SCJN no disputará el poder al Ejecutivo: ministro presidente Hugo Aguilar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no disputará el poder al Ejecutivo federal, asegura su próximo presidente, el ministro electo Hugo Aguilar Ortiz. Consultado por Contralínea sobre la “guerra judicial” o lawfare que se ha desarrollado en países de América Latina para asestar golpes de Estado blandos contra gobiernos progresistas, el abogado señala que eso es una tergiversación de la función judicial que no tendrá lugar en México, pues la misión de la nueva Corte va a ser única y exclusivamente garantizar justicia al pueblo. También indica que se buscará desterrar el derroche, los lujos y dispendios con dinero público; la lejanía del sistema judicial con el pueblo; la corrupción y el nepotismo. Adelanta que habrá plan de austeridad y que nadie ganará más que la presidenta de la República. Y acerca de la relación de la SCJN con la oligarquía, indica: “a los de arriba les vamos a garantizar certeza legal a secas, no con compromisos, no con contubernios ni arreglos en lo oscurito”

Los integrantes del nuevo Poder Judicial de la Federación no tienen el interés de disputar el mando del país al Poder Ejecutivo federal, dice el futuro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, al ser consultado por Contralínea sobre la sombra del golpe de Estado blando asestado desde el sistema judicial.

En países de América Latina con gobiernos progresistas, se ha ensayado con éxito la “guerra judicial” o lawfare, y en México estuvo presente en buena parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador [cuando llegó al extremo de que desde la Suprema Corte se buscó destituir al entonces presidente] y en el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum [cuando, el 6 de noviembre de 2024, una fracción minoritaria en la Corte intentó anular la reforma judicial, pero fracasó]. Por lo que, a partir del 1 de septiembre próximo, el nuevo régimen marcaría un antes y un después en el uso faccioso de la función judicial.

Al respecto, el abogado Hugo Aguilar Ortiz señala que lo primordial para este nuevo sistema será que haya justicia en el país, y no entrar al rejuego político entre los Poderes de la Unión. “El Poder Judicial es uno de los tres poderes, pero creo que sería una tergiversación de su función si entra a disputar el poder. El poder que, digamos, tiene preeminencia en este país es el Poder Ejecutivo. Si el Poder Judicial se concibe como un actor político que busca el poder y no como un actor que debe garantizar la justicia, se estará equivocando de camino”.

El futuro ministro presidente –quien obtuvo 6 millones 195 mil votos en la primera elección popular judicial, del pasado 1 de junio– añade: “al menos, muchos de los que somos integrantes de la nueva Suprema Corte no tenemos ese interés. Yo no soy político. No tengo una carrera política. No aspiro a ejercer el poder. No veo por dónde pueda entrar al rejuego del poder”.

Asimismo, explica que entrar a una disputa con el Poder Ejecutivo sería distraerse de sus funciones. “Nuestra misión, la misión de la nueva Corte va a ser única y exclusivamente garantizar la justicia para el pueblo de México a todos los niveles, con la problemática específica que cada uno tiene y con la especificidad con la que debemos de atender cada uno de los sectores de la sociedad mexicana: desde los empresarios, los dueños del dinero, hasta aquel que no tiene un solo peso. Este es el abanico de personas a las que estará dedicada a atender la Suprema Corte y con una visión de justicia. No debe perderse la Corte de esa apuesta y de ese mandato constitucional que tiene”.

Con ello, los días en los que una facción de la Suprema Corte le disputó el poder al Ejecutivo federal y se confrontó con el pueblo –como el aún ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que llegó a decir que la Suprema Corte era un poder contramayoritario– habrían llegado a su fin.

Plan de austeridad

Los cambios entre un régimen no democrático y el nuevo régimen electo por el pueblo van más allá. La administración de Aguilar Ortiz –el segundo integrante de pueblos originarios que llega al máximo cargo en el sistema judicial, luego de Benito Juárez, el Benemérito de las Américas– buscará desterrar el derroche, los lujos y dispendios pagados con dinero público; acabar con la lejanía del PJF frente al pueblo; luchar contra la corrupción y el nepotismo. El ministro electo adelanta a Contralínea que habrá un plan de austeridad, en el que nadie ganará más que la presidenta de la República.

