La ruptura Salinas-Zedillo por el control del poder criminal

El quiebre entre los sexenios de Salinas Gortari y Ernesto Zedillo se dio no sólo por el encarcelamiento de Raúl Salinas en 1995 –al hermano incómodo se le acusó de lavado de dinero del narcotráfico y del asesinato de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu–, sino por la forma en cómo el zedillismo manejó temas como la seguridad nacional y la seguridad pública, los presuntos vínculos de su familia política y su círculo cercano con las organizaciones del crimen trasnacional, la relación bilateral con Estados Unidos, y los enfoques y políticas sobre las fronteras; mientras que en el orden socio-económico no hubo ruptura: continuó con el régimen neoliberal y las privatizaciones, además de los rescates de los más ricos. Además, profundizó la alianza criminal PRI-PAN, dándole una proyección transexenal y, por tanto, el proceso de captura del Estado por una red de corrupción e impunidad. Finalmente, Zedillo entregó el poder al PAN para su propia protección y para que investigaran al expresidente Carlos Salinas del desvío de recursos públicos de la conocida Partida Secreta

Respuesta de Montesquieu a Maquiavelo:

“Cuando la honestidad pública es desterrada del seno de las cortes, cuando en ellas la corrupción se exhibe sin pudor, jamás penetra, no obstante, sino en los corazones de aquellos que se acercan a un mal príncipe; en el seno del pueblo el amor por la virtud continúa vivo y el poder de este principio es tan inmenso que basta con que el mal príncipe desaparezca para que, por fuerza misma de las cosas, la honestidad renazca en la práctica del gobierno al mismo tiempo que la libertad” (p. 215)

Ernesto Zedillo llegó a la Presidencia de la República después del asesinato del candidato oficial del partido en el poder, Luis Donaldo Colosio, con todo el bagaje de conflictividad que ello encierra y que perduró durante el gobierno siguiente. La ruptura que hubo dentro del grupo en el poder hacia el final del mandato de Carlos Salinas, debido a que un grupo de interés paralelo descompuso el proceso sucesorio manejado por el presidente, al disputarle realmente a fondo la elección del candidato, y una vez electo, el triunfo y llegada al poder mismo pasó a constituirse como uno de los macro factores de conflicto político heredado en el siguiente sexenio de Ernesto Zedillo. La sucesión presidencial se solventó, el magnicidio seguía rodeado de misterio y de interrogantes. Además, la administración del doctor Ernesto Zedillo inició con una aguda crisis financiera y un proceso de rescate del gobierno de EU, lo que la dotaba de una vulnerabilidad externa pocas veces vista.

En distintos países o ámbitos académicos a los partidarios de las teorías y doctrinas económicas convertidas en políticas públicas de perfil neoliberal, se les denominan “neoconservadores”, “neopols” o tecnócratas, que tomaron el poder en México a partir de 1982 y lo conservaron efectuando un golpe de Estado técnico en 1988, entre ellos el doctor Ernesto Zedillo, egresado de la Universidad de Yale en los EU.

Fueron mucho mayores las continuidades en los trazos principales de orden socio-económico en el sexenio zedillista con relación a la administración salinista, que las rupturas. En algunas áreas como la seguridad y sus instituciones, sí son claramente detectables las discontinuidades, hay testimonios de actores directos en tal sentido, que abordamos después en este texto. Pero en el tema de la seguridad nacional, vinculado a las organizaciones del crimen trasnacional, a las relaciones bilaterales con EU, a los enfoques y políticas sobre las fronteras, tan sensibles en los círculos de poder de Estados Unidos, Ernesto Zedillo fue mucho más circunspecto que Carlos Salinas: “el principio rector de la política de seguridad nacional y de la política exterior es fortalecer la soberanía. Los objetivos, estrategias e instrumentos que una y otra utilicen deberán subordinarse a ese principio”, podía leerse en el Plan Nacional de Desarrollo zedillista. En ése, tales variables eran claramente percibidas como “amenazas modernas a la seguridad nacional”. Pero no estaba vinculado al tema del desarrollo nacional, como desde hace tiempo lo concibe, por ejemplo, los documentos doctrinarios del Ejército Mexicano. Seguridad y desarrollo, dicen.

Para Ernesto Zedillo, eran compartimentos separados, por el manejo dispar que les dio. Trató de ser eficiente en la economía, aunque fue brutal y destructor, pero en la política y especialmente en el tema de la seguridad nacional, criminalizó el poder presidencial, siguiendo en la línea de su antecesor. No ha respondido por ello.

La estrategia de combate a la criminalidad trasnacional del presidente Zedillo tuvo sus particularidades, que algunos especialistas afirman evidenció como base esencial el carácter punitivo como enfoque predominante de la seguridad; en otros casos se afirma, que fue de carácter selectivo: la idea principal era “descabezar” a las organizaciones: “durante el mandato de Zedillo se creó una nueva estrategia para combatir al narcotráfico, que pretendía hacerles frente de forma selectiva y que prevalecería tras la alternancia. La estrategia que se instauró se enfocaba en utilizar los servicios de inteligencia para capturar a los líderes de los diferentes cárteles, y se esperaba que –una vez cortada la cabeza– toda la estructura de la organización se desmantelara. Algunos, capos y líderes fueron aprehendidos durante ese periodo: Juan García Abrego, líder del cártel del Golfo; Oscar Malherbe, sucesor de García Abrego en el mismo cártel; entre otros” (Nava: 2012).

Adicionalmente, Ernesto Zedillo creó un órgano nacional de combate a la delincuencia; en 1995 surgió el Sistema Nacional de Seguridad Pública; un híbrido organizacional que integró a la clase política, principalmente a los gobernadores, con el aparato federal y estatal de procuración de justicia, con la participación de las fuerzas armadas. Este organismo es el eje rector de las instituciones federales y principal articulador de los agentes de la política federal, estatal y municipal. Este ha sido el más notorio cambio en todos los niveles y a partir de este “sistema” se articula la política gubernamental (Alvarado, Mendoza, Colmex, 2014).

Pero observar, bajo un enfoque equivocado de que el crimen era uno sólo en sus formas y naturaleza, y que debía combatirse con seguridad pública. Esto predomina hasta el presente. En sentido estricto no es así.

Esta estrategia pronto mostró sus fuertes limitaciones ante el carácter estructural del fenómeno. La torpeza y el estropicio causado al país consistió en que se consideraba que “el descabezamiento selectivo” constituían golpes contundentes al fenómeno del crimen trasnacional organizado desde México. Si bien era el enfoque predominante. No hubo capacidad de un enfoque alternativo. El reclutamiento se incrementó durante dicho sexenio en aproximadamente 25 mil efectivos más. Fox aumentó otros 30 mil. Zedillo al igual que Salinas, trató de asumir un perfil reformista en la materia, como táctica aparencial del manejo real. Otro aspecto fallido, fue el aumento cuantitativo de la fuerza militar. Se veía claramente que estaban “dando golpes de ciego”.

La DEA y el Departamento de Justicia estadunidense se pusieron a la cabeza de la fuerte presión sobre México para avanzar en el tema del narcotráfico, evidenciada con el secuestro y posterior liberación del doctor Álvarez Machain, quien, junto con el exprocurador de Salinas, Enrique Álvarez del Castillo, Manuel Bartlett y el general Juan Arévalo Gardoqui, eran muy cuestionados como cómplices y protectores de líderes del narcotráfico hacia EU, por ambas organizaciones (DEA y gobierno). La primera, además, ofrecía una imagen de las autoridades mexicanas como carentes de competencias e instrumentos para desarrollar su rol en la lucha contra el crimen trasnacional. Esas carencias de la estrategia mexicana se subsanaban con tortura extrema, practicada en forma generalizada.

