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(25 DE JUNIO, 2025).-La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió no ejercer su facultad para atraer el amparo promovido por Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el que buscaba anular la orden de aprehensión girada en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos, cometidos durante la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La decisión fue firmada el pasado 13 de junio por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, presidenta de la sala, y notificada esta semana. En el acuerdo se instruye devolver el expediente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, para que continúe con el estudio del amparo y emita una resolución definitiva.
Zerón, actualmente prófugo en Israel, promovió el amparo argumentando la inconstitucionalidad del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), al considerar que no establece con claridad los requisitos de “necesidad de cautela” para librar una orden de aprehensión.
El tribunal colegiado había solicitado a la Corte, en agosto de 2023, reasumir su competencia originaria debido a la relevancia constitucional del asunto, dado que no existe hasta ahora jurisprudencia del máximo tribunal sobre ese artículo.
No obstante, la Corte declinó conocer del caso, con lo que será el tribunal colegiado quien deberá resolver si confirma, modifica o revoca la negativa de amparo previamente dictada.
La orden de aprehensión en contra de Zerón fue emitida el 23 de abril de 2021 por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, y ratificada el 17 de noviembre de 2022 por la jueza Luz María Ortega Tlapa. Se le acusa de haber dirigido el interrogatorio y tortura de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, presunto integrante del grupo Guerreros Unidos, durante su detención en enero de 2015.
Según los registros judiciales, Zerón trasladó de forma irregular al detenido desde Morelos hasta la Ciudad de México, donde lo sometió a un interrogatorio videograbado, en el que se le observa encapuchado, esposado y bajo coacción, en instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Un video de dicho interrogatorio fue revelado en 2020 por el medio Milenio.
Zerón sostiene que no fue citado previamente por la Fiscalía General de la República (FGR) para ejercer su derecho de defensa y que no existen pruebas concluyentes de que haya ordenado o cometido actos de tortura. También argumenta que el dictamen psicológico sobre la víctima no identifica claramente a los autores de los malos tratos.
El caso de Tomás Zerón representa uno de los capítulos más controversiales del expediente Ayotzinapa, señalado como artífice de la llamada “verdad histórica” durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. México ha solicitado su extradición a Israel desde 2021, sin que hasta el momento se haya concretado.
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Tomado de https://elchamuco.com.mx/
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