“Está muy claro que el dinero del pueblo tiene que usarse de manera responsable, de manera congruente con la necesidad de la función que se va a desempeñar. Uno cuando tiene enfrente recursos que no son propios, tiene que usar ciertos principios de manera irrestricta. En este caso, el dinero público tiene que servir para desarrollar de manera eficiente la función pública. Entonces, el criterio que vamos a usar es que todos aquellos gastos que sean necesarios para el buen desempeño de la función de la Corte se van a mantener en la cantidad razonable, que es suficiente para el desempeño eficiente de la función; y todos aquellos gastos que son superfluos, que no sean necesarios para el desarrollo de las actividades de la Suprema Corte, se van a eliminar”.

El maestro en derecho, quien privilegia el uso de prendas confeccionadas artesanalmente por indígenas que el uso de traje sastre, indica que “hay un compromiso que surgió de nuestro diálogo con el pueblo durante todo el proceso electoral, de ganar menos que la presidenta [Sheinbaum], de hacer a un lado los privilegios que se han dado los actuales integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que a ojos de cualquier ciudadano se ve que son innecesarios para el desempeño de la función pública”.

Bajo esos criterios, indica, se podrá reducir en buena medida el gasto que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, indica, sí se cuidará no caer en exceso de austeridad: “sin que esto implique también que por no gastar la Corte no lleve a cabo su función como debe de ser. Entonces, en estos equilibrios vamos a movernos, pero sí con una idea y un compromiso claro de quitar todos los gastos que son innecesarios en el desempeño de la función”.

—¿Es un consenso ya? –se le pregunta–.

—Sí, sí. Todos los que integramos la nueva Suprema Corte ya tuvimos nuestra primera reunión, y todo el mundo está consciente que así debemos de funcionar. Nadie está peleando por un alto salario como el que se tenía. En los privilegios vamos a hacer el plan de austeridad: vamos a revisar en qué rubros vamos a bajarlos, pero todos están de acuerdo que debemos de funcionar con lo mínimo necesario y que los gastos que no son necesarios tendrán que quitarse.

Sobre la lista de privilegios que se ha hecho pública –en la que se señala a los aún integrantes de la Corte de pagar con el erario desde seguros hasta el internet de sus domicilios particulares–, el ministro electo advierte que todo se va a revisar. “Ahora estoy revisando y he visto que efectivamente ya los ministros se bajaron de salario. En 2025, ya están con un salario menor. Eso, pero sí también veo algunos datos que se van a revisar. Por ejemplo, a cada ministro le dan creo que tres celulares, y no hay necesidad de tantas herramientas, uno puede funcionar hasta con el celular personal. Se les da una cantidad para alimentos. Algunos de ellos, a lo mejor es necesario: me pongo como ejemplo que si está sesionando la Corte, va a hacer un receso para alimentos y va a continuar sesionando en la tarde, pues se justifica un gasto de alimentos. Pero si no, todos nosotros en nuestro presupuesto personal destinamos determinado monto para sobrevivir todos los días. No requerimos que lo cubra el erario público”.

Consultado acerca de los seguros de gastos médicos mayores, de vida, de separación individualizada, afirma que también se revisarán. “Entiendo que eso es parte del contrato colectivo que tiene la Corte con muchos de sus trabajadores, y ahí a lo mejor no va a haber posibilidad [de retirarlos], pero por ejemplo para todos los nuevos jueces, magistrados y ministros que vamos a entrar, lo más seguro es que sí haya posibilidades de disminuir ese tipo de gasto”.

Sobre la contratación de asesores externos para las ponencias, aclara que eso dependerá de cada ministro y ministra. Ello, porque la Suprema Corte opera asignando un presupuesto a cada ponencia, y las contrataciones se basan en un tabulador general, donde se apunta el tipo de funcionario y su salario. “Cada ministro decide cómo utiliza ese techo presupuestal: puede ser que alguien contrate más personal de bajo salario y no mucho personal del tope salarial que se tiene en el tabulador. Entonces, vamos a tener algunas ponencias con mayor número de personas u otras con menor número de personas, pero ninguna de ellas sobrepasa su techo presupuestal”.