El entonces jefe de la DEA afirmaba, que los métodos usados por dicha agencia podían escandalizar, pero: “más de un funcionario estadunidense señaló que antes de disminuir ese tipo de presión sobre México ´se debe considerar que en ese país la intervención de líneas es ilegal, las leyes conspirativas no existen, la policía no puede usar informantes confidenciales, no existe un programa de testigos protegidos, y el lavado de dinero no es un crimen” Lo anterior fue expresado en 1996 por el director de la DEA, Thomas Constantine, en una audiencia ante el senado” (Enciso, Samuel: 2008, 47).

Pero tal administración heredó también grandes pendientes: el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, el de Luis Donaldo Colosio, la guerra contra el EZLN y los agudos desajustes cambiarios y financieros. Considero que no se ha explorado a fondo, en el caso del asesinato de Colosio, la variable representada por el crimen trasnacional y sus muy diversos vínculos con la clase política, y especialmente con la familia del presidente Salinas, y a través de él mismo, con el grupo en el poder, sea en un rol como brazo ejecutor, o cómo cómplice político con intereses muy poderosos y específicos por promover en el sexenio siguiente, o ambas.

La concentración en la guerra interna basada en la doctrina contrainsurgente, para el caso de los grupos armados, durante dos décadas, fue una orientación doctrinaria que emanaba de la Escuela de la Américas en EU, en la que se adiestraron y capacitaron numerosos contingentes del ejército mexicano, policías, y de la aún limitada inteligencia mexicana, pero sólidamente adoctrinados en el anticomunismo más salvaje, lo que provocó los mayores crímenes del gobierno mexicano durante las décadas de 1950, 1960 y 1970 de actividad febril contra “el enemigo interno”.

Una de sus más brutales expresiones fueron las acciones de la “Brigada Blanca” –primero llamada “Brigada Especial”– formada en 1974 y dirigida por la DFS que integró policías de todo el país y militares de las distintas ramas del ejército. (Torres: 87). Pero la DFS desarrollaba también “espionaje político oficial” hacia el interior de la administración pública federal del gobierno en turno (Carrillo: 42), práctica que después hereda y desarrolla Genaro García Luna, muy rentable políticamente. La creación de la Brigada Especial y luego la Brigada Blanca, fueron criminalmente atrabiliarias desde cualquier concepto y actuaron como tales. El gobierno respondía a la violencia guerrillera con terrorismo de Estado.

Así se entendía la Seguridad Nacional, como seguridad y protección al régimen en turno. Ciertamente los movimientos armados atacaban de muerte a los cuerpos policiales y militares del Estado, pero la capacidad de letalidad era 100 veces menor. Aunque parezca absurdo, esto les resultaba más fácil y práctico a los gobiernos nacionales, usar su arsenal represivo y letal, antes que abordar el fondo de la problemática estructural en la sociedad. Cuando se planteó la marcha opositora del 10 de junio de 1971, el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, con 30 años dentro del aparato del Estado, en seguridad, inteligencia y gobierno, decía: “No podemos dejar que nos tomen las calles” (Carrillo: 48) Las importantes organizaciones de estupefacientes prohibidos ya estaban en México actuando y expandiéndose, y ellos pensando en que la oposición no tomara las calles. ¿Por qué? Por la complicidad de origen entre ambos. No eran enemigos, sino asociados.

Aquí tenemos una acotación importante: “la seguridad interna debe alejarse de la concepción tradicional que la considera como un asunto relacionado con los enemigos del gobierno (…) así debe constituirse una auténtica visión sobre la seguridad nacional, a la que tantas veces se le ha encasillado equivocadamente como un asunto militar (…) para la seguridad nacional resulta imprescindible una observación constante de los procesos globalizadores que impactan básicamente a la política de desarrollo” (Carrillo:13). La concepción de la guerra interna como acción en favor de la seguridad interior, es una herencia siniestra de la doctrina de seguridad nacional conformada por las dictaduras militares de Sudamérica.

Existe entonces, una característica central de los regímenes autoritarios y represivos de los movimientos socio políticos en el subcontinente latinoamericano: sus cuerpos armados eran feroces contra sus conciudadanos que pensaban distinto y querían algo diferente para su país, porque habían tenido adoctrinamiento ideológico, pero eran y en muchos casos son hoy, condescendientes y socios de las organizaciones criminales trasnacionales.

No obstante, la realidad fue distinta en diferentes aspectos. Ello nos fue revelado parcialmente cuando el subprocurador de la República, Mario Ruiz Massieu, antes de suicidarse –hecho que aceptaron sus familiares– estando preso domiciliariamente en EU, y quien era hermano menor de José Francisco Ruiz Massieu secretario general del PRI, cuñado de CSG, y quien fuera asesinado a bordo de su automóvil (septiembre de1994) por Daniel Aguilar Treviño (seis meses después del asesinato de Luis Donaldo Colosio), afirmó reiteradamente que el autor intelectual del asesinato de su hermano era Raúl Salinas de Gortari (RSG), hermano del expresidente Salinas.

En los interrogatorios Aguilar Treviño declaró que el crimen tenía como objetivo evitar que Francisco Ruiz Massieu llegara como líder del PRI a la Cámara de Diputados, en la legislatura en que sería presidente Ernesto Zedillo, y que se implantarían una serie de reformas legales con las cuales los diputados por Tamaulipas, Manuel Muñoz Rocha y Abraham Rubio Canales, no estaban de acuerdo, y planearon el asesinato. Esta parte de la historia de la necro-política y narco política mexicana ocurrió ya en el sexenio de Ernesto Zedillo, pero traía su dinámica desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

La investigación de dicho crimen quedó a cargo del hermano del occiso, Mario Ruiz Massieu, que atraparía a quienes eran responsables del asesinato, y acusó a Ignacio Pichardo Pagaza y quien fuera sustituta de su hermano en el PRI, María de los Ángeles Moreno, de tramar el asesinato. Su pundonor para descubrir a los asesinos de su hermano y desenmascarar sus causas, se revirtieron al ser acusado de lavado de dinero por poseer recursos de procedencia ilícita relacionados con el narcotráfico:  en un viaje por Estados Unidos llevaba 46 mil dólares estadunidenses, luego localizaron cuentas bancarias por 9 millones de dólares. Fue detenido en el aeropuerto de Newark, NJ (1995) y sería trasladado a Houston para enfrenar en un juicio los cargos imputados; un día antes se quitó la vida con una sobre dosis de antidepresivos, se informó así en la prensa de EU y México.

Pero dejó una carta con un contenido explosivo: “Ernesto Zedillo no perdonó que denunciara a los dirigentes del PRI el 23 de noviembre de 1994. Se vengó por eso. Para encontrar a los homicidas de mi hermano hay que iniciar una investigación que empiece por Zedillo. Él y yo supimos que no era ajeno a los dos crímenes políticos de 1994” (Testamento, 15 de septiembre de 1999, https://www.memoria política de mexico/). Se refería al de su hermano José Francisco y al de Luis Donaldo Colosio.

