El segundo mandato del presidente Donald Trump se ha caracterizado por ataques crecientes contra medios de comunicación que considera sesgados. Si bien anteriormente emprendió acciones legales contra empresas de medios individuales como ciudadano privado (demandando a Meta, X, ABC News y CBS), ahora aprovecha el poder de la presidencia para atacar a los adversarios percibidos.
Esto incluye que la FCC, bajo su administración, inicie investigaciones sobre NPR y PBS (con respecto al reconocimiento de patrocinadores), CBS («distorsión de noticias»), ABC (manejo del debate Harris-Trump) y Comcast (iniciativas de diversidad). Sin embargo, la acción más significativa es la orden ejecutiva de Trump destinada a desfinanciar a NPR y PBS, citando su contenido como «no justo, preciso o imparcial».
Esta orden ejecutiva ordena a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB) que cese toda financiación para NPR y PBS. Si bien NPR recibe solo alrededor del 1% de su presupuesto directamente del gobierno federal, la financiación indirecta de fuentes federales, estatales y locales representa casi el 10% según Influence Watch. NPR, junto con tres estaciones de radio públicas de Colorado, ha presentado una demanda impugnando la orden ejecutiva.
La demanda argumenta sobre múltiples bases. Primero, sostiene que la orden ejecutiva viola la Ley de Radiodifusión Pública de 1967, que estableció la CPB como intermediaria entre el Congreso y los medios públicos para evitar la interferencia del gobierno. La demanda afirma que el Presidente carece de la autoridad para dictar decisiones de financiación a la CPB, un poder reservado para el Congreso.
Segundo, y más críticamente, la demanda alega una violación de la Primera Enmienda. La justificación declarada de Trump —que NPR y PBS transmiten «propaganda de izquierda»— constituye discriminación de punto de vista, la forma más grave de restricción basada en el contenido. La demanda argumenta que la administración no solo está atacando el tema de las noticias, sino específicamente los puntos de vista expresados, lo que representa una represalia de libro de texto y discriminación basada en el punto de vista.
Esta discriminación de punto de vista, argumenta la demanda, es presuntamente inconstitucional. La Primera Enmienda protege contra los intentos del gobierno de silenciar las críticas mediante la financiación o desfinanciación selectiva de los medios en función de sus puntos de vista. El éxito de la demanda depende de que los tribunales reconozcan las acciones de la administración como un intento flagrante de reprimir las voces disidentes, una amenaza a la libertad de expresión de todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación política. El resultado tendrá implicaciones significativas para la relación entre el poder ejecutivo y los medios públicos, y la protección más amplia de la libertad de expresión en los Estados Unidos.
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