Este mecanismo, dice el abogado Hugo Aguilar, tiene “la finalidad de que cada ministro cuente con un equipo de su confianza profesional y que pueda desahogar el trabajo que se le encomienda. Vamos a revisar si ese mecanismo funciona, parece adecuado, o sea, de que cada quien tenga una libertad de configuración de su equipo y tenga un techo siempre y cuando no pase de ese techo parece ser que suena lógico, congruente que así pueda funcionar”.

Y considera que si desde la Presidencia de la Corte o el órgano de administración se impone el número o el perfil de quienes integrarán los equipos, cabe la posibilidad de que se entorpezca la labor judicial. “Esto lo vamos a revisar, pero creo que es una buena práctica el dotarles de cierta autonomía de la configuración de su equipo y cómo va a funcionar”.

Aguilar Ortiz refiere que el mecanismo actual no genera gastos adicionales en ponencias específicas, porque es un techo presupuestal parejo: “sin que eso impacte en gastos. O sea, no podemos decir: ‘bueno, un ministro me está pidiendo el 50 por ciento de recursos para poder funcionar cuando otro está funcionando con menos recursos’. La práctica es que todos dispongan de la misma cantidad de recursos”.

Contralínea también le pregunta si seguirán usando los “camionetones” para trasladar a los ministros y ministras, si tendrán séquito de seguridad y bono de riesgo –como se le conoce al pago adicional que instituyó el gobierno de Felipe Calderón–, a lo que el abogado y futuro presidente de la Corte responde: “todo lo vamos a revisar. Lo que me comentan, y lo que estoy revisando ahora con los datos, es que hay vehículos que son propiedad de la Corte y hay algunos que son rentados. Entonces, vamos a revisarlo”.

No obstante, indica: “efectivamente, es muy excesivo algunos vehículos, pero también lo tengo que dialogar con el resto de ministros y ministras porque el tema de seguridad es siempre importante. La función que van a desempeñar los ministros es de gran relevancia y siempre se van a tocar intereses. Y en lo personal, no estaría en la disposición de poner en riesgo a mis compañeros ministros y ministras. Pero al mismo tiempo va a regir el criterio, lo mínimo y lo estrictamente necesario para desempeñar bien sus funciones. Ese va a ser el criterio que vamos a proponer y que vamos a buscar que rija en la actuación de la Corte”.

Acerca de cómo se evaluarán los requerimientos de seguridad de las y los ministros, explica: “la función que vamos a desempeñar implica conocer una diversidad de temas y vamos a tocar también muchísimos intereses. En el tema de seguridad, si es que se requiriera, vamos a pedir la coordinación interinstitucional con los cuerpos de seguridad del país. Hay varios requerimientos de seguridad: uno, es la seguridad a los ministros y ministras; otra, es la seguridad a todo el personal del Poder Judicial, y también la seguridad de sus instalaciones.  Vamos a implementar medidas que sean amigables con la ciudadanía. No va a ser un cuerpo de seguridad que aleje al ministro y que el ministro no pueda saludar, no pueda dialogar, no pueda acercarse a la ciudadanía. Tenemos que encontrar el punto medio suficiente que dé este mensaje de cercanía. Lo mismo en los edificios. No van a ser medidas de seguridad que impliquen molestias excesivas a la ciudadanía”.

Por ello, no pedirán que se cierre la calle aledaña a la sede de la Suprema Corte, ni filtros excesivos para acceder al edificio. Atrás quedará la lejanía: “como que la lógica ahora es que todo el que entra a la Corte ya es sospechoso. Y no, va a ser distinto. Yo creo que todo el que va a la Corte tiene una necesidad de justicia. Ya trae encima la problemática personal o colectiva que lo aqueja, y no podríamos adicionarle una carga más: una sensación de molestia, una sensación de discriminación, incluso. Entonces, vamos a encontrar el punto exacto para garantizar que haya la seguridad debida, pero también que haya la apertura que el pueblo está pidiendo de su Suprema Corte, así sea la más necesaria”.