La DEA sostuvo entonces que “Mario Ruiz Massieu se lleva a la tumba secretos de los Salinas”, afirmación hecha por Tom Cash, jefe de la DEA en Miami, Florida. En dicho testamento político de Mario Ruiz Massieu se leía también: “confieso que pienso que Ignacio Pichardo Pagaza, Jorge Carpizo, María de los Ángeles Moreno y Humberto Benítez Treviño se unieron para defender al sistema político, y obstruir la investigación”. En otro pasaje afirmó: “confieso que el origen del dinero confiscado en Houston es lícito, ya que provino de fuentes familiares” (ídem). No obstante, él esperaba un resultado adverso del juicio y decide suicidarse.

En una de las macro problemáticas para el gobierno de Ernesto Zedillo, debía capturar a uno de los tres más poderosos capos del narcotráfico internacional, Juan García Ábrego, líder del Cártel del Golfo. Y el caso del asesinato de Francisco Ruiz Massieu, así como, la detención y suicidio de su hermano, Mario Ruiz Massieu, bajo sospechas fundadas de vínculos con el crimen trasnacional y el lavado de dinero. Lo mismo el de Raúl Salinas de Gortari y los fondos multimillonarios depositados en Suiza con nombres falsos, frente a sus vínculos también con el crimen organizado, de igual manera, el ascenso de los cárteles de Tijuana y de Juárez, especialmente el enorme poder acumulado por Amado Carrillo Fuentes, ante el encarcelamiento de Félix Gallardo, el Chapo Guzmán, el Güero Palma y otros potenciales rivales.

El general Jorge Carrillo Olea –primer director del Cisen– sostiene que la ruptura y confrontación política entre Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, impactó en materia de institucionalidad para la seguridad, porque condujo al primero ya en su sexenio, a regresar casi a cero ante los avances de institucionalidad generados por Salinas, en su afán de borrar las huellas dejadas por su antecesor, ya que dispuso que: “el INCD (Instituto Nacional contra las Drogas, JRY) se reformó de manera radical (…) se le revirtió al rango de Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos Contra la Salud, y que después sería la SIEDO (…) los esfuerzos se limitaban a la persecución del delito (…), el INCD tendría una vida muy corta (…) se renunció a trabajar en favor de la prevención (…) regresamos al enfoque pobre, persecutor, donde la estrategia se constriñe a los ministerios públicos y a la policía judicial” (Carrillo: 191). También se nulificó la operatividad del CENDRO (Centro de Planeación para el Control de Drogas) que había creado el Programa Nacional para el Control de Drogas (1992). Se modificó y relegó el Programa Nacional de Seguridad Pública, como varios ejemplos de esa limpieza procesada.

Pero impactó también dicha ruptura en función de las relaciones con las organizaciones criminales, porque éstas últimas tardan en tener confianza y entrar en tratos con los nuevos gobiernos, aunque regularmente se vinculan con los dirigentes de las campañas electorales para explorar acuerdos posibles. Salinas y su familia hipotéticamente trabaron relación de negocios ilícitos con García Ábrego y Amado Carrillo. Este último desapareció del mapa criminal y el primero estaba en tránsito de, por la caza que había ya sobre su persona, con policías de EU y México. Esto cambiaba la geografía delictiva, las posturas de fuerza, y la estructura de las relaciones políticas del poder público con el narcotráfico internacional. Si García Ábrego había sido beneficiado en el sexenio salinista, capturarlo y se lograba exprimir sus confesiones, ello era fundamental para Ernesto Zedillo en esta disputa con Carlos Salinas y su grupo político que duró todo su sexenio.

La captura de García Ábrego –14 de enero 1996– fue para la administración zedillista un golpe positivo en dos sentidos complementarios: emitió una señal de rompimiento con todo lo que significara acciones de su antecesor y malas reputaciones éticas y políticas por los señalamientos de vinculación a las organizaciones criminales hacia su familia, y un triunfo frente a las organizaciones del crimen trasnacional, magnífica tarjeta de presentación con el gobierno de EU. Sin embargo, igual que como sucedió con Carlos Salinas, su enfoque de tareas prioritarias era las de la economía mexicana. Pero en materia de inteligencia, seguridad, promoción de la justica, respeto al orden constitucional y combate al crimen trasnacional, sucedieron cosas muy interesantes que revalorar.

La procuración de la justicia con su brillante idea de concretar al nivel de integración del gabinete la alianza criminal PRI-PAN, colocando a un abogado panista de escasa experiencia, como Antonio Lozano Gracia, en cuyas manos exhibió su clara impericia en el tema del asesinato, especialmente, de José Francisco Ruiz Massieu, se llegó al punto de que se contrataron los servicios de personas allegadas a la brujería y el ocultismo, como fue Francisca Zetina La Paca, y se sembraron en una propiedad en las Lomas de Ciudad de México estructuras óseas de humano, para presentarlas como hallazgo del cadáver de Manuel Muñoz Rocha, diputado prófugo e instrumentador del crimen. Vaya, el resultado fue desastroso y hasta el ridículo se hizo. Zedillo quedó muy mal parado y su PGR daba lástima. Todo ello violaba las más elementales normas de un proceso de investigación criminal. Parecía increíble la deriva esotérica y ocultista que tomó la investigación.

Pero a la detención de García Ábrego, un triunfo, sin duda, sobrevinieron problemas severos que con nueva impericia o con prepotencia política fueron afrontados: “el Ingeniero” tenía doble nacionalidad, y se recluyó al capo en un penal de alta seguridad, Almoloya de Juárez, Estado de México, y al ser conocidos sus sólidos vínculos con el poder, deciden extraditarlo y que sea juzgado allá en EU. Para hacer un proceso fast track, la Sedena le recomienda al presidente aplicar el artículo 33 constitucional que le faculta para expulsar del territorio nacional a cualquier extranjero por perjudicial, y sin necesidad de juicio alguno. Para ello se presenta ante la opinión pública el Acta de Nacimiento de García Abrego que lo acreditaba como ciudadano estadunidense, y es deportado.

Llega a la cárcel de Florence, en Colorado, es juzgado y sentenciado a 11 cadenas perpetuas. Él asesorado por sus abogados declara desde allá: “Mi caso fue un destierro, y un espectacular golpe político, pues nunca fui oído ni vencido en juicio” (Ravelo: 82-83). Y aquí se presenta el enredo y las violaciones constitucionales: haberlo “desterrado”, jurídicamente, significó que nunca se produjo su detención, que jamás estuvo en la cárcel, ni fue exhibida su imagen como criminal aprehendido por orden de un juez, tras una determinada investigación judicial, y si no fue detenido, tampoco extraditado porque no hubo proceso de extradición llevado a cabo por la SRE conforme a derecho, y tampoco fue deportado. ¿Cómo llegó a EU? ¿Quién lo entregó a las autoridades de ese país? Hablamos de los procedimientos previstos jurídicamente.

El abogado defensor de García Ábrego, que antes pidió detener la extradición de los hermanos Amezcua Contreras, por ejemplo, Américo Delgado de la Peña, en todas las promociones legales que hizo en favor de García Ábrego, ninguna fue respondida por la autoridad competente. Hasta el 20 de mayo de 2005, Sandra E Ortiz, directora general de Asistencia Jurídica Internacional de la SRE, contestó al abogado diciendo: “Al respecto (…) le informo que en esta Secretaría no se cuenta con expediente alguno relacionado con el destierro del que fue objeto en su escrito de referencia” (Ravelo: 87). La propia autoridad presidencial decidió desaparecer el expediente para no encarar la complejidad del problema legal y posibles declaraciones del capo.

