Qué supone la orden de arresto de la Corte Internacional contra Netanyahu y su exministro de Defensa

Es la primera vez en la historia que la Corte Penal Internacional (CPI) emite órdenes de arresto contra un primer ministro israelí, tras la solicitud presentada en mayo por el fiscal jefe de dicho organismo, Karim Khan.

Las presiones a la Corte Penal Internacional

Han transcurrido seis meses desde aquella petición,
durante los cuales la propia oficina del fiscal jefe ha denunciado
presiones y amenazas: “’Esta Corte fue construida para África y para
matones como Putin’, me dijo un destacado dirigente. Nosotros no lo
vemos así. Este Tribunal es legado de Núremberg, esta Corte debería ser
el triunfo de la ley sobre el poder y la fuerza bruta. No vamos a ser
disuadidos por amenazas”, contó el propio fiscal Khan en mayo, en la CNN.

Ahora, a pesar de las presiones, la Corte señala que hay motivos
razonables para considerar a Netanyahu y Gallant responsables de
crímenes de guerra y de lesa humanidad, como “inanición como método de
guerra”, “asesinato, persecución y otros actos inhumanos” contra la
población de Gaza. Los tres jueces del panel que ha adoptado esta
decisión consideran que Netanyahu y Gallant “privaron de modo intencionado y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia”.

Desde hace años Israel ha estado vigilando a altos funcionarios
de la Corte y a trabajadores de derechos humanos palestinos, “como parte
de una operación secreta para frustrar la investigación sobre presuntos
crímenes de guerra”, según desveló el pasado mes de mayo la publicación israelí +972 Magazine.

De qué depende el cumplimiento de la orden

El ex fiscal jefe fundador de la Corte Penal, Luis Moreno Ocampo
-en el cargo entre 2003 y 2012- contó recientemente, en una entrevista
en elDiario.es, que Estados Unidos le pidió cerrar la investigación preliminar sobre Palestina en varias ocasiones, algo que detalla en su reciente libro.

Este jueves, en conversación con este medio, Moreno Ocampo
subrayaba que estas órdenes de arresto “limitarán a Netanyahu, no va a
poder viajar a 124 Estados”, en referencia a los países que forman parte
del Estatuto de Roma.

La Corte no cuenta con policía propia ni con otros mecanismos
para el cumplimiento, pero la importancia de estas órdenes es notable.
Nunca antes se habían emitido mandatos de detención contra líderes
israelíes.

“Hay una Corte Internacional existente que dictamina que Israel
está cometiendo un crimen. Acá el tema central es qué hacemos con esa
información, qué pasa con los demás líderes del mundo, qué van a hacer
Trump, Biden, Alemania, España, etc”, señala Moreno Ocampo a este diario.

“Donald Trump ya sancionó a Fatu Bensouda [exfiscal jefe del
Tribunal cuando Trump era presidente] como si fuera una terrorista por
investigar a EEUU, ¿España y otros países van a dejar que pase eso? Este
es el tema central. No es cuándo lo arrestan, sino cómo reacciona el
mundo cuando el Tribunal Penal Internacional dice que esto que está
haciendo Netanyahu es un crimen”, añade el exfiscal jefe fundador de
esta Corte.

Reed Brody, abogado
estadounidense especializado en derechos humanos -con un papel
importante en los juicios contra los exdictadores de Chad o de Haití,
Habré y Duvalier- indica a elDiario.es que “estas órdenes refuerzan el
creciente consenso internacional en torno a la naturaleza criminal de la
guerra de Israel contra el pueblo de Gaza”.

“Suponen que el mundo de Netanyahu y Gallant se limita ahora a
los países que no han ratificado el Tratado de la Corte Penal
Internacional”, añade.

El profesor en Princeton y exdirector de Human Rights Watch,
Keneth Roth, lo expone así: “Los países miembros de la CPI están
obligados a detener a Netanyahu y Gallant si se atreven a poner un pie
en su territorio. De repente, el mundo se ha vuelto mucho más pequeño
para estos dos altos mandatarios israelíes”.

El doble rasero y los obstáculos

En Israel, tanto los partidos que integran el Gobierno como los
de la mayoría de la oposición han criticado duramente las órdenes de
arresto de la CPI. “La decisión antisemita de la Corte Internacional de
La Haya es un moderno juicio Dreyfus y terminará de la misma manera”, afirmó el primer ministro Netanyahu en la noche de este jueves.

Además de Israel, otros cinco países han criticado el anuncio
del tribunal: Austria, República Checa, Estados Unidos, la Argentina de
Milei y la Hungría de Orbán.

Washington defiende una la ley internacional de quita y pon, aplicada solo para sus adversarios, y no reconoce la jurisdicción de la Corte en el caso israelí. Así lo ha vuelto a resaltar este jueves el Gobierno estadounidense, a través de varios portavoces y del propio Biden, quien ha tachado de “escandalosa” la orden de la CPI.

El pasado 30 de abril el portavoz del Secretario de Estado de EEUU afirmó
que Washington no cree que esta Corte Internacional “tenga jurisdicción
sobre este asunto”, pero que sí trabaja “en estrecha colaboración con
dicha Corte en una serie de áreas claves: Ucrania, Sudán, Darfur”.
Estados Unidos acogió con celebración la orden de arresto contra
Vladimir Putin en marzo de 2023.