—El otro reclamo social que nos llevó a este momento de la historia tiene que ver con la corrupción. ¿Se va a investigar la corrupción del pasado? ¿Tiene un plan para atender este punto?

—Sí, tenemos claro que éste es uno de los objetivos centrales de la reforma y no vamos a quitar el dedo del renglón. Afortunadamente, el diseño institucional genera ahora un tribunal que se va a encargar de la investigación y la sanción de este tipo de conductas. Los ministros y ministras estamos obligados a estar vigilantes de todo el personal y de los juzgadores, y daremos parte al Tribunal de Disciplina en caso de encontrar conductas de esta naturaleza. Vamos a mandar el mensaje claro que no vamos a tolerar la corrupción, no vamos a tolerar el nepotismo, la deshonestidad. Vamos a predicar con el ejemplo y vamos a pedir sanciones a quienes incurran en estas conductas. Es importante decir que, si no lo hacemos así, no habrá valido la pena la reforma, ni la nueva integración del Poder Judicial. Si el escenario que estamos tratando de superar continúa con la nueva integración, entonces el esfuerzo que ha hecho el país para dotarse de una nueva integración no habrá funcionado. Esto se lo vamos a estar recordando día con día a los ministros, a los jueces, a los magistrados, a todos en general, pero en particular a quienes resultaron electos en el pasado proceso electoral.

—Ahora están en este proceso de entrega recepción. Si se encuentra algún caso de corrupción que se pueda documentar, ¿se va a dar parte también a las autoridades?

—Así es. Nosotros vamos a dar parte. No tenemos ya las facultades para sancionar en la Corte, pero entiendo que todo lo que está en curso se va a hacer entrega al Tribunal de Disciplina. El Consejo de la Judicatura Federal le va a entregar al Tribunal de Disciplina todos los casos que estén bajo investigación, y vamos a estar vigilando de que se cumpla con la normatividad y se sancione quien haya cometido una conducta irregular.

—¿Pero se va a revisar la actuación de los ministros y ministras que dejan el cargo? –se le pregunta–.

—Nosotros como ministros va a ser difícil hacer ese trabajo; eso corresponderá al Tribunal de Disciplina. Si nosotros al revisar los expedientes vemos una evidente negligencia, tendremos que dar vista al Tribunal de Disciplina la posibilidad de sancionar estas conductas. Entiendo que antes era más flexible la norma, no había una norma que dijera: “tienes que resolver este caso en seis meses”, como ahora lo establece en casos penales y casos fiscales. Entonces, también va a ser muy difícil fincar una responsabilidad por el atraso, el simple transcurso del tiempo. Tenemos que encontrar conductas mucho más severas o más violatorias de la norma y que puedan ser en su momento sancionadas. La norma anterior no tenía estos parámetros temporales dentro de los cuales debía de moverse la Suprema Corte y, en general, todo el Poder Judicial. Entonces por eso es que hay juicios que tienen 30 años en los tribunales y no se han resuelto.

­­—¿Cómo va avanzando el proceso de entrega recepción de la vieja Corte, ahora ya casi en sus últimos días, y la nueva Corte?

—Bien, muy bien. Se integraron dos equipos: un equipo de la actual composición que instruyó la ministra Piña, y otro equipo que integré junto con otros ministros y ministras. Ambos han estado en interacción permanente, recibiendo la información de toda la función judicial, todos los expedientes y toda la información de cómo está organizada la Suprema Corte. Hemos recibido la información y se está analizando. Es decir, vamos a llegar con una imagen clara de cómo está la Suprema Corte para el primero de septiembre.

—En procesos de transición –este es el primero que toca al Poder Judicial, pero en el Ejecutivo, en el Legislativo– a veces se encontraban con sorpresas: desde que se robaron todo el mobiliario, que llega la nueva administración y no hay nada, hasta que se robaron expedientes. ¿Se va a vigilar eso también?