Este evento de continuidad se produjo durante el gobierno de Vicente Fox, hacia el final, lo que quiere decir, que en todo el gobierno de Ernesto Zedillo se ignoró el tema. Un mes después los abogados del capo ingresan una carta al presidente Fox con la misma solicitud de aclaración –la demanda es que fuera regresado y enjuiciado en México– y les responden en esencia lo mismo: no hay expediente alguno sobre ese caso, y comunican que regresan la solicitud turnada a Presidencia, a la PGR” (Ravelo: 89).

En la prensa nacional le llamaban “el capo sin patria”, y los abogados que se manifestaron coincidieron en que su deportación fue ilegal y que se había violado el Código Penal. Incluso la SCJN estableció en un comunicado que “esta acción violó la división de poderes y que con esta decisión quedaron impunes los delitos cometidos por los que la justicia mexicana había iniciado cuatro averiguaciones contra el capo”. Y rematan: “Aquí flota una Razón de Estado, oculta y manifiesta en la que la Soberanía Nacional quedó por los suelos”. (Sierra, El Tiempo, 20 de enero, 1996). Magnífico manejo jurídico desde la Presidencia de la República.

En el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, luego de la captura de García Ábrego, como señalamos antes, se produjo una reconfiguración del poder criminal, en lo territorial, en lo paramilitar y en lo operativo: quedaron tres fuerzas criminales poderosas que competían entre sí, y en ciertas ocasiones también, colaboraban para golpear al otro: el Cártel del Pacífico, el Cártel de Juárez y el Cártel de Tijuana. Particularmente el tercero brilló con intensidad durante dicha gestión sexenal, porque Carlos Salinas había logrado detener al líder del Cártel de Tijuana antes de irse, a Francisco Rafael Arellano Félix, el hermano mayor, el 4 de diciembre de 1993, siete meses después del asesinato del cardenal Posadas Ocampo (mayo, 1993), y a pesar de que ellos lo negaron siempre, fueron los primeros sospechosos del crimen, aunque no se esclarecieron las causas y el crimen mismo.

Una de las hipótesis fue la existencia de una lista con nombres de funcionarios del gobierno de Salinas, y de su propia familia, vinculados al narcotráfico regional y al lavado de dinero, en poder del cardenal. La pasaron mal: fueron fuertemente perseguidos, además del desgaste producido por su lucha a muerte contra el Chapo y José Luis el Güero Palma, su cártel se había expandido aceleradamente y esa persecución obstruía su continuidad (Aguirre: 172).

El Cártel de Tijuana poseía una estructura de negocios más abierta que los otros cárteles: muchas empresas legalmente establecidas, de autotransporte, construcción, bienes muebles e inmuebles, promoción deportiva en San Diego, California, además, de controlar todo el corredor más importante de drogas hacia EU, la frontera entre Tijuana, Baja California y la frontera, San Diego, California (ídem, p.180). El camino para la supremacía de Amado Carrillo Fuentes estaba abierto, desbrozado, pero a su lado crecían oros cárteles.

Más allá de las circunstancias en que haya muerto Amado Carrillo (julio, 1997), líder del Cártel de Juárez, el gran anclaje de éste era con altos mandos del ejército, en especial se mencionó en la prensa, concretamente al general Jesús Héctor Gutiérrez Rebollo, quien al efecto fue detenido “por estar en su nómina”, el 7 de febrero de 1997, a la mitad del gobierno de Ernesto Zedillo, tal era la certeza posicionada en la opinión pública, digamos, era la versión oficial, que a falta de un posicionamiento alternativo, predominaba. El general Gutiérrez Rebollo era comisionado del INCD, siendo procurador el doctor Jorge Madrazo Cuéllar, antes, al frente de dos distintas comandancias regionales, Sinaloa y Jalisco, con capturas trascendentes de capos. Veamos.

En los años 90 un personaje como Eduardo González Quirarte fue identificado por la DEA como pieza angular en la organización del Cártel de Juárez, quien mantenía vínculos con el ejército mexicano y otras instituciones de justicia, pero era el encargado de enviar cargamentos de cocaína a EU y transferir el dinero a México. Se informó que el ICE de Estados Unidos, le decomisó dos cargamentos equivalentes a 2.9 toneladas de cocaína, según el periódico El Norte, 10 de septiembre, 1997. Desarrolló su relación con el general Gutiérrez Rebollo a través de un subteniente del ejército que era su chofer, Juan Galván Lara (Hernández: 212-213). La versión es que el señor González Quirarte le obtuvo una casa con Amado Carrillo para que viviera allí una amante del general, lo que evidenció su alianza con Amado Carrillo. Fue la versión periodística proveniente del poder público.

Aunque el meollo del asunto está en que desde la boca del propio general Gutiérrez Rebollo (quien detuvo años antes a Amado Carrillo, en 1989) surgió otra versión sobre su encarcelamiento: indicó que en un momento dado, comentó al titular de Sedena, general Enrique Cervantes Aguirre que tenía fotografías y grabaciones que comprometían a familiares del presidente Ernesto Zedillo con el lugarteniente de Amado Carrillo, Eduardo González Quirarte, concretamente, un primo hermano que trabajó muchos años en Zapopan en una procesadora de alimentos cuyo propietario era Eduardo González Quirarte y sus hermanos. El primo hermano del presidente se casó y la fiesta fue en la procesadora de alimentos, y a ella asistió el papá del presidente, señor Rodolfo Zedillo Castillo, quien agradeció a los hermanos González Quirarte la hospitalidad y los felicitó por su éxito empresarial. El papá de los empresarios, Enrique González Rosas, era amigo personal del papá del presidente Zedillo, se frecuentaban (Hernández: 215) (Aristegui Noticias, 30 de mayo, 2012).

Esta versión expuesta por el propio general Gutiérrez durante su defensa, adicionado a todo lo que investigó, la conocía el general secretario de la defensa nacional, pero según el general Gutiérrez, fue totalmente ignorada. Además, no se ha querido hacer público dicho expediente.

Eduardo González Quirarte desapareció por quince años –casualmente también hizo lo mismo Luis Valencia Valencia, líder fundador del Cártel del Milenio– luego de toda esta trama y de las acusaciones en su contra, de ser lugarteniente de Amado Carrillo Fuentes, reapareció en agosto de 2016 con una Amparo de la justicia federal para dejar sin efecto una orden de aprehensión radicada en el Estado de Chihuahua, ambos, González Quirarte y Valencia, son reclamados por Cortés de EU desde 2002; ambos, fueron miembros de la Federación. Las ramificaciones del también llamado “Cártel de los Valencia” llegaban hasta Colombia (Semanario Z, abril de 2017). Luego encontramos al líder del Cártel del Milenio, Oscar Nava Valencia el Lobo, declarando en la Corte de Nueva York contra Genaro García Luna, a quien, testificó (30 de enero, 2023), le entregó 10 millones de dólares por arreglarle “el problema que tenía en Colima”, un cargamento de drogas ilegales detenido en el puerto de Manzanillo. Además, de proporcionarle información de los rivales y protección en sus negocios (Semanario Z, Álvarez, 30 de enero, 2023).

