían en explotaciones ecológicas. Ello significaría nuevas oportunidades para la incorporación de jóvenes y mujeres al medio rural y contribuiría a combatir la despoblación. Sin embargo, la Comisión Europea ha propuesto medidas de reforma de la PAC que van en sentido contrario y que allanan aún más el camino hacia campos vacíos e incendios cada vez más frecuentes e intensos. La reducción drástica que se propone de los fondos de la PAC y los cambios en su configuración pueden acelerar aún más la destrucción de explotaciones familiares. Estamos aún a tiempo de parar la sangría. El mantenimiento de la agricultura familiar y su reconversión ecológica deberían formar parte de ese gran pacto de lucha contra el cambio climático que promueve el gobierno.