—Sí, sí. Ahorita nos están proporcionando toda la información, pero no tenemos una entrega física. Eso ocurrirá hasta el día primero de septiembre. Es decir, nosotros tenemos cuántos expedientes, cuántos asuntos están, qué número, en qué materia son. Tenemos una idea de cuántas salas funcionaron, qué personal tienen, pero hasta el día primero de septiembre podremos verificar si cada una de esta información que nos están proporcionando existe realmente y en qué condiciones están. Los vehículos, el mobiliario, los edificios, lo habremos de revisar una vez que tomemos posesión. El primero de septiembre vamos a recibir un acta de entrega-recepción y tendremos un plazo de hasta 30 días para hacer observaciones y para verificar lo que recibimos y el estado en el que lo recibimos.

—En el tema del nepotismo, hay muchos estudios incluso que hizo el propio Consejo de la Judicatura Federal, en su momento, donde se revela que este es un problema importante dentro del Poder Judicial. ¿Ahí cómo se atendería?, porque finalmente hay trabajadores y trabajadoras que ya adquirieron de alguna manera derechos y tienen –como Poder Judicial– una responsabilidad sobre esas personas.

—Sí. El compromiso de combate al nepotismo es desde el primero de septiembre para adelante. No va a haber nepotismo en la nueva integración del Poder Judicial, no va a haber nepotismo en los ministros, en los jueces. Ese es el exhorto que vamos a hacer y es la vigilancia que vamos a tener.

—¿Pero entonces no se tomarían acciones, digamos, contra quienes ya están dentro?

—Vamos a revisar, pero es muy difícil porque hay muchas hipótesis, muchas posibilidades. Hay algunos que por méritos propios llegaron. Obviamente, tocará al Tribunal de Disciplina revisar este asunto, si es digamos posible revocar nombramientos o eliminar situaciones ya creadas; pero como usted dice, ya son situaciones que llevan años en el Poder Judicial, ya tienen derechos, hay una contratación. Es decir, cuando se hizo la normatividad permitía la realización; es decir, no son actos totalmente arbitrarios, sino que tienen sustentos legales. Entonces, lo que sí vamos a cuidar es que de ahora en adelante no se den estos casos de nepotismo.

—Otro de los reclamos del pueblo a este Poder Judicial tiene que ver con los intereses que se defienden. Y hay una larga historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación muy aliada de intereses oligárquicos. Ahí, ¿cómo va a funcionar esta búsqueda de crear una nueva justicia para el pueblo de México?

—Lo que hemos estado planteando es que la nueva Suprema Corte va a tener puertas abiertas, va a dialogar con todos.

—¿Incluidos los oligarcas?

—Incluidos los oligarcas, incluidos ellos, o sea, son parte de este país y vamos a dialogar. Pero también está claro que no va a haber oportunidad para arreglos, arreglos debajo de la mesa, arreglos en lo oscurito, compromisos con algún sector en especial, con nadie. O sea, va a ser una Corte dialogante con todo mundo, tanto la clase empresarial, la clase de arriba, como fundamentalmente los de abajo. Y a los de arriba les vamos a garantizar certeza, certeza legal a secas, no con compromisos, no con contubernios. Negocios, concesiones, contratos, todo lo que haga la clase empresarial que no cumpla con la normatividad mexicana, no se van a validar. Pero todos aquellos negocios que cumplan con la norma ambiental, con la norma social, con la norma de derechos indígenas, no va a haber forma también de invalidarlos. Y hacia abajo, además de puertas abiertas, una actitud de apoyo, de ayuda, de garantizar el acceso a la justicia.

El futuro ministro presidente de la Suprema Corte afirma: “sí, vamos a contribuir de manera fundamental en que la justicia sea un derecho y no un privilegio. Quienes no tienen recursos para acudir a la Corte, la Corte va a activar su suplencia de la queja, va a activar este enfoque social que les garantiza a ellos el goce de sus derechos fundamentales. Esta va a ser la actuación de la Corte. Todo arreglo en lo oscuro, todo compromiso que se haga con quien sea, con el sector que sea, vamos a denunciarlo y a sancionar”.

—En este esquema de puertas abiertas, ¿cómo generar sensibilidad? Porque otro de los reclamos, y creo que ese fue muy público, es que el Poder Judicial era un ente de oídos sordos.