Las presiones y este doble rasero afectan a la credibilidad de
Washington en el escenario global y generan preocupación ante los
intentos de debilitar la imagen de la Corte Penal. El mundo presencia un
pulso entre la defensa del derecho internacional y el ataque de EEUU al
papel de los tribunales de La Haya.

Ya en mayo, cuando el fiscal jefe de la Corte Penal
Internacional solicitó estas órdenes de detención, el presidente Joe
Biden calificó de “indignante” esa petición, y el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, planteó la posibilidad de sancionar al Tribunal de la Haya.

Michael Waltz, futuro asesor de Trump en Seguridad Nacional,
anunció este jueves “una fuerte respuesta en enero [cuando Trump asuma
la presidencia] al sesgo antisemita de la Corte Penal Internacional y de
Naciones Unidas”, en referencia a posibles sanciones contra ese
tribunal.

Además de las medidas contra Netanyahu y Gallant, la CPI también
ha emitido una orden contra el comandante de Hamás Mohammed Diab
Ibrahim Al-Masri, conocido como Deif, cuya muerte fue anunciada por Tel
Aviv pero no ha podido ser comprobada por el tribunal. La solicitud de
órdenes de arresto contra otros dos líderes de Hamás, Ismail Haniya y
Yahia Sinwar, no ha prosperado, porque ambos fueron asesinados por el
Ejército israelí.

El abogado Joan Garcés,
impulsor del juicio contra el dictador chileno Augusto Pinochet,
explica a este diario que los 124 países que han ratificado el Estatuto de Roma
tienen el deber de cumplir la orden del Tribunal si el primer ministro
israelí o su exministro de Defensa pisan el territorio de alguno de
ellos.

A su vez, Garcés reconoce las dificultades de la aplicación
“frente a presuntos infractores que controlan los recursos de un Estado,
que desafían la credibilidad de los tribunales nacionales e
internacionales,”.

En sus veintidós años de existencia -con órdenes de arresto
contra 59 personas-, la Corte Penal Internacional nunca había acusado a
un líder aliado de la comunidad occidental. “De hecho, ningún tribunal
internacional lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Es un hito en
la historia de la justicia internacional, tan inédito como justificado y
tardío”, señala Reed Brody.

Con ello, el abogado hace referencia al uso de los instrumentos
de la justicia internacional usados casi exclusivamente “para abordar
crímenes de enemigos derrotados, como en los tribunales de Núremberg y
Tokio, parias sin poder, especialmente de África, u opositores a
Occidente como Putin o Milošević.”

En conversación con elDiario.es, la abogada
especializada en derecho internacional Almudena Bernabeu, destaca la
importancia “de la legitimidad de la Corte Internacional” y señala que,
“para ejercer la jurisdicción del Tribunal, no hace falta ni la
autorización, ni el permiso, ni el visto bueno de Israel”.

Los dos tribunales de La Haya están dando herramientas a los
Estados de la ONU para que apliquen el derecho internacional, en un
momento en el que el Comité Especial de Naciones Unidas acaba de
concluir que los métodos de Israel en Gaza son compatibles con las
características de genocidio.

Las órdenes de arresto de la CPI refuerzan a su vez el marco de
la otra Corte Internacional, la de Justicia, que en enero ordenó a
Israel que no bloqueara la entrada a Gaza de la ayuda humanitaria
necesaria, algo que Tel Aviv ha incumplido, como confirman ahora los
jueces de la Corte Penal.

Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, destacan
que las órdenes de arresto de la Corte de La Haya representan “un
avance histórico para la justicia y deben señalar el comienzo del fin de
la impunidad persistente y generalizada que está en el corazón de la
crisis de derechos humanos en Israel y el territorio palestino ocupado”.

A última hora de este jueves, el propio fiscal jefe de la Corte Internacional, Karim Khan, emitió un comunicado
en el que anuncia que su oficina está impulsando “líneas de
investigación adicionales en zonas bajo la jurisdicción del Tribunal,
que incluyen Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este”, territorios todos
ellos afectados por la ocupación ilegal israelí.

“He subrayado que la ley existe para todos, que su función es
reivindicar los derechos de todas las personas”, resalta Khan en su
declaración, en línea con su postura de estos meses de atrás. “Nadie
está por encima de la ley, ningún pueblo”, señalaba en mayo.

El pasado mes de julio el máximo tribunal de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, emitió un dictamen en el que resalta el carácter ilegal de la ocupación de esos territorios y en el que pide a los Estados miembros de la ONU la suspensión del comercio e inversiones que puedan contribuir de algún modo a esa ocupación.

Al hilo de ese dictamen, la Asamblea General de Naciones Unidas
aprobó en septiembre -por 124 votos a favor, incluido el de España- una resolución
que exige el fin de la ocupación ilegal israelí en un plazo de doce
meses y pide el fin del comercio o las inversiones que puedan contribuir
a la misma.

Desde octubre de 2023 más de 44.000 palestinos han muerto en Gaza por ataques israelíes, según cifras aportadas por las autoridades sanitarias. Israel está aplicando una operación de expulsión contra el norte de la Franja, forzando nuevos desplazamientos y bombardeando espacios donde se cobijan las personas refugiadas. Además, el bloqueo a la entrada de la ayuda necesaria ha provocado hambre y enfermedades que están causando un número indeterminado de muertes.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacional/supone-orden-arresto-corte-internacional-netanyahu-exministro-defensa_129_11841329.html