Las manchas del huachicol fiscal

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Una red de corrupción estructural, que vinculaba a militares, empresarios y políticos, operaba con impunidad en los puertos de Tamaulipas. La investigación revela sobornos millonarios y conexiones que alcanzan las esferas más altas del poder

Texto: Redacción Pie de Página, con información de Elefante Blanco

Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – La Fiscalía General de la República (FGR) intensificó las acciones contra una vasta red de contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal, que operaba en los puertos de Tampico y Altamira, Tamaulipas. Las investigaciones revelaron una operación criminal estructurada que involucraba a altos mandos navales, funcionarios de aduanas, agentes portuarios y empresarios, lo que resultó en la detención de múltiples implicados y el decomiso de propiedades y cientos de millones de pesos.

En dos semanas, las acusaciones escalan, y la red parece llegar a altas esferas de la política.

Se destapa la red

El 2 de septiembre de 2025, las autoridades aprehendieron al vicealmirante Manuel Roberto «F» (Farías Laguna), a quien señalaron como el presunto líder de la red —que, según el exdirector de la Aduana de Tampico, se hacía llamar «Los Primos»—. Farías Laguna, quien hasta enero de ese año había sido comandante de la 12.ª Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco, quedó recluido en el penal del Altiplano. En total, detuvieron al menos a once funcionarios portuarios de Tampico y Altamira, entre ellos marinos en activo, exfuncionarios de aduanas y empresarios.

No obstante, las autoridades federales establecieron una distinción en un caso paralelo: el fiscal general Alejandro Gertz Manero afirmó que el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira —a quien hallaron muerto en su oficina el 8 de septiembre— no tenía vínculo con la red de huachicol fiscal. Gertz Manero aseguró que se trataba de un hecho de índole personal y no de un delito federal. Sin embargo, un reporte periodístico señaló que Pérez Ramírez había aparecido en la investigación por presuntamente recibir un soborno de 100 mil pesos por permitir el ingreso de un buque al puerto de Tampico cuando ocupaba el mismo cargo allí.

La gota que derramó el vaso

La desarticulación de esta red se activó tras el histórico aseguramiento de 10 millones de litros de diésel que transportaba el buque Challenge Procyon, los cuales se descargaron en Tampico y se ocultaron en un patio de cargas en Altamira en marzo de 2025. El gobierno federal considera este operativo como el mayor aseguramiento de huachicol fiscal en la historia de México.

El esquema de contrabando era sofisticado: los buques ingresaban con manifiestos falsos que declaraban la carga como «aditivos para aceites lubricantes» —mercancía con una fracción arancelaria menos gravada o exenta de impuestos—, cuando en realidad transportaban diésel. Una vez en tierra, movilizaban hasta 300 pipas en cada operación para descargar el combustible real.

Según las investigaciones de la FGR, la red facilitó la llegada y el desembarco de hasta 31 buques bajo esta modalidad entre abril de 2024 y marzo de 2025. Se documenta que al menos 14 embarcaciones estuvieron vinculadas al esquema.

Las redes de Torres Joaquín

Una pieza clave en la investigación es el capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico, quien se convirtió en testigo protegido de la FGR en mayo de 2025. Torres Joaquín declaró que, entre abril de 2024 y enero de 2025, permitió el desembarque de 14 buques con huachicol fiscal a cambio de un soborno de un millón 750 mil pesos por cada uno. Por estas 14 embarcaciones, el exdirector recibió 24 millones 500 mil pesos en sobornos, de los cuales se quedó con 19 millones 780 mil pesos.

Torres Joaquín detalló que le entregaban los sobornos en efectivo, dentro de decenas de maletas, en una oficina ubicada en el tercer piso de la Plaza Laguna, frente a la laguna del Carpintero en Tampico. Una persona identificada como «Osvaldo y/o Osvel» coordinaba el pago.

Las autoridades también destituyeron o señalaron a otros mandos navales: en mayo de 2025, removieron al almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez de la dirección general del puerto de Tampico (Asipona). Asimismo, señalaron al vicealmirante Salvador Camargo Vivero, exdirector de Asipona Tampico de marzo de 2024 a febrero de 2025, por presuntamente permitir el ingreso de al menos 20 buques con huachicol fiscal. Por el momento, el contralmirante Fernando Farías Laguna, hermano del líder de la red, y el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz se encuentran prófugos.

Los tentáculos llegan hasta arriba

La investigación ha trascendido la esfera militar y aduanera, y expone un engranaje de corrupción institucional con posibles nexos políticos de alto nivel.

La red involucró a agentes navieros, aduaneros y personal de Capitanía de Puerto. La compañía Intanza apareció como la importadora del combustible, mientras que la agencia naviera Altamarítima S.A. de C.V. —cuyo representante legal es Luis Omar Chong López— habría facilitado los trámites de ingreso para 31 buques. Otra empresa, Agencia Rojas Vela y Asociados (Rovesa), inicialmente investigada, negó públicamente tener vínculos con los buches o enfrentar procedimientos legales en su contra.

Un punto de máxima tensión en el análisis es el señalamiento del testigo protegido «Santo» sobre las conexiones políticas detrás de la operación. El muelle 289 (Terminal 11) en Tampico, concesionado a Tampico Terminal Marítima S.A. de C.V. (TTM), propiedad de Saúl Vera Ochoa, fue uno de los puntos donde atracaban los buques. El testigo «Santo» reveló que un almirante le advirtió que tuviera cuidado con los operadores de este recinto fiscal, pues «trabajaban con personas de la delincuencia organizada», y que el dueño, Saúl Vera Ochoa, mantenía lazos y «muy buena amistad con Adán Augusto López Hernández», senador y figura política. Vera Ochoa incluso impulsó la precandidatura presidencial de Adán Augusto López.

La colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) resultó crucial para identificar la magnitud económica del delito, ya que detectó depósitos, retiros en efectivo, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, y contratación de seguros por montos incongruentes con el perfil de los investigados.

El huachicol fiscal en Tampico y Altamira no solo generó pérdidas considerables al erario público por la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), sino que también evidenció una red de corrupción profundamente arraigada que abarcaba desde verificadores fiscales hasta altos mandos navales y, según testimonios, mantenía conexiones con actores políticos cercanos al poder federal. La magnitud total de lo ingresado ilegalmente y el impacto real en el erario aún están bajo escrutinio.

Tomado de https://piedepagina.mx/