—Claro. Yo advierto, esa es mi percepción, que todos aquellos que pasamos por una campaña electoral tenemos la sensibilidad. Todos los que fuimos a campo, escuchamos testimonio de la gente de su experiencia con el sistema de justicia y no es positiva. Quien haya ido a campaña, quien haya estado con la gente, no puede decir que llega al poder, llega a ser juez y tenga la capacidad de ignorar eso que recogió en campaña, eso que vio en campaña. Por primera vez los abogados y muchos jueces, magistrados, que estaban en funciones salieron a la calle, enfrentaron a la gente, asumieron el reto de pensar qué decirle a la gente y de escuchar lo que la gente siente, piensa y lo que la gente le duele. Entonces, hay ahorita la sensibilidad de buscar una nueva perspectiva en la justicia mexicana. Si nosotros no mantenemos este contacto con la ciudadanía, estoy seguro que en poco tiempo se pierde esa sensibilidad.

“Si el juez, el magistrado o el ministro permite que lo absorba la carga de trabajo, y asume que su tarea nada más es dictar sentencias y cumplir con la ley a secas, sin compromiso social, sin buscar la transformación de vidas, de colectividades, vamos a regresar al esquema anterior. O sea, la sensibilidad, como usted la plantea, es crucial. La norma es genérica es abstracta, es impersonal, y entonces permite un abanico de posibilidades en su interpretación: yo puedo quedarme con la literalidad de la norma, aunque la literalidad de la norma ya esté desfasada y no atienda la realidad que estoy buscando resolver; o puedo hacer una interpretación del espíritu de la norma, del contexto actual en la que la norma se va a aplicar, y entonces moverme de un extremo a otro, dándole una perspectiva social a lo que yo resuelva. Esta es la apuesta que hoy tenemos, cómo movernos. No es que la ley va a dejar de ser la ley, no. La ley seguirá siendo la ley. La Constitución seguirá siendo nuestra Constitución. Y el mandato de la Corte es garantizar certeza jurídica con base en la Constitución y en la ley, pero la Constitución y la ley se interpretan. Y lo que nosotros estamos proponiendo como nueva actitud de la Corte es cambiar la perspectiva en la interpretación de la norma, es ser más comprensivo de la realidad que buscamos atender.

El ministro electo Hugo Aguilar considera que, si la justicia en México no da este giro, “no habrá valido la pena el ejercicio de poner jueces, magistrados y ministros más sensibles a la realidad que estamos juzgando. Necesitamos soluciones mexicanas para la realidad mexicana. El ministro, el juez o el magistrado puede ser un experto en las teorías jurídicas contemporáneas vigentes en otras latitudes, pero si esa teoría jurídica no aterriza a la realidad mexicana, vamos a tener una Corte alejada de la problemática social, y vamos a seguir acumulando inconformidades y agravios en la sociedad”.

—Y sobre este asunto, ¿cómo mantener también ese equilibrio entre atender la carga de trabajo y al mismo tiempo atender a la gente?

—Vamos a encontrar los equilibrios. Primero vamos a seleccionar los casos emblemáticos de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de medio ambiente, de niñez; los casos que requieren un criterio jurisprudencial, una orientación tanto a la sociedad como a las autoridades del rumbo que debemos de seguir. Y entonces vamos a poner en alta prioridad estos temas y dialogaremos con los actores involucrados en esos temas, tanto gubernamentales como no gubernamentales. El medio ambiente, por ejemplo, ya no aguanta más: algo tenemos que hacer, y la Corte debe de aportar algún criterio para detener el deterioro ambiental, el deterioro de los ríos, de los manantiales. Entonces, vamos a propiciar audiencias públicas para dialogar, para ver cuánto del recurso público podemos invertirle, para revertir así sea un centímetro de río saneado, así sea una pequeña porción de bosque que no se devaste. Algo tenemos que hacer. Y obviamente, vendrá un conjunto de temas en donde están involucrados intereses particulares y los iremos atendiendo también, pero en un segundo nivel.

