8M en Sonora: de los tendederos de acoso a los retos institucionales

Por Fátima Parra y Mary Montijo

Nombres escritos en cartulinas, testimonios anónimos colgados en tendederos improvisados y estudiantes reunidas en los pasillos de la Universidad de Sonora marcaron en 2017 un parteaguas para el movimiento feminista en el estado. Lo que comenzó como una acción colectiva de denuncia contra el acoso en espacios universitarios detonó una mayor visibilización de las violencias hacia las mujeres y abrió paso a cambios institucionales que hoy forman parte del marco normativo estatal.

Gabriela Herrera, directora de Jurídicas Feministas, recordó que fueron estudiantes de distintas escuelas, entre ellas Historia, Sociología y Derecho, quienes comenzaron a hacer públicas denuncias de acoso y violencia de género a través de redes sociales y dinámicas colectivas dentro del campus, en un contexto donde no existían protocolos para atender estos casos.

“Comenzamos en 2017 haciendo visibles las violencias y denunciando en comunidad, a través de redes sociales, tendederos y marchas; a partir de ahí se lograron protocolos y reformas que hoy están institucionalizadas”, expresó.

Del aula, el movimiento se trasladó a las calles. Con el paso de los años, las colectivas ampliaron su presencia en el espacio público mediante marchas, especialmente en 2020 y 2021, en medio de un escenario marcado por altos índices de violencia feminicida. Fueron momentos de tensión impulsados por la indignación ante la falta de justicia.

Avances legales y mecanismos de justicia

En el ámbito legislativo, el movimiento ha impulsado reformas importantes. Entre ellas, la implementación de la Ley Olimpia en Sonora, que tipifica la violencia digital como delito; así como la Ley 3 de 3, que impide que personas con antecedentes de violencia familiar, violencia sexual o adeudos de pensión alimenticia accedan a cargos públicos.

Herrera subrayó que en Sonora el 40 por ciento de los hogares son encabezados por mujeres, lo que refleja, en muchos casos, la ausencia de los padres en las responsabilidades económicas y de cuidado. En ese sentido, consideró que los avances normativos representan un mecanismo de justicia para mujeres e infancias.

Desde su organización, explicó, se brinda asesoría y acompañamiento legal a mujeres en situación de violencia. El primer contacto se realiza a través de redes sociales o vía WhatsApp, donde se agenda una cita para recibir orientación jurídica especializada.

“La mayoría de nuestros casos son pensión alimenticia, violencia familiar y abuso sexual infantil; detrás de cada asunto casi siempre hay múltiples violencias que requieren un acompañamiento integral”, señaló.

Detrás de cada expediente, agregó, hay historias de mujeres que llegan con miedo e incertidumbre y, en muchos casos, con hijas e hijos que dependen de una resolución judicial para garantizar su sustento y seguridad.

En materia de pensión alimenticia, indicó que actualmente la ley permite fijar una pensión provisional incluso antes de notificar formalmente al deudor, garantizando así que niñas y niños reciban un apoyo económico mientras se desarrolla el proceso legal.

Tres décadas de activismo

Mucho antes de los tendederos universitarios, otras mujeres ya se organizaban en Sonora.

Marcia Contreras, activista con más de 30 años en la lucha feminista, inició su camino a principios de los años noventa, cuando trabajaba en comunidades tras egresar como química bióloga en alimentos. Lo que comenzó como un proyecto enfocado en desnutrición infantil pronto reveló una problemática estructural más profunda.

“A partir de ahí yo me di cuenta de que la desnutrición no solamente era la ausencia de alimentos en el cuerpo, en la vida de las familias, de las niñas y niños, sino también el asunto de falta de vivienda, de servicios básicos”, compartió.

Las historias de madres solteras, niñas y adolescentes marcadas por la exclusión la llevaron a vincular la nutrición con los derechos de las mujeres.

Durante esos años también conoció las actividades del 8 de marzo, espacios de análisis y reflexión donde comenzó a cuestionar la maternidad obligada y los estereotipos que pesan sobre las mujeres.

“El 8 de marzo también se institucionalizó porque era y debe seguir siendo como un movimiento de mujeres como parte del feminismo, entonces eso también ha servido para visibilizar este espacio”, mencionó.

En 1998 participó en la organización de una marcha en Hermosillo que reunió a cerca de mil 500 mujeres para exigir presupuesto y políticas públicas. Con el tiempo, lo que inició como educación nutricional se convirtió en defensa de derechos. Según sus propias palabras, se transformó “de química a química social”.

Hoy sostiene que el 8M no debe perder su esencia de movimiento social, porque mientras haya desigualdad y violencia, las mujeres seguirán organizándose.

La respuesta institucional

Desde 2021, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de Sonora reporta 360 mil 493 acciones para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Durante la actual administración se han brindado 51 mil 004 atenciones psicológicas, 44 mil 977 gestiones sociales y 31 mil 696 asesorías legales, lo que suma 133 mil 677 atenciones integrales. Además, 226 mil 816 personas han sido sensibilizadas en temas como violencia de género, igualdad sustantiva y masculinidades.

Entre los principales avances destacan la elevación de Instituto a Secretaría, la creación de la primera Defensoría de las Mujeres y la puesta en marcha de 19 Centros LIBRE, así como la emisión de un Protocolo contra la violencia en el espacio digital y programas orientados a la capacitación y autonomía económica.

La agenda pendiente

Colectivas feministas convocaron a la marcha del 8 de marzo en Hermosillo, que iniciará a las 16:30 horas desde las escalinatas del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, con destino al Congreso del Estado y Palacio de Gobierno.

Rafaella Fontanot Ochoa, integrante de Observatoria Ciudadana Todas MX, informó que el objetivo principal es visibilizar los pendientes en materia de derechos de las mujeres en la entidad, particularmente la despenalización del aborto, al señalar que Sonora es el único estado del noroeste del país donde aún no se ha armonizado la legislación en este tema.

“La principal demanda es la despenalización del aborto en Sonora. Es una armonización que queda pendiente después de muchos años de trabajo del movimiento feminista. La autonomía de las mujeres es un derecho necesario para que exista igualdad de oportunidades”, expresó.

Indicó que al frente del contingente marcharán madres, hermanas e hijas que buscan justicia en casos de feminicidio; detrás, miles de mujeres de distintas generaciones volverán a tomar las calles de Hermosillo.

Las cifras que contextualizan

En México residen 67 millones de mujeres, el 51.7 por ciento de la población, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La edad mediana es de 33 años.

Las brechas persisten en educación y acceso a derechos, especialmente entre mujeres con discapacidad, hablantes de lengua indígena o en condiciones de mayor vulnerabilidad. En el ámbito económico, 46.3 por ciento de las mujeres de 15 años y más forman parte de la población económicamente activa.

Aunque la participación femenina ha crecido en distintos sectores, las desigualdades estructurales continúan marcando la agenda en el marco del 8 de marzo.

Desde los tendederos universitarios hasta las reformas legales y las marchas multitudinarias, el movimiento feminista en Sonora ha transitado de la denuncia a la incidencia pública. Los avances conviven con desafíos en justicia y atención, y mientras persistan desigualdades estructurales, el 8 de marzo continuará marcando la agenda pública en la entidad.

Tomado de http://radiosonora.com.mx/feed