Todos, desde el vértice más alto del poder del Estado y de los más altos dirigentes de narcotráfico y sus organizaciones, lugartenientes y cómplices en empresa y otros niveles del gobierno, son como una hidra de mil cabezas. Los vínculos se pueden encontrar el cualquier caso que se empiece a investigar, tarde o temprano llegas con los mismos personajes.

Pero se documentaron nuevas violaciones constitucionales: César Gutiérrez Priego, abogado penalista e hijo del general Gutiérrez Rebollo, comenta, que el general fue el primer funcionario público juzgado mediante la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, pero que le aplicaron el clausulado en forma retroactiva, lo que es una barbaridad jurídica, de ser así. La investigación que realizaba el general Gutiérrez era en torno a la venta de metanfetaminas desde el Cártel de Colima, de los hermanos Amezcua Contreras relacionado con familiares de Ernesto Zedillo (https://www.youtube.com/watch?v=pe0z1pQ72Kw). Incluso, se mencionó a la señora Nilda Patricia Velasco, y no olvidar que la familia del expresidente es oriunda de Colima, donde operaban los hermanos Amezcua Contreras relacionado con familiares de Ernesto Zedillo, puede encontrase la narrativa en el link a continuación (https://www.youtube.com/watch?v=pe0z1pQ72Kw). Y aunque el hecho de que la familia del expresidente se oriunda de Colima no prueba nada, establece ciertas líneas de relación probables, ya que dicho estado es pequeño y los hermanos Amezcua fueron conocidos por todos y tenían acercamientos con mucha gente del Estado y la ciudad capital. Las familias se entrelazan fácilmente.

Al respecto se citan dos fuentes de información: i) el informe “Organización de los hermanos Amezcua Contreras: tráfico internacional de efedrina”, emitido por la Fiscalía Especializada para los Delitos contra la Salud (PGR-FEADS), y ii) otro informe militar, a partir de la investigación realizada por integrantes de V Región Militar con sede en Guadalajara, fechado el 4 de diciembre de 1995, con número 39872, que obra en los archivos de la Sedena, y que fue agregado al primer documento citado. En este segundo informe, se establece: “la infiltración en ese grupo criminal, donde se hace mención que se ha reclutado como informante a un subteniente de la Fuerza Aérea Desertor de nombre Francisco Corona García, conocido en el grupo criminal como ‘el Negro Corona’, donde dan los pormenores de las personas que trabajan para el Cártel de Juárez. De igual manera, comentan sobre la información que les da este informante, el cual asegura que “Amado Carrillo Fuentes, alias “el señor de los cielos” le dijo de viva voz que le haría su regalito de Navidad al Lic. Liévano Sáenz para que nos vaya bien con Santa Claus y que dicho regalo sería una casa”. También le manifestó Eduardo González Quirarte (operador financiero del Cártel de Juárez), que “Amado Carrillo llevaba buena amistad con el licenciado Liévano Sáenz, ya que Amado lo apoyó económicamente durante la campaña del candidato a la presidencia doctor Ernesto Zedillo, incluso Eduardo González Quirarte llevó personalmente unas camionetas para la citada campaña” (Gutiérrez, La Silla Rota, 29 de marzo de 2021).

Adicionalmente, en el informe militar se consigna también que, en grabaciones obtenidas de llamadas telefónicas entre los narcotraficantes Amezcua Contreras, con Fernando Velasco Márquez, suegro del presidente Zedillo, donde les aseguraba que su hija Nilda Patricia Velasco, quien era la primera dama de México, ya estaba en conocimiento de su problema legal y que los ayudaría. El indicado para ello era el licenciado Constantino Tirado quien se contactaría con ellos para el efecto. Dichas grabaciones quedaron integradas al expediente penal del acusado, general Gutiérrez Rebollo, en el Juzgado Federal de Procesos Penales Federales, pero fueron desestimadas. (ídem). No es racional que tantos elementos de gravitación en el caso fueran desechados, había “línea” casi seguramente.

En el artículo periodístico consulado, el propio abogado ofrece fotocopia del documento de la investigación militar que refiere, en los términos mencionados y con los datos que presenta (https://lasillarota.com/opinion/columnas/2021/3/29). Son diversos los analistas o periodistas que citan, principalmente el documento de la FEADS, menos este segundo documento de la investigación militar referida.

Existe también el informe elaborado y dado a conocer por el embajador de EU en México, Jeffrey Davidow, en febrero de 2000, que transcribió parcialmente y ha comentado el periodista y escritor Carlos Fazio. El embajador afirmó, en conferencia de prensa, que la capital de la mafia ya no era Sicilia, porque se había trasladado a México, en esos tiempos había la convicción en Estados Unidos de que México era un “narco-Estado”. No es poco, a pesar de contar con la tradicional exageración argumentativa de las crónicas o fiscales o periodísticas, desde EU sobre México.

Dice el periodista citado: “Por eso, en círculos de alto nivel se comenta todavía que lo primero que hizo cuando llegó a México [se refiere al embajador] fue entregarle al presidente Zedillo un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que desnudaba la gran corrupción e impunidad del sistema político mexicano”. Que hablaba de “los intocables del sistema” a los que denominaba “cabeza de grupo” y lo más importante: que tenían “el control del crimen organizado, del narcotráfico, de los aeropuertos clandestinos, de las bandas de secuestradores y de roba autos, de asesinos a sueldo, de la organización interna de los penales”. Entre estas “cabezas de grupo” mencionan a Francisco Labastida Ochoa y a Oscar Espinoza Villarreal. En dicho reporte se establecía los presuntos vínculos de Labastida Ochoa, secretario de Gobernación con Zedillo, y candidato a la Presidencia en la contienda de 2000, con el crimen organizado, lo cual había filtrado la CIA al periódico The Washington Post, quien lo publicó en primera plana el 5 de febrero de 1998. (Fazio, La Jornada, 2 de julio, 2000)

En cuanto a informes internacionales sobre esta condición de México como “narco-Estado”, desde 2001, el influyente Observatorio Geopolítico de las Drogas, cuya sede está en París, reveló que, en el transcurso de los gobiernos tecnocráticos, México se constituyó en narco democracia, y que en tan sólo en una década en la República, se apuntaló a una nueva aristocracia mafiosa. (IADE, 10 de febrero de 2007).

En su carta a Amnistía Internacional en julio de 1997, el propio General Gutiérrez Rebollo, hace cuatro solicitudes: que  tengan  por presentada su de denuncia de violación de los derechos humanos de él y oros coacusados, 129 personas más; que se admitida la denuncia y se investigue y se dicte sentencia al respecto; se deje de acosar a su familia y se respeten sus derechos humanos; y que hace responsable al general secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, de lo que a ellos pueda sucederles. El general Barry Mc Caffrey “zar antidrogas de EU”, había declarado en diciembre de 1996 cuando visitó México para una reunión de coordinación de acciones, luego de su entrevista con el general Rebollo, que éste último, era “una persona de absoluta, incuestionable integridad” (ídem). Este general fue después jefe del Comando Norte de los EU. Altísima jerarquía.