“Si nosotros priorizamos y distribuimos bien las cargas de trabajo entre todos los ministros, si además contribuyen los jueces, y si además le sumamos que vamos a promover un federalismo judicial, que los jueces locales también hagan su papel, estoy seguro que vamos a cambiar el rostro del país. La sola intención de hacer las cosas diferentes, más comprometidas con la sociedad, con el medio ambiente, puede generar un nuevo rostro en la sociedad. No estoy diciendo que esté garantizado. Hago incluso esta convocatoria a todos los que vamos a entrar a la función pública. Vuelvo a repetir, si en un año todos nosotros nos encerramos en nuestras oficinas, perdemos contacto con la realidad, no vamos a campo, se acabó. Vamos a terminar siendo lo mismo que cuestionábamos.”

Contralínea también le pregunta sobre el consenso que generó en muchos sectores sociales su candidatura, que reivindicó su origen indígena; consenso que le dio en las urnas una amplia ventaja respecto del resto de las ministras y ministros electos, y que sea el primer presidente de la Suprema Corte que llega por voto popular. Hugo Aguilar Ortiz responde: “para mí es muy importante el principio democrático, el significado de darle su valor al pueblo, de confiar en el pueblo y de encontrar eco en el pueblo. Eso es lo que me ocurrió. Como le decía, no soy político; pero cuando decidí entrar al proceso electoral, lo hice en compañía de liderazgos indígenas y de autoridades indígenas, quienes venimos reflexionando que los pueblos requerimos un espacio en las instituciones que toman decisiones fundamentales del país. Y construir la propuesta desde lo que soy, desde lo que he trabajado y la perspectiva que tenemos para el país desde los pueblos y comunidades indígenas. Y felizmente la propuesta generó mucha simpatía en comunidades indígenas.

—Y fuera de comunidades indígenas –se le comenta–.

—En un segundo momento, fuera de comunidades indígenas, con trabajadores. Hablé con sindicatos, hablé con personas que son jornaleros agrícolas, que son trabajadores y trabajadoras de la maquila en Tamaulipas, por ejemplo. Entonces, la propuesta de mirar la justicia con otra perspectiva de hacerla más humana, cercana a la gente, quitar este velo de que el juzgador y el ministro es un ser superdotado que lo sabe todo y que puede estar encerrado en cuatro paredes porque así garantiza autonomía e imparcialidad, pues es una invención, es una ficción jurídica. La justicia real tiene que llegar de la construcción de personas y sujetos reales, teniendo una comunicación real y atendiendo el contexto y la realidad de las cosas. Eso es lo que yo fui a ofrecer y eso es lo que vamos a  proponer y vamos a hacer todos los días a partir del primero de septiembre.

Aguilar Ortiz confiesa que “la reacción que tuvo el pueblo el día primero de junio hacia mi persona fue muy grata. En algún momento a mí me sorprendía, digamos, cuando íbamos a la mitad de la campaña, me sorprendió el nivel de aceptación que tenía. Ya en los últimos 15 días yo sabía que podía disputar la presidencia de la Corte.

­—¿Sí lo supo?

—Sí, sí, porque vi las encuestas que se hacían aquí en la ciudad y yo decía: “todavía hay un grueso de ciudadanos simpatizantes de mi candidatura que no están reflejados en la encuesta, porque el encuestador, no llega hasta zonas indígenas o rurales”. Ahí la población no cuenta con un teléfono celular para que reciba una llamada y conteste una encuesta. Y veía en las comunidades una gran reacción, un trabajo constante porque hicieron suya la candidatura. Ellos iban promoviéndome de voz en voz. Por eso ahora con eso de las sanciones [del INE] por los acordeones, yo digo: “oye, pues mi acordeón fue verbal”.  O sea, la gente iba diciendo que tenían que votar por el número 34. En muchos lugares de las comunidades no hicieron un acordeón físico. Fue verbal en las asambleas, en las fiestas, en el campo, en el cultivo, se iba comunicando la necesidad de votar por un hermano indígena. Así es que realmente a mí me están cometiendo la más grave de las injusticias al sancionarme por una cosa que no ocurrió.

—¿Cuál es la estrategia sobre esa sanción del INE? Ya escuchábamos a la presidenta Sheinbaum también decir que falta la visión del propio Tribunal Electoral, y que hay una contradicción en lo que decide el INE.

