Sinaloa; guerra intestina entre facciones del cartel

El otrora monolítico Cártel de Sinaloa, conocido por su estructura jerárquica y su alcance global, se encuentra hoy sumido en una profunda y brutal contienda interna. Lejos de las confrontaciones tradicionales con cárteles rivales o fuerzas de seguridad, la entidad criminal que por décadas operó con una relativa cohesión interna, ahora desgarra sus propias entrañas en una lucha fratricida por el poder y el control territorial. Esta implosión, lejos de debilitar de raíz al crimen organizado, reconfigura el paisaje de la violencia en México y proyecta sombras ominosas sobre la estabilidad del estado de Sinaloa y más allá.

La génesis de esta guerra intestina se remonta a la captura y posterior extradición de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera a Estados Unidos. Su ausencia dejó un vacío de poder que rápidamente se disputaron sus hijos, conocidos como «Los Chapitos» (Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, junto a Ovidio Guzmán López), y la facción liderada por Ismael «El Mayo» Zambada García, el enigmático cofundador que ha evadido la captura por décadas. A este conflicto inicial se sumó, en su momento, la pugna con Dámaso López Núñez, «El Licenciado», quien también aspiraba al liderazgo y generó una fase particularmente virulenta antes de su detención. La lucha actual, aunque multifacética, se centra predominantemente en la imposición de una nueva hegemonía, donde «Los Chapitos» buscan consolidar su control frente a la autoridad histórica y el pragmatismo de «El Mayo», generando una inestabilidad sistémica.

Las consecuencias de esta fricción interna son palpables y devastadoras. La violencia ha escalado a niveles sin precedentes en regiones clave de Sinaloa, con enfrentamientos armados a plena luz del día, extorsiones, secuestros y desplazamientos forzados de comunidades enteras. Los métodos empleados por las facciones son cada vez más despiadados, empleando tácticas de terror para someter y consolidar territorios. Las líneas de lealtad se difuminan, y los actores locales, desde narcomenudistas hasta políticos, se ven obligados a tomar partido, alimentando un ciclo interminable de venganza y represalias. La disputa por rutas de trasiego de drogas, el control de la producción de fentanilo y metanfetaminas, y la expansión de actividades ilícitas como la extorsión y el robo de combustible, son el motor económico que retroalimenta la barbarie.

Desde una perspectiva crítica, la incapacidad del Estado para contener esta fragmentación interna del Cártel de Sinaloa es alarmante. La estrategia de «descabezamiento» del crimen organizado, que en teoría busca debilitarlo con la detención de líderes, ha demostrado ser un arma de doble filo, generando vacíos de poder que son llenados por fuerzas aún más violentas y desorganizadas. La respuesta gubernamental, a menudo reactiva y enfocada en operativos específicos, no ha logrado desmantelar las redes financieras ni las estructuras operativas que permiten la persistencia del conflicto. La falta de un enfoque integral, que incluya el fortalecimiento institucional, la construcción de oportunidades económicas y la pacificación social, condena a la población de Sinaloa a vivir bajo la sombra de esta guerra perpetua, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el Estado de derecho. La dinámica actual no es meramente una lucha criminal, sino un síntoma de una profunda crisis de gobernabilidad y seguridad que permea en la sociedad mexicana.

En síntesis, la guerra intestina del Cártel de Sinaloa representa una fase crítica en la evolución del crimen organizado en México. Lejos de la imagen de un grupo unificado, su fractura interna ha desatado una ola de violencia que reconfigura el mapa criminal y exacerba el sufrimiento humano. Mientras las facciones luchan por el control, la sociedad se encuentra atrapada en un fuego cruzado, sin vislumbrar un fin a la espiral de brutalidad. La pacificación de Sinaloa y la contención de esta virulencia interna no solo requieren una estrategia de seguridad robusta, sino una reevaluación profunda del enfoque estatal hacia el fenómeno del narcotráfico, reconociendo que la desarticulación de cúpulas sin una estrategia de contención de la violencia residual solo siembra nuevas semillas de caos.

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