Los administradores del condominio, supuestamente propiedad de Amado Carrillo y que “habitaba el general Rebollo con una amante”, ellos de nombre, Gabriel Mendoza y José Luis Valle, dijeron que los departamentos eran propiedad de Cipriano Corona y Roín Sandoval, nombres que no cuadran con el de Eduardo González Quirarte, supuesto personaje que los ofreció al general Rebollo de parte de Amado Carrillo. Dijeron más: que les habían dicho que allí vivía el general Gutiérrez Rebollo, pero que ellos nunca lo vieron, y que una persona desconocida que vestía ropa deportiva pagaba el mantenimiento. Todo se derivó de una denuncia anónima de inquilinos de ascendencia judía, que se quejaron de que allí podían vivir narcotraficantes, eso se dijo de inicio de la acusación. Además, en la audiencia, no se pudieron acreditar las denuncias sobre “acopio de armas” (Castillo, Gustavo, La Jornada, 11 de julio 1997). Demasiadas irregularidades para una acusación así.

Se ventiló también, que al general Gutiérrez se le detuvo sin denuncia de por medio que contuviera imputaciones específicas, se presentaron después, cuando ya el acusado estaba encerrado en una celda para reclusos de ala peligrosidad. El general dijo en su misiva a AI, que todo ello fue “por haber descubierto que el narcotráfico había llegado hasta la misma Presidencia de la República, y aún, de los altos mandos de la secretaría de la defensa nacional”. (ídem). Se ha comentado y revelado mucho menos, que en la “purga” que siguió al triunfo aparente de la detención del general Gutiérrez Rebollo, y con la firme voluntad de revertir la penetración alcanzada por la criminalidad mayor en las instituciones militares, expresadas por Zedillo y por el general Enrique Cervantes Aguirre, titular de la Sedena, éste entregó 34 militares más vulnerados por el narcotráfico –conforme a investigaciones militares internas que revelaron que colaboraban con el narcotráfico–, de la misma manera que la Armada de México acusó a 14 marinos (Enciso: 52). No se supo de juicios formales al interior de las instituciones militares. Si esto no es uso criminal del poder público en la cima del poder civil y militar mismo, entonces se necesita reinventar la ciencia política y el derecho.

Pero soltó una bomba más el general: “creyendo ajeno al secretario de la Defensa Nacional de los nexos de políticos con narcotraficantes, le hice de su conocimiento la gravedad de información que arrojó la presunta intervención de gatilleros o ejecutores del cártel de los conocidos hermanos Arellano Félix, en el escenario de Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, en el cual fue arteramente asesinado el candidato del partido gobernante a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta” (ídem). Importantísima información. Hay un rompe cabezas, pero también al parecer, líneas de continuidad en los casos de alto impacto.

Se ha agregado, a últimas fechas, que es probable que la FGR retome la investigación. Un punto central son las grabaciones que obran en poder de la FGR, antes PGR, que son evidencias oficiales, las cuales datan de 1996-97 cuando el Instituto Nacional del Combate contra las Drogas (INCD) intervino los teléfonos de varios integrantes del Cártel de Colima, de los hermanos Amezcua Contreras, Jesús, Luis y Adán, que después se integrarían con otras organizaciones y crearon el CJNG. Y esta posible reapertura se debe a que dicho expediente con grabaciones nunca fue turnado a un juez federal, como debía ser al tratarse de un tema de crimen organizado. Los detalles están en los documentos, lo fundamental es que hay fundamentos legales para proceder legalmente. Uno de tantos expedientes pendientes.

Es importante consignar, que, hasta octubre de 1994, la efedrina (un alcaloide de la efedra y precursor de las anfetaminas) no era ilegal en los EU pero tampoco estaba disponible, así que se ha revelado, que el primer perdido de Jesús Amezcua Contreras fue de 200 kilos de efedrina, con un costo de 50 mil dólares estadunidenses comprado en Ciudad de México, y enviado a Tijuana, por medio de una empresa legal. Y se normalizó después la compra en la Ciudad de México, pero también localizaron productores en India quienes la vendían en 48 dólares el kilogramo, contra 400 dólares que costaba en Ciudad de México la misma cantidad, y la empezaron a comprar con permiso de importación legal a México, mediante una empresa establecida en Tailandia. Era completamente legal el negocio, llegaba a Estados Unidos por la Garita de San Isidro (Infobae, 11 de octubre, 2020). Ampliaron el negocio.

Posteriormente a su detención, el general Gutiérrez Rebollo aseguró de nueva cuenta que tenía evidencias de los vínculos de la familia de Zedillo con el Cártel de Colima, lo cual fue ignorado por la entonces PGR, a pesar de que se reveló que la familia Amezcua Contreras era dueña de la empresa farmacéutica “Productos Farmacéuticos Collins, SA de CV, parte del Grupo Collins. La otra empresa era “Laboratorios Collins, SA de CV”, radicada en Zapopan, Jalisco, que ofrecía toda la cobertura legal para importar efedrina insumo fundamental en la elaboración de las metanfetaminas (Infobae, Jiménez, Ernesto, 25 de enero de 2024).

Los hermanos Amezcua, Luis Ignacio y José de Jesús, fueron detenidos (junio, 1998) y el primero fue condenado a 49 años de prisión, y luego en 2011 fue extraditado a EU en 2011; al segundo, lo sentenciaron a 55 años de cárcel el año de 2005, pero sus abogados lograron reducir su condena a 28 años. Ante ello, el líder del cártel fue Adán Amezcua Contreras, capturado en 2001, fue condenado a 22 años, y luego, redujeron la sentencia a 9 años. Al frente quedó su hermana Patricia Amezcua Contreras quien continuó importando efedrina desde India y China por el Puerto de Manzanillo y Veracruz, para trasladarlos a Colima y Jalisco y ser procesada en laboratorios clandestinos de metanfetaminas, y luego exportadas a EU, con la ayuda del Cártel de Tijuana de los Arellano Félix.

El entorno cambió cuando la efedrina fue declarada “sustancia ilegal” en EU en 1994, pasaron entonces a la clandestinidad con su negocio. La DEA afirma que entre marzo y octubre de 1994, no obstante, el Cártel de los Amezcua introdujo aproximadamente, cinco toneladas de metanfetaminas. Cuando les bloquearon sus proveedores en India, contrataron la efedrina desde Checoslovaquia y Alemania. El negocio ilícito creció a pesar de las autoridades de ambos países. Pero observen las fechas, cuando la familia política de Ernesto Zedillo presuntamente traba contacto con este cártel, el mismo está en una línea de ascenso,

En este punto estamos ante una cuestión que en nuestra búsqueda y conceptualización sobre los cinco últimos sexenios de la alianza criminal PRI-PAN, entendemos y revelamos que se produjo una inmensa falsificación ideológica: la emergencia de la tecnocracia al frente del Estado mexicano, para la supuesta conformación de un nuevo modelo de desarrollo, se acompañó de la emergencia del crimen trasnacional organizado, de la estructuración de alianzas y asociaciones criminales con las grandes estructuras del delito desde la cúspide del poder, del poder presidencial, por conocimiento, tolerancia, impulso directo, liderazgo, utilización política y financiera, o por todo ello junto, de tal manera que los sexenios que van de 1988-2018 transcurren con un gigantesco engaño sobre la guerra contra el narcotráfico librada por tales gobiernos de la república.