—Vamos a impugnarla. La verdad, no entro en sus parámetros. Yo no sé de dónde sacan el porcentaje, nos están multando según vi, en la prensa apenas vi la prensa que nos están multando con un 10 por ciento del tope de campaña. ¿Eso con base en qué? ¿Qué pruebas tienen de que ordené hacer esos acordeones? No tengo estructura. Yo no tengo gente que pudiera yo decirle: “oyes, ahí te mando 1 mil, 2 mil acordeones, distribúyelos”. Yo contacté un montón de gente, la gente hizo promoción verbal del número 34, por afinidad étnica, por afinidad discursiva y de lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, vamos a impugnar. No me parece justa la resolución del INE. Los votos que yo tuve fueron votos de la ciudadanía que contacté y que se generó a través de las redes que construimos, pero no fue producto de alguna orientación específica.

—Hay otro importante y tiene que ver con las pensiones de la cúpula del Poder Judicial. ¿Ahí van a hacer algo, van a revisar?

—Mira, tenemos una base constitucional muy sólida a favor de ellos, incluso todavía en esta reforma constitucional se estableció que quienes se acogieran a su haber de retiro hasta antes del inicio del proceso electoral, antes de la emisión de la convocatoria, van a ser beneficiarios de este haber de retiro. Es norma constitucional, es mandato del constituyente, entonces va a estar muy difícil pensar lo contrario. Lo ético, lo deseable sería que sean los propios ministros quienes digan: “oye, lo justo es tanto y devuelvo la cantidad sobrante”. Esto no va a ocurrir, no va a ocurrir en medio de una sociedad que se pondera sobre manera el tener dinero, el tener comodidad, el tener riqueza. Es una cosa que yo he venido denunciando en cierta medida. Esta sociedad no promueve que se valore la vocación de servicio, el espíritu de servicio, el valor ético, el valor moral, la estatura que debe tener alguien que hace bien su trabajo. No, esta sociedad pondera mejor quien tenga dinero, quien tenga un estatus económico, una cuenta bancaria lo suficientemente abultada, es lo que esta sociedad pondera y es lo que estamos viviendo. Entonces, es difícil pensar que alguien que tenga un haber de retiro que rebase la cuantía establecida por la Constitución, renuncie a este a este haber. Es muy difícil pensar en eso y, bueno, es una norma constitucional y es difícil que nosotros podamos hacer algo.

—En otro tema, ¿habrá algún tipo de acercamiento particular con los pueblos originarios?

—Sí. Vamos a estar en diálogo constante y directo con ellos. Quizás reciba críticas, pero soy indígena, me debo al movimiento. He trabajado por 30 años para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas que, vale decirlo, aunque sea de paso, son un sector de la sociedad no solo vulnerable, no solo excluido, sino en completo atraso, en la pobreza más lacerante que pueda existir en el país. Y no hay duda que requieren muchas acciones para acceder a mejores condiciones de vida, y desde luego necesitamos también contribuir con la construcción de una sociedad más justa y que les dé un trato digno a los pueblos indígenas. Entonces, desde cualquier posición que yo esté, vamos a seguir trabajando por los pueblos indígenas. Y ahora obviamente como presidente de la Corte debo de atender también a toda la ciudadanía, a todo el país pero siempre vamos a dar énfasis a la atención de pueblos indígenas.

—¿Algún mensaje final para nuestra audiencia de Contralínea?

—Decirle a toda la ciudadanía que tengan confianza en que la Corte va a cumplir el objetivo que motivó la reforma constitucional; que la nueva Suprema Corte, producto de la voluntad popular, tiene claro el objetivo de generar cambios para que los sectores excluidos de este país accedan a la justicia finalmente. Esta va a ser la apuesta de todos los días de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a todos aquellos que ya de por sí tienen la capacidad económica, la capacidad técnica para acudir a la Corte, tengan la plena seguridad que van a tener una Corte que va a brindar certeza jurídica a todos aquellos que acudan a ella y que cumplan con la normatividad. Esta va a ser la nueva tarea de la Corte, eso sí, sin arreglos en los oscurito, sin acuerdos previos, sin ningún compromiso más con la justicia y con el bienestar del país.

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