El anuncio del expresidente Donald Trump de una cena privada para los principales poseedores de la moneda meme $TRUMP ha provocado indignación y ha suscitado serias preocupaciones éticas. El evento, que incluye un recorrido por la Casa Blanca para los 25 principales inversores, es visto por muchos como un intento flagrante de sacar provecho de la presidencia, incluso superando los miles de conflictos de interés documentados durante su primer mandato.
El esquema es notablemente descarado. Cuantos más tokens $TRUMP compre una persona, mayor será su posibilidad de obtener acceso exclusivo a Trump. Esto beneficia directamente a Trump financieramente de varias maneras: una entidad empresarial vinculada a él posee una parte significativa de las monedas, beneficiándose de los aumentos de precio; él y sus socios también cobran comisiones en las transacciones, obteniendo según informes casi 100 millones de dólares poco después del lanzamiento de la moneda. Además, es probable que la cena se celebre en una de sus propias propiedades, generando ingresos adicionales.
El precio de $TRUMP subió más del 50% tras el anuncio de la cena, lo que pone de manifiesto el vínculo directo entre la inversión y el acceso. La opacidad del proceso de compra es profundamente preocupante. La falta de transparencia en torno a las transacciones de criptomonedas significa que los gobiernos extranjeros o los intereses especiales podrían estar comprando monedas para influir en las decisiones presidenciales sin conocimiento público, lo que podría violar las Cláusulas de Emolumentos de la Constitución. Ni la Casa Blanca ni la empresa que está detrás de la moneda meme han respondido a las solicitudes de comentarios.
Esta situación recuerda la controversia en torno al intento de Trump de organizar la cumbre del G7 en su resort Doral en 2019, que fue recibida con una condena generalizada y finalmente revertida. La situación actual es posiblemente aún más grave, ya que vincula directamente las ganancias financieras con el acceso al cargo más alto del país. Si bien las leyes de ética existentes y las Cláusulas de Emolumentos ofrecen un recurso limitado, la audacia del esquema exige la indignación y la acción pública.
El contraste entre este fastuoso evento para inversores ricos y las posibles consecuencias para los estadounidenses comunes es evidente. Los recortes presupuestarios de la administración de Trump han provocado la pérdida de decenas de miles de empleos de funcionarios públicos, y sus políticas arancelarias contribuyen a la amenaza inminente de una recesión. Este desprecio flagrante por el bien público, junto con el enriquecimiento personal descarado, subraya un patrón preocupante de corrupción que no puede normalizarse. La situación exige atención inmediata y una respuesta contundente para evitar que tales acciones se conviertan en algo común.
Tomado de https://feeds.nbcnews.com/msnbc/public/news
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