Interesa también traer a colación que incluso el presidente MMH –de acuerdo con una versión del periodismo de investigación– a través de familiares directos, estuvo vinculado a procesos delictivos como los de lavado de dinero, porque a la muerte de Amado Carrillo Fuentes, los hijos y esposa de éste último buscaron el muy cuantioso dinero que poseía el líder del Cártel de Juárez, a pesar de que lo sucedió su hermano Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, así pudieron saber que el Señor de los Cielos tenía fuertes inversiones en bancos mexicanos, ello denunciado entonces por la DEA, quien por tal motivo lo denominó “el patriarca del lavado de dinero”, aunque no sólo Carrillo Fuentes lo hacía, también, Juan García Ábrego.

Pero el caso es que, Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado, en esa búsqueda, para el año de 1998, se reunió con un supuesto testaferro de su padre, de nombre Juan Alberto Zepeda Méndez, amigo del presidente Ernesto Zedillo, porque conoció que su padre había comprado un paquete accionario en Grupo Financiero Anáhuac (GFA) por 30 millones de dolares. Los intereses financieros de la familia De la Madrid estaban sólidamente respaldados a través de Federico de la Madrid, y Jorge Hurtado Horcasitas, hijo y sobrino del expresidente, uno vicepresidente y el otro presidente del grupo. Además, Rodolfo Zedillo Ponce de León, asociado con Jorge Bastida Gallardo, también supuesto testaferro de Amado Carrillo, decidieron construir un hotel con parte de la inversión de Amado Carrillo en GFA, y Juan Alberto Zepeda Méndez pidió ese dinero a Bastida Gallardo, quien le respondió que el dinero se había perdido cuando la Comisión Nacional Bancaria intervino el banco, y quedó todo bajo su control y no era posible recuperarlo (Hernández: 225-226).

Pero no sólo por la “intervención gerencial” procesada a raíz de la quiebra bancaria, sino porque la propia CNBV investigó y corroboró la inversión del narcotráfico en dicho banco.

Si bien, el evento del asesinato de Francisco Ruiz Massieu fue durante 1994 en el sexenio de CSG, quien designó a su hermano Mario como fiscal especial para el caso, y se produjeron los acontecimientos de su detención al sorprenderlo con fuertes cantidades de dinero en efectivo, no declaradas, y luego cuentas bancarias con millones de dólares depositados en bancos de EU, con la consecuente detención en New Jersey, Estados Unidos, el impacto de todo este proceso, más las acusaciones directas del suicida Mario Ruiz Massieu en contra del presidente Ernesto Zedillo por el asesinato de su hermanos Francisco, y el encarcelamiento de RSG como presunto autor intelectual del homicidio, impactaron el sexenio de Ernesto Zedillo, pero muy reveladores resultaron los testimonios durante el juicio del subprocurador Mario Ruiz Massieu. Durante las indagatorias y los testimonios para probar el origen ilícito del dinero, se presentaron dos testigos colaboradores: uno, Marcos Torres y Magdalena Ruiz Pelayo.

El primero declaró constarle las entregas de cantidades fuertes de dinero de Juan García Ábrego al finado Mario Ruiz Massieu a cambio de protección para sus operaciones; la segunda –detenida e operaciones de tráfico de drogas en 1992, justamente en el estado de New Jersey, junto a un coacusado de nombre Carlos Enrique Cervantes de Gortari, primo hermano del expresidente– declaró que tuvo conocimiento directo, de igual manera, de pagos directos entregados por Juan García Ábrego a Mario Ruiz Massieu, pero que también había entregado a Francisco Ruiz Massieu pagos procedentes del narcotráfico durante los años en que el finado había sido gobernador de Guerrero, hasta que ella fue arrestada en 1992.

Además: sostuvo que los pagos a Mario Ruiz Massieu eran de 300 mil dólares y 1 millón de dólares, y que lo hizo bajo la instrucción del señor Raúl Salinas Lozano, padre del expresidente. Que estaba segura del origen en las drogas de todo ese dinero, porque escuchó hablar de diferentes operaciones en donde se hablaba del empleo de aeroplanos para transportar droga y de introducirla mediante latas de chiles a EU. Ella había sido en el pasado asistente personal de Raúl Salinas Lozano. Finalmente sostuvo que presenció en algún momento una reunión entre Raúl Salinas Lozano, los hermanos Ruiz Massieu, Raúl Salinas de Gortari y el propio Juan García Ábrego. (Flores, Pérez, CIESAS-Golfo de México, 2019). El autor al que seguimos, en esta narrativa, cita las declaraciones mencionadas, refiriendo a su vez, fuentes de la prensa en EU, como es, Los Ángeles Times, 1997; The New York Times, 1997.

Pero, lo más relevante, es que como hemos narrado antes, el presidente Ernesto Zedillo no fue ajeno a una situación de importantes similitudes en su círculo de poder inmediato y en su círculo familiar más cercano, las organizaciones criminales del narcotráfico penetraron ambos e impactaron en forma importante en distintas coyunturas, la dinámica de su gobierno, la conducta del máximo poder público, y en ello existe una clara línea de continuidad con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, su antecesor y a quien debía el cargo y el encargo. Quedará a cargo de las autoridades jurisdiccionales en un momento determinado, su real responsabilidad jurídica, nosotros somos periodistas de investigación.

El punto culminante de lo que afirmamos es cuando en 1998 el hermano del presidente, Rodolfo Zedillo, afirma públicamente que él había firmado un contrato con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. El diario argentino El Clarín recogió la declaración del arquitecto Rodolfo Zedillo Ponce de León al respecto, y se refiere al evento que antes narramos sobre la construcción de un hotel en la Ciudad de México. No sólo fueron versiones de prensa derivadas de la búsqueda del hijo y esposa de Amado Carrillo del dinero dejado por éste último a su muerte, sino que el propio hermano del presidente lo reconoció estando en funciones constitucionales éste último, y no le mereció una investigación imparcial, proyecto en el cual se invertirían 8.7 millones de dólares, aunque el arquitecto afirmó también, que fue engañado (1997) dado que nunca supo que el dinero era de narcotraficantes, porque el ofrecimiento fue a través de Jorge Bastida, consuegro de Amado Carrillo líder del Cártel de Juárez (El Clarín, 26 de marzo, 1998).

¿Cómo no le pidió a su hermano que le investigaran el origen de los recursos de una oferta tan rentable, teniendo todo para hacerlo? Dijo también que no le despertó sospechas porque el señor Jorge Bastida era muy allegado al líder del sindicato de electricistas de la CFE, Leonardo Rodríguez Alcaine. El arquitecto no tenía ni idea quién era “la güera” Rodríguez Alcaine. Bueno.

Ni siquiera la asistencia militar y de EU pudo evitar que la clase política priista se imbricara con las estructuras criminales trasnacionales, al contrario, de esa capacitación salieron jefes paramilitares para tales organizaciones: en octubre de 1995 William Perry secretario de la defensa de Estados Unidos visitó México con la encomienda de incrementar los lazos militares entre ambos ejércitos, dado que la política “independiente” de Salinas –desde 1993 dicho gobierno se había negado a recibir apoyo de ella para esta enorme tarea– impedía una mayor colaboración, y como producto de ello, el ejército de EU estableció un programa de entrenamiento y equipamiento para Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE), complementado en 1998 otro similar para Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales en que participaron, tanto ejército como marina, más una donación de 73 helicópteros UH-1H y 4 aviones C-26, con entrenamiento para pilotos aviadores. Capacitación, poder de fuego y equipos para el combate aéreo contra el narcotráfico internacional. Tales programas abarcaron unos 3 mil elementos. (Enciso: 51) Todo ello plegaba al régimen zedillista a la estrategia antidrogas de Estados Unidos, y éste último tenía en Colombia y México sus dos principales puntales de ella en las Américas.

