A 11 años de Ayotzinapa, “la herida se hace más profunda” para los padres

Jared Laureles

Periódico La Jornada
Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 15

Transcurridos ya 11 años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los 43 normalistas de Ayotzinapa, como se les identificó desde el primer momento, siguen desaparecidos. Y aunque ha habido algunos avances sobre lo ocurrido, en las madres y padres de los jóvenes persiste el dolor porque las investigaciones no han conducido al único resultado que ellos reclaman: determinar el paradero de sus hijos.

En este largo camino de lucha y búsqueda, seis padres y madres han fallecido de cáncer, covid y otras enfermedades crónicas. Para el resto, cada día se torna más complicado y lento el andar: las secuelas de más de una década se hacen evidentes.

No obstante, siempre han tenido claro que no claudicarán en la exigencia de presentación con vida de los jóvenes y hasta detener a los responsables de su secuestro.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, mantiene la pregunta que se hizo desde aquel día: “¿Adónde se los llevaron?”

“Es muy triste, nos afectó a toda la familia; uno no puede vivir tranquilamente. Pero queremos que el mundo entero sepa que aquí seguimos las madres y padres de los 43 buscando a nuestros hijos y exigiendo al gobierno que avance en las investigaciones”, subraya.

El undécimo aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas llega en medio del compromiso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de profundizar en líneas de investigación con base en análisis científicos, la conformación de un nuevo equipo de inteligencia y la sustitución del fiscal especial para el caso.

Desde diciembre de 2024, las madres y padres de los estudiantes han tenido cinco reuniones con la mandataria en Palacio Nacional, pero hasta el momento –aseguran ellos– en ninguna se les ha proporcionado información “novedosa”, al tiempo que expresan su preocupación porque “no vemos un rumbo claro en las investigaciones”.

Voluntad

Sobre la reciente llegada de Mauricio Pazarán a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa –tras la salida de Rosendo Gómez Piedra, como demandaron las familias–, Cristina Bautista señala que el nuevo fiscal tiene voluntad de “hacer las cosas diferentes”, pero para que ello se traduzca en avances, debe “hacer una nueva revisión de los documentos” que ya se tienen sobre las indagatorias.

En la más reciente reunión, realizada a principios de este mes, la presidenta Sheinbaum abrió la posibilidad de llamar a nuevos expertos internacionales a través de la Organización de Naciones Unidas. Las familias aseguran que es un paso importante, pero insisten en que se convoque nuevamente al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual durante más de tres años –en dos periodos distintos– coadyuvó a detectar indicios cruciales y dar celeridad a las indagatorias.

Mario González, padre del normalista César Manuel, enfatizó a su vez que este grupo de especialistas internacionales debe retornar al país, porque ya conoce el caso y todas las líneas de investigación que necesitan explorarse. “No queremos expertos (nuevos) que vengan a leer el expediente y tarden un año en darnos una resolución”.

Algunos integrantes del GIEI se incorporaron a otras misiones, entre ellas Ángela Buitrago, quien permaneció 10 meses al frente del Ministerio de Justicia de Colombia, o Claudia Paz, actual directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Viraje

A un año del gobierno de Sheinbaum Pardo, la administración federal ha buscado dar un viraje al caso Ayotzinapa y reforzar las pesquisas contra varios de los involucrados en los hechos: la reaprehensión de Felipe Salgado Rodríguez, El Cepillo; la deportación desde Estados Unidos de Édgar Damián Sandoval, El Wereke, y arrestos como los de Martín Alejandro Macedo Barrera, El Kamala y Juan Miguel Pantoja Miranda, El Pajarraco. Sin embargo, a decir de las familias, esto no ha aportado nada relevante a las investigaciones.

Sus testimonios, señala don Mario, están relacionados más con la llamada verdad histórica del basurero de Cocula donde presuntamente habrían sido calcinados los jóvenes. Esta versión, construida en el gobierno de Enrique Peña Nieto por el ex procurador Jesús Murillo Karam, fue desechada en el sexenio pasado, gracias al trabajo de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) para el caso, que encabezó buena parte del tiempo el subsecretario Alejandro Encinas.

Extradiciones desde EU

Recientemente, en el contexto de la visita a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Sheinbaum le solicitó la extradición de dos personas vinculadas con el caso.

Uno de ellos sería –de acuerdo con versiones de las madres y padres–, José Ulises Bernabé, ex juez de barandilla en la comandancia municipal de Iguala en 2014, adonde habrían llevado a un grupo de normalistas cuando él estaba en funciones. Desde enero de 2020, este personaje se encuentra asilado en Estados Unidos, y las familias han insistido en su deportación a México.

También exigen la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal refugiado en Israel, señalado por tortura y desaparición forzada y creador de la verdad histórica.

Asimismo, demandan la entrega de los 800 folios que el Ejército tiene en su poder –y que, aseguran, hasta ahora se ha negado a proporcionar–, que pueden contener información relevante para dar con el paradero de los 43 normalistas.

De igual forma, piden que se profundice en la intervención de llamadas telefónicas en las que Francisco Salgado Valladares, subdirector operativo de la policía de Iguala, y Gildardo López Astudillo, ex líder de Guerreros Unidos, se refieren al traslado de 17 estudiantes de barandillas a un lugar llamado Loma de Coyotes, a las afueras de Iguala.

Para las familias “cada día que pasa, la herida se hace más profunda”.

Esta tragedia “nos ha cambiado totalmente, la vida ya no es igual”, expresa Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso, uno de los tres normalistas cuyos restos óseos se han encontrado.

En entrevista, comenta que el desgaste físico de las familias es evidente. En su caso particular, reconoce no tener la misma fortaleza que antes de 2014, cuando era más joven: “No soy el mismo, todo me duele, llevo como nueve años con este zumbido en el oído por el vértigo que me está matando”.

Sin embargo, las madres y padres aseguran que no se darán por vencidos, incluso ya sin el acompañamiento de Vidulfo Rosales, quien dejó la representación jurídica de las familias para incorporarse al equipo del nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz.

Si su renuncia “hubiera ocurrido cuando iniciamos en 2014, sí nos afectaría porque no sabíamos absolutamente nada”, apunta don Clemente, quien resalta que siguen contando con el apoyo legal de los centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez.

“Le tocó lo más difícil (a Vidulfo): estuvo con nosotros bajo la lluvia, el calor y con hambre”, reconoce Cristina Bautista sobre los casi 11 años de acompañamiento del abogado, quien cobró notoriedad nacional e internacional por su labor. Ahora está en su lugar Isidoro Vicario y “la lucha no termina ahí, la lucha va a seguir”, asegura la madre de Benjamín.

Tomado de https://www.jornada.com.mx/