En aquellos años, diversos analistas y periodistas denominaban ya a esta política asistencialista de EU recibida por el gobierno de Zedillo, más el reclutamiento de varios miles de militares para el ejército, una política de “militarización”. El término es polisémico, puede usarse para muchas descripciones, tantas como se quiera.

Sin embargo, todo indicaba, que la problemática endémica de corrupción y vinculación de la clase política con el crimen trasnacional, como era el caso de los gobiernos de 1988-2000, incluso antes, incluyendo a las propias “familias presidenciales”, corrían de manera irrefrenable un muy desgastado y deslegitimado régimen priista que bajo esa lógica no tenía salvación.

Es más  que evidente que el derrumbe del sistema cuasi monolítico priísta cedió ante la pudrición interna y los ataques externos de sus opositores, y que ello favoreció el mayor fortalecimiento de las estructuras del crimen trasnacional organizado ante la fragmentación del poder, la profundización del debilitamiento de los controles externos, fronterizos, ante la ampliación de los flujos comerciales, el auge de las regiones comerciales del centro y norte del país, la apertura de mercados de divisas, todo lo cual redistribuyó el poder social, económico y político, tanto en lo territorial como en cuanto a los grupos de poder en todo el país, repercutiendo en un debilitamiento de las instituciones del Estado, facilitando la dinámica macro criminal.

Por ejemplo, la otrora poderosísima Secretaría de Gobernación, fue fragmentada también en el gobierno de Vicente Fox, y los cuerpos armados, milicia y policías, estuvieron más sujetas a la observación internacional y el escrutinio público, disminuyeron –relativamente– su letal accionar. La opción policial emergió como el macro factor institucional de poder coercitivo. La justicia se había rezagado de los nuevos rumbos de la nación, no era dique para la penetración institucional del crimen trasnacional, ella misma lo resintió.

La nueva situación estructural del poder público en México jugó en favor de fortalecer la alianza criminal PRI-PAN (nos referimos al fraude electoral de 1988), dándole una proyección transexenal, y por tanto, el proceso de captura del Estado, pero la emergencia y posicionamiento del nuevo poder fáctico de origen criminal, y la penetración institucional lograda en altos círculos del poder, hizo indispensable su integración a la red de corrupción e impunidad en proceso de dilatación, que se convirtió en la nueva forma de funcionamiento –gradualmente extendida– de las instituciones públicas.

A últimas fechas, se ha planteado que es probable que la FGR retome la investigación sobre la familia Zedillo, como lo ha hecho con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Un punto central en el primer caso, son las grabaciones que obran en poder de la FGR, antes PGR, y que son evidencias oficiales, las cuales datan de 1996-97 cuando el Instituto Nacional del Combate contra las Drogas (INCD) intervino los teléfonos de varios integrantes del Cártel de Colima, de los hermanos Amezcua Contreras, Jesús, Luis y Adán, que después se integrarían con otras organizaciones y crearon el CJNG. Y esta posible reapertura se debe a que dicho expediente con las grabaciones mencionadas nunca fue turnado a un juez federal, como debía ser al tratarse de un tema de crimen organizado.

Los detalles están en los documentos, lo fundamental es que hay fundamentos legales para proceder en la reapertura. Uno de tantos expedientes pendientes. Pero sobre este en particular, el expresidente Zedillo debe estar aterrado, de allí su incorporación activa a la oposición a que cristalice la reforma al poder judicial. Nada es casual, todo causal. Lo sabemos. Ernesto Zedillo llevado por esta motivación se reincorporó a la lucha por el poder. Bienvenido.

En este punto estamos ante una cuestión que en nuestra conceptualización y búsqueda sobre los cinco últimos sexenios de la alianza criminal PRI-PAN, con respecto a las estructuras de la criminalidad trasnacional, entendemos y sostenemos, que se produjo una inmensa falsificación ideológica: la emergencia de la tecnocracia al frente del Estado mexicano, para la supuesta conformación de un nuevo modelo de desarrollo con tales gobiernos nacionales, se acompañó de la emergencia del crimen trasnacional organizado, de la estructuración de alianzas y asociaciones criminales con las grandes estructuras del delito, desde la cúspide del poder presidencial, por conocimiento, tolerancia, impulso directo, liderazgo, utilización política y financiera, o por todo ello junto, de tal manera que los sexenios que van de 1988-2018 transcurren con un gigantesco engaño sobre la guerra contra el narcotráfico librada por tales gobiernos de la república.

Fue la etapa de la captura del Estado por una red delictiva de impunidad, que conformó una mafia de Estado, en donde se consumaron tres golpes de Estado técnicos para obstruir el acceso a una alianza de fuerzas políticas de alternancia social y programática, en los procesos electorales presidenciales: 1988, 2006 y el de 2012, y para preservar así la captura del conjunto de las instituciones públicas para sus intereses de grupo.

Otros estudiosos y analistas, siguiendo la huella de las sugerencias de conceptos como el del narco-Estado y la narco-democracia, como es el caso de José Luis Solís González de la Universidad de Coahuila, lo enuncian así: “el surgimiento de una nueva forma de Estado capitalista periférico en México: el Estado narco, cuya manifestación externa es la de un régimen político neoliberal tecnocrático con una fuerte presencia de representantes del crimen organizado en sus distintos gobiernos, la economía y las finanzas” (septiembre de 2012).

Para nosotros, la reversión y destrucción de la captura del Estado por la mafia institucionalizada que se entronizó y desarrolló a partir de 1988, pasa por la refundación del Estado, la refundación de su forma republicana y el rediseño de  todas las instituciones públicas que sean necesario, aquellas en donde la criminalidad trasnacional penetró con más fuerza y las impregnó de toda su dinámica delictiva: presidencia de la república, gobernación, seguridad, cuerpos policiacos, fuerzas federales, justicia y poder judicial, sistema penitenciario, inteligencia nacional, mediante una nueva constitución política, que consagre claramente las instancias de poder social como contrapeso al poder político instituido y al poder económico agigantado. Porque el problema de la criminalización del poder público es histórico-estructural, solamente reversible bajo tal proceso socio político que verdaderamente renueve toda la vida pública del país.

La captura del Estado es susceptible de concretarse en formaciones estatales con debilidades institucionales importantes, con fuerte penetración de organizaciones del narcotráfico global y con clases políticas habituadas al uso criminal de las instituciones públicas, quebrantando rutinariamente sus débiles normatividades y con aparatos de justicia vulnerados por la corrupción y los privilegios de casta. Hoy tenemos mucha más información para reconceptualizar.

Todo proceso socio histórico es susceptible de revertirse y recomenzar la construcción de las instituciones sociales y de la defensa social, con la conformación, como hoy existe, de una nueva fuerza o bloque dominante que se planteé el ajuste de cuentas con el pasado porque se lo debe a la sociedad que no dejó de denunciar en muchas formas y momentos distintos, la criminalización en el ejercicio del poder, especialmente, del presidencial.

Jorge Retana Yarto*

*Licenciado en Economía con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional; maestro en administración pública; doctor en gerencia pública y política social. Tiene 25 años como docente de licenciatura y posgrado; exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